La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba atraviesa uno de los momentos de mayor tensión interna a raíz de posiciones aparentemente irreconciliables entre dos sectores: uno, integrado por los vocales Graciela Montesi (presidenta del actual período), Abel Sánchez Torres y Eduardo Ávalos; y el otro por Liliana Navarro, Ignacio Vélez Funes y Luis Rueda.
En su función de superintendencia (designaciones de personal y resoluciones sobre el funcionamiento de los tribunales federales) en los últimos tiempos se han tomado pocas y nulas decisiones por consenso: tres a tres y el desempate de la presidenta Montesi. Así salieron varios de los acuerdos.
Uno de ellos fue referido al ámbito en el cual sigue funcionando la Secretaría de Derechos Humanos que instruye las causas de lesa humanidad y del que PERFIL CORDOBA informó en su edición del domingo pasado.
Ahora, las discrepancias se centran en dos discusiones de trascendencia que siguen pendientes: la elección de las autoridades de la Cámara para el año próximo y la designación de quién ocupará la Secretaría Penal de ese tribunal de alzada.
El miércoles de la semana pasada Montesi convocó a un acuerdo extraordinario para tratarlas. La convocatoria incluyó cuatro puntos: un informe de la presidencia, la designación del secretario, el tratamiento de una nota suscripta por el secretario general del gremio a nivel nacional, Julio Piumatto (Ver ‘El doble voto, cuestionado por el gremio’) y la elección de las autoridades 2020. Tras lograr el quórum se habilitó la audiencia para el acuerdo. Pero finalmente no surgió ninguna resolución y ante la falta de consenso se postergó la discusión que continuará el próximo martes.
Este diario pudo reconstruir lo sucedido la semana pasada, tras recoger varios testimonios.
Elección de secretario. Desde mayo se viene discutiendo el tema. Sin que cedieran posiciones los sectores, se terminó designando a Lorena Castelli con el doble voto de la presidencia. Pero, el nombramiento –surgido con fórceps- no se efectivizó porque Castelli declinó asumir en el cargo. Por esa razón, el debate se retomó el miércoles pasado. Y allí surgieron dos nuevos nombres: Graciela Montesi propuso al abogado Mariano Longobardi, un destacado especialista en Derecho Tributario, quien hasta hace algunos meses se desempeñó en el equipo jurídico de Afip. Desde el ala opuesta, el vocal Ignacio Vélez Funes candidateó al actual prosecretario de la Cámara, Gabriel Álvarez, quien además tiene militancia gremial y es vocal nacional del gremio que conduce Piumatto.
No existiendo consenso para aprobar una u otra nominación, el mismo vocal del grupo disidente a la presidenta puso sobre la mesa una propuesta “superadora”: que el futuro secretario o secretaria penal de la Cámara surja de un concurso de antecedentes y oposición.
En este punto, Vélez Funes es coherente con su pasado porque es uno de los impulsores de este tipo de mecanismos para las designaciones en la justicia federal, muchas de las cuales se siguen haciendo a dedo. Pero también esa moción obtuvo un empate en la votación y Montesi inclinó, finalmente, la balanza por el no.
Presidente o presidenta. Todos los años, a esta altura, con mayor o menor discusión se designan las autoridades del período venidero. Tampoco hubo consenso en esto. Hay dos nombres propuestos: Liliana Navarro, la única vocal que nunca ocupó la presidencia entre los seis camaristas; y Eduardo Ávalos, quien ya ocupó el cargo el año pasado.
Se intentó obtener una definición sobre cómo se avizora el próximo acuerdo del martes sobre el punto. La actual presidenta, Graciela Montesi, se excusó de brindarla al señalar que “son cuestiones que están bajo discusión en el cuerpo” y prometió un diálogo una vez que se haya resuelto el tema.
EL DOBLE VOTO, CUESTIONADO POR EL GREMIO
La Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), encabezada por Julio Piumatto, presentó una nota que también debe ser analizada por la Cámara Federal. Allí cuestionaron la mayoría “automática y artificial” -según explicó Gabriel Álvarez, vocal nacional y prosecretario de la Cámara- que constituyen los jueces Ávalos, Sánchez Torres y Montesi, a partir del doble voto de la presidenta.
Además, Piumatto sostuvo ante este medio que Sánchez Torres o Montesi deberían pedir el pase a un tribunal oral para no evitar integrar cuerpos colegiados y votar en tándem, porque “son pareja”.
A la nota del gremio -reforzada con afiches que empapelaron las paredes de Tribunales- le siguió un comunicado de prensa de la presidenta Graciela Montesi. Rechazó la excesiva utilización del doble voto al indicar que de 192 acuerdos emitidos este año solo se aplicó en seis. “El planteo sobre supuesta relación de convivencia o matrimonio inexistente excede lo legal y lo legítimo, ya que se inmiscuye en la vida privada de las personas desde que ningún vínculo legal ni de convivencia me une con el magistrado a que se alude”, puntualizó en referencia a Sánchez Torres.
QUE DIJO LA CORTE
El debate no es nuevo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya fijó posición sobre el doble voto y el supuesto vínculo afectivo a partir de la presentación que hicieron los vocales Navarro, Vélez Funes y Rueda sobre un acuerdo sobre el que pidieron la nulidad.
El máximo tribunal confirmó el acuerdo cuestionado y dejó sentado que las “recusaciones o excusaciones contenidas en los códigos de procedimientos no son aplicables cuando se trata de facultades de Superintendencia”. En efecto, los temas en los que se manifiestan votaciones idénticas de ambos y el desempate con el doble voto de Montesi, ocurrieron en plenarios convocados para decidir sobre aspectos funcionales de la jurisdicción.
