C. Nino entendía que la principal causa del subdesarrollo argentino es la falta de seguimiento de normas en búsqueda de un beneficio individual y egoísta que termina perjudicando a toda la sociedad, incluido el propio incumplidor. Por ejemplo, en materia recaudatoria la evasión genera un Estado con pocos recursos incapaz de hacer frente a las necesidades de la población.
El término era conceptualizado como anomia boba, y “…alude a la inobservancia de normas que producen cierta disfuncionalidad en la sociedad, de acuerdo con ciertos objetivos, intereses y preferencias”.
Sin embargo, se trata de todo lo contrario. La agenda recaudatoria del gobierno desincentiva la producción y el cumplimiento de la ley. El número excesivo de regulaciones (entre leyes, decretos, reglamentaciones, etc.), son imposible de conocer generando, a su vez, contradicciones en un sistema legal que se torna oscuro.
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La sobre regulación colabora con el aumento de burocracia y de costos innecesarios. Ante este hecho, la informalidad es la respuesta de la sociedad pero no por una predisposición cultural “ventajista” sino por un orden de prioridad.
Los costos de la formalidad de abrir un comercio y de permanencia dentro de la ley, los costos tributarios donde el gobierno extrae hasta el 60% de determinados productos, más los costos legales no tributarios (gastos administrativos, tasas, etc.) y laborales (cargas sociales y sindicales equivalen a más de la mitad del salario de un empleado), implican que muchos individuos deban optar entre abrir un comercio informal o renunciar a sus aspiraciones básicas de supervivencia.
En otras palabras, el exceso normativo y burocrático y el voraz sistema recaudatorio hacen que cualquier actividad se vuelva poco rentable funcionando como un sistema de desincentivos. Por ejemplo, el economista Gustavo Lazzari detalló la necesidad de 26 permisos para transportar bondiola de cerdo, sin contar los “permisos para la producción” (los cuales serían en total más de 120 trámites).
A su vez, los costos son transmitidos al producto final generando un notable perjuicio a los consumidores, es decir a todos nosotros, quienes debemos pagar más por cualquier bien o servicio que se pretenda adquirir en el mercado argentino.
Informalidad no deseada. La informalidad, al contrario de la creencia popular, no es algo deseado. Se suele observar que los “informales” ahorran determinados costos pero no se percatan que las consecuencias son mucho más costosas. Por ejemplo, se restringe el sistema de crédito y la inversión, la posibilidad de comercializar con empresas formales disminuye en virtud de que el sistema contable de una empresa formal necesita el ingreso y egreso de productos y servicios de manera formal. A su vez, durante la cadena de producción el informal deberá asumir costos que traslada una empresa formal cuando contrata con ésta en cualquier eslabón de la cadena de producción-comercialización sin que pueda trasladarlo con posterioridad. Necesariamente deben derivar recursos para no ser descubiertos por la autoridad de contralor, manteniendo estructuras pequeñas y poco visibles lo cual imposibilita el crecimiento. Por otro lado, se encuentran desprotegidos ante las leyes laborales, como también se asumen costos por falta de derechos de propiedad. En otras palabras, los costos de información y transacción son mucho más elevados, por lo cual la informalidad se torna más una necesidad que una “ventaja”.
Las empresas relativamente grandes, que deben operar dentro de la formalidad, pagan más impuestos de lo que sería necesario si no existiera tanta informalidad. Por otra parte, la elusión y evasión tributaria es tan masiva que el Estado se ve obligado a incrementar los costos de persecución, todo lo cual es parte de un sistema ineficiente impuesto a martillazos.
La fatal arrogancia de creer posible la intervención gubernamental regulando cada proceso mercantil y la retórica del Gran Estado omnipresente genera una desconexión entre el gasto público y el verdadero rol del Estado, tornando ineficiente el comercio, donde “protección” significa en realidad “expoliación”, perjudicando la inversión, la producción y el consumo. En consecuencia, el Estado obtiene menos recursos para administrar a causa de su excesiva e ineficiente intervención.
“Cuando la ley y la moral se contradicen, el ciudadano se encuentra ante la cruel alternativa de perder la noción moral o perder el respeto a la ley”. F. Bastiat.
Abogado, Magister en Derecho y Argumentación Jurídica Escribano
