El lunes pasado, el Procurador General de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, realizó un enroque en el cuerpo de fiscales federales de Córdoba. Lo hizo al suspender tres resoluciones que él mismo había firmado a fines de febrero cuando aceptó las renuncias de Gustavo Vidal Lascano, Graciela López de Filoñuk y Alberto Lozada y, en el mismo acto, los convocó como jubilados para seguir en sus cargos.
En los lugares de Vidal Lascano y Lozada puso a Carlos Casas Nóblega. Y en el de López de Filoñuk a Maximiliano Hairabedián (fiscal ante el Tribunal Oral Federal 1) para las causas comunes. Además, sumó como coadyuvante a Facundo Trotta para causas de lesa humanidad y, en la misma calidad, a Enrique Senestrari y Carlos Gonella, para expedientes derivados de la cuarentena por la emergencia sanitaria.
De esta manera, se ocuparon todos los puestos.
La decisión de Casal, a contrapelo de su convicción, ocurrió por la evidente incomodidad en que trabajaban los fiscales jubilados a quienes los jueces -a decir de Casas Nóblega- ni siquiera les facilitaban los expedientes.
En primera instancia, un fallo del juez Hugo Vaca Narvaja los hizo cesar en sus funciones como fiscales subrogantes al considerar que el presidente Alberto Fernández les había aceptado sus renuncias y ya eran jubilados, sin posibilidad de ser convocados nuevamente. La Cámara, luego, confirmó esa decisión.
El miércoles pasado, Carlos Casas Nóblega, tomó posesión de la oficina del piso 12 en Tribunales Federales como fiscal general subrogante ante ese tribunal y allí recibió a PERFIL CORDOBA, horas antes de presentar la casación al fallo de la Cámara.
—¿Con qué argumentos van a Casación?
—Hay una cuestión de gravedad institucional. Y, fundamentalmente, el respeto al artículo 120 de la Constitución Nacional referido a la independencia del Ministerio Público Fiscal (MPF). También defendemos la capacidad que tiene el Procurador para tomar las decisiones que tomó.
—¿Son los mismos pilares argumentales que ya resolvió la Cámara?
—Sí. No hay nada nuevo. De hecho, consideramos que la Cámara no trató los argumentos que oportunamente dimos en el informe. Creemos que han sido discordantes los argumentos de los jueces en cada una de las salas. Para una resolución tiene que haber concordancia de los argumentos. No fueron concordantes sino discordantes. Nuestra posición no ha sido atendida hasta ahora.
—El Procurador consideró que fue correcto y legal convocar a los fiscales, ¿Por qué suspendió su decisión?
—Es un acto de gran envergadura institucional para atender a la situación que se está viviendo en Córdoba, sin perjuicio de que fue muy claro al decir que no está de acuerdo con lo que decidieron los jueces. Por ello, para una efectiva prestación de justicia del Ministerio Público Fiscal (MPF), decidió suspender a los fiscales convocados, no revocarlos sino suspenderlos.
—Es difícil volver atrás después de suspender una resolución propia…
—Confiamos en que el tribunal de alzada modificará la decisión de la Cámara por la fuerza de los argumentos. Las convocatorias, tanto de jueces y defensores como de fiscales, vienen desarrollándose desde hace 20 años, por lo menos. El Procurador les aceptó las renuncias y luego el Presidente de la Nación las da por aceptadas, pero con efectos al día en que el Procurador lo hizo. Esa es la posición que sostenemos.
—Renunciaron pero no se fueron, ¿No cree que así se genera un equívoco, como lo sostuvo la presidenta de la Cámara Federal, máxime con un nuevo régimen jubilatorio por el cual pierden el estado judicial si se jubilan?
—No. Nadie está discutiendo el nuevo régimen jubilatorio absolutamente legal y corresponde para quienes se jubilaron con posterioridad al dictado de esa ley. Nuestra posición es que los fiscales jubilados estaban conforme a la ley anterior. Ellos pudieron ser convocados válidamente. Es el temperamento que adoptó en este caso y en muchos otros casos en el resto del país, el Procurador General de la Nación.
