Si bien los informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) generaron la apertura de la causa judicial donde se investigan 80 usinas de facturación apócrifa, hasta hace pocos días el organismo no era parte en la pesquisa. A solicitud de abogados de la Dirección Jurídica del organismo, el juez Federal N.º 1, Ricardo Bustos Fierro, resolvió incorporar a Afip como parte en el expediente. Se sumó así a la Unidad de Información Financiera (UIF) que también había pedido y fue admitida para participar de la investigación judicial.
Se trata del expediente que se tramita en las Fiscalías Federales Nº 1 y Nº 3 de Córdoba, bajo el título ‘Vieyra Ferreyra Diego y otros, sobre alteración dolosa de registros’. Por conexidad, se añadió también el que estuvo radicado en el Juzgado Federal de San Francisco (causa ‘Pizzi’) y por decisión de la Cámara Federal terminó en el tribunal de Bustos Fierro. La investigación se centra en la existencia de usinas de facturas apócrifas que se vendían para que contribuyentes declararan ante Afip gastos y créditos fiscales inexistentes, con el fin de evadir IVA y Ganancias.
Es considerada una megacausa porque hasta el momento se detectaron 19.000 facturas apoc por más de $1.700 millones y alrededor de 600 contribuyentes -entre los que hay empresas y personas físicas- que las utilizaron. Las usinas de comprobantes apócrifos detectados en la causa son 80 y se estimó el crédito fiscal falso en unos $250 millones.
PERFIL CÓRDOBA accedió al listado de los usuarios. Es el ranking de las primeras 50 empresas y personas físicas donde se localizaron las facturas truchas. En ese lote, hay imputaciones para los primeros 10 contribuyentes que “son los que superaron el límite del criterio objetivo de punibilidad que establece la ley penal tributaria”, confirmó a este medio una fuente de la fiscalía que conduce Senestrari. Es decir, solo se considera que hay delito cuando la suma de la evasión supera el $1,5 millón.
Es el caso de las empresas Corphone SA, HC3 Global Research Group SA, Softkey SA, Corebi SA, entre otras. El resto continúa bajo fiscalización de Afip. La pata pública. Hay otra cuestión a tener presente.
Aparecen dos entes públicos: la Comunidad Regional Colón y la Municipalidad de Saldán. Los entes públicos están exentos del tributo al IVA, pero se considera que si tienen facturas truchas en sus balances, existen salidas no documentadas y se aplica la calificación legal de defraudación. Es por esta razón que el intendente de Saldán, Cayetano Canto, fue imputado por ese delito por su doble función de jefe comunal y presidente del ente regional. En las dos entidades se encontraron facturas apoc. En la misma situación está Daniel Salibi (intendente de Mendiolaza) por ser secretario de la Comunidad.
GERENTA DE UN INSTITUTO CON FACTURAS APOC ESPERA JUICIO EN LA JUSTICIA PROVINCIAL
Además de los entes públicos ya mencionados (Comunidad Regional Colón y el Municipio de Saldán) en el listado de contribuyentes con facturación apoc incorporado al expediente figura el Instituto de Educación Superior SAS. En la documentación de Afip, el monto facturado es superior a los $9,1 millones. Es considerado un ente semipúblico y, por ende, tributa la mitad del 21% imponible a cualquier otro contribuyente.
En la red LinkedIn, Andrea Huespe se presenta como socia gerente y administradora del Instituto de Educación Superior SAS con sede en Jesús María. No está imputada en el expediente federal por facturación apócrifa porque la cifra detectada de presunta evasión no supera $1,5 millones, que es el límite a partir del cual se considera que se produce el delito.
Pero la mujer, de profesión contadora, está a las puertas de un juicio oral en la Justicia provincial, acusada de presunta defraudación en perjuicio de la Cooperativa de Consumo, Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes. Vieja maña. La maniobra que se desenmascaró en tribunales provinciales es prácticamente idéntica.
En 2016, la auditora externa de la cooperativa, Silvina Claudia Facchín, fue condenada en un juicio abreviado a tres años de prisión al confesar y reconocer su culpa. Se probó que usaron facturas apócrifas para defraudar a la cooperativa. El resto de los imputados espera el juicio. Entre ellos está la contadora Andrea Huespe, expresidenta de la cooperativa damnificada.
La audiencia está en preparación y se realizará el año próximo, en fecha a determinar, en la Cámara 4° del Crimen con jurados populares. El expediente se unificó a otro donde está acusado el exintendente de Deán Funes, Alejandro Teijeiro, y algunos funcionarios. El tribunal no resolvió si ambas causas se juzgarán en la misma o diferente audiencia.
