La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió el jueves que tres procesados por las actividades ilícitas de las financieras que funcionaban en el edificio Vistalba, de Laplace 5442, deben continuar el proceso, pero en prisión domiciliaria. Las decisiones alcanzan al matrimonio de Miguel Ángel Azar y María Isabel Valoni, y a Diego Sánchez.
Todas las apelaciones del expediente recaen en la Sala A del Tribunal de Alzada, integrada por los vocales Graciela Montesi, Liliana Navarro e Ignacio Vélez Funes.
En el caso de Sánchez la decisión fue por unanimidad; no así en relación con Azar y Valoni en la que fue por mayoría con los votos de las dos juezas mujeres.
A pesar de que la Cámara resolvió dejar sin efecto lo que había decidido el juez federal Nº 2, Alejandro Sánchez Freytes, el 13 de abril cuando dispuso la excarcelación, el regreso a la condición de detenidos en sus domicilios no se hará efectiva en lo inmediato. Todos los defensores preparan recursos para que las resoluciones sean revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal. Hasta que no queden firmes, no se ejecutarán y los tres continuarán en libertad.
Diego Sánchez está procesado por intermediación financiera no autorizada, asociación ilícita y lavado de activos. La Cámara ponderó que, a pesar de que la investigación está avanzada, aún continúa en desarrollo y se incorporaron nuevos hechos a las imputaciones iniciales. Ese aspecto, sumado a las conexiones que tiene Sánchez en el país y afuera, lo colocan en riesgo procesal y por esa razón no debería haber sido liberado.
En cuanto al exjuez provincial Miguel Ángel Azar y su esposa, María Isabel Valoni, el tribunal confirmó recientemente sus procesamientos por lavado de activos y asociación ilícita y dictó falta de mérito por intermediación financiera.
Atendiendo a que el mínimo de la pena que podría caberles en caso de condena es de cumplimiento condicional, sumado a su arraigo, el juez Vélez Funes disintió con sus pares y consideró que debían permanecer en libertad. Sus colegas, Navarro y Montesi, opinaron diferente. Advirtieron que podrían incurrir en riesgo procesal y decidieron que vuelvan a prisión domiciliaria. Recordaron que, luego de que estalló el caso y se desplegó la investigación, Azar disolvió una firma comercial en los Estados Unidos que habría servido para consumar la operatoria, que es investigada como se desprende de los registros de ‘Florida Department of State División of Corporations Electronic Filing Cover Sheet’.
Tiempo atrás, la Cámara Federal ya había decidido lo mismo respecto a la exesposa de Martín Azar, Agustina Cherro de Miguel. Su abogado defensor, Tristán Gavier, interpuso un recurso de casación y otro extraordinario.
Pendiente. Por ser el último planteo presentado, la Cámara Federal todavía no decidió sobre la excarcelación de Martín Azar quien, junto a Sánchez, está procesado como cabeza de la operatoria presuntamente ilegal de la financiera. Se espera para los próximos días un pronunciamiento sobre la excarcelación que le concedió el juez Sánchez Freytes y apeló en duros términos el fiscal federal, Carlos Casas Nóblega.
En diciembre, con diferencia de días entre unos y otros, el juez Sánchez Freytes resolvió que los detenidos por las financieras mantuvieran la misma condición, pero pasaran de Bouwer a sus domicilios. Tuvo en cuenta el contexto de pandemia, la edad de las personas mayores y el hecho de que Cherro era madre de un menor de edad.
Entre marzo y abril, finalmente ordenó las excarcelaciones de todos los detenidos quienes recuperaron la libertad. La semana pasada, la Cámara Federal de Córdoba resolvió en contra de lo dispuesto por el magistrado.
La casación al máximo tribunal penal del país insumirá un tiempo más. Mientras tanto, seguirán en libertad.