—En febrero, cuando el Procurador los convocó dijo que lo hacía para no dejar las fiscalías sin fiscales. El movimiento de piezas que hizo el lunes pasado demostró que sí hay magistrados para cubrir esos cargos. No se desmantelaron las fiscalías. ¿Esto hace caer aquel argumento?
—No se cae porque son dos cosas distintas. Una, es defender las convocatorias del Procurador en uso de sus atribuciones conferidas y otra cosa distinta es lo que tuvo que resolver en base a los fallos de los jueces en la ciudad de Córdoba. Aparte, el Procurador toma en cuenta un dictamen de la asesoría jurídica de la Procuración, que estableció que debían suspenderse a los fiscales convocados. La resolución se suspende, no se revoca. Los fiscales convocados pueden volver a sus lugares de trabajo, Maximiliano Hairabedián y yo hemos tenido un criterio muy abierto con los fiscales convocados y les dijimos que en una decisión ulterior pueden volver a sus despachos si el Procurador así lo decide.
—Insisto, el argumento original se cae…
—Son todas decisiones respetables del Procurador. Además, las tomó en base a lo que decidieron los jueces de Córdoba y la situación que estaban viviendo los fiscales convocados. No eran atendidos por los jueces. No les corrían las vistas a ellos, no les prestaban los expedientes: funcionalmente era un problema.
—Hay otro tema: la doctora López de Filoñuk excedió los 75 años y fue convocada siendo que no tuvo acuerdo del Senado. ¿Qué argumentos sostienen este tema?
—Es otra potestad que tiene el Procurador. La doctora López de Filoñuk no fue intimada por el Procurador, no fue solicitado el nuevo acuerdo.
—¿No cree que es una gran omisión?
—No me corresponde evaluar si el Procurador la intimó o no. Entiendo que debería habérsela intimado a la renovación, como corresponde a cualquier magistrado de la República. Llegados a los 75 años, personalmente opino que deberían solicitar un nuevo acuerdo, a fin de continuar en sus funciones. Pero eso es resorte exclusivo de quien es la cabeza del MPF.
—La Cámara advirtió que este aspecto podría haber generado nulidades de su actuación.
—Eso ahora está subsanado con la suspensión.
PERFIL
Carlos Casas Nóblega (44 años) es hijo de María Cristina Hernández y de Carlos Casas Nóblega, exdefensor oficial. Dice que en su tronco familiar convergen peronistas y radicales. Su abuelo paterno, Armando, fue gobernador de Catamarca por el peronismo. Y es también sobrino del destacado constitucionalista y dirigente radical Antonio María Hernández.
A los 19 años comenzó su carrera en la Secretaría Civil de la Cámara Federal, luego pasó a la Penal. Actuó como defensor oficial ad hoc de uno de los acusados por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero.
En 2010 fue defensor oficial del represor Jorge Rafael Videla y en el megajuicio de La Perla lo defendió a Luciano Benjamín Menéndez. Con el alegato en ese proceso (2016) culminó su actividad como defensor. Un concurso lo catapultó a la Justicia Provincial, donde asumió, inmediatamente después, como vocal de la Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores. Allí estuvo poco más de un año.
En octubre de 2017 asumió como fiscal general ante el -aún inexistente- Tribunal Oral Federal 3 (TOF3). Desde la semana pasada ocupa la Fiscalía General ante la Cámara Federal y la Fiscalía Federal 2.
Dice que no le gusta que lo tilden de “oficialista u opositor”. Actualmente milita en la Lista Bordó de la Asociación de Magistrados nacional, a la cual pertenecían los tres fiscales jubilados, uno de cuyos referentes es el juez Ricardo Recondo, un histórico crítico del kirchnerismo.
