La elección del Procurador y sistema acusatorio, en el centro del debate

Dos debates de diferente naturaleza pero que convergen en reformas de impacto político en el Poder Judicial, se cruzaron en la última semana. El viernes último, el Senado dio media sanción al proyecto del oficialismo que modifica el sistema de elección del Procurador General de la Nación. El punto de discordia con la oposición es el que establece que será designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, por mayoría absoluta de sus miembros y no con los dos tercios, tal como es en la actualidad. Su remoción, en cambio, será posible solo con la mayoría agravada.

Otros aspectos medulares son: la designación no podrá realizarse en años de elecciones presidenciales y el mandato tendrá una duración de cinco años, con posibilidad de ser renovado una sola vez. La iniciativa, que ahora pasó a Diputados, surgió ante la imposibilidad de alcanzar los dos tercios de los votos para lograr el acuerdo en el Congreso para nombrar Procurador al candidato del Gobierno, el actual juez federal Daniel Rafecas. Las críticas a la modificación trascendieron los círculos políticos para penetrar los ámbitos empresarios.

En Córdoba, la Mesa de la Producción -reúne a representantes de la industria, el agro, las finanzas y los servicios- emitió un comunicado en el que expresa una “profunda preocupación”, al interpretar que la reforma ataca “los principios básicos de la autonomía” del Ministerio Público Fiscal (MPF). “La modificación de la mayoría agravada para la designación y remoción (NdE: esto no está previsto en el proyecto) del Procurador General es manifiestamente anticonstitucional y dejaría librada su elección al Poder Ejecutivo con solo la mayoría de la mitad más uno de los miembros del Senado. Claramente condiciona la independencia y autonomía que previó la Carta Magna, garantía de que actuará libremente y no condicionado por la mayoría gobernante o una sola fuerza política”, advierte el pronunciamiento.

Reforma procesal. Pero la elección del Procurador no es el único tema en discusión. Hay otro, aún más sustancial y demorado, que apunta a un cambio de paradigma y de gestión de la investigación judicial en el fuero federal: se trata de la ley aprobada en 2014, que implementa el sistema acusatorio en la Justicia Federal, como ocurre desde hace varios años en los tribunales provinciales.

A seis años, Córdoba aún no tiene fecha en el cronograma que fijó la Comisión Bicameral de Seguimiento del MPF para su implementación. El martes pasado se realizó un curso de capacitación sobre litigación según el nuevo código, organizado con la Universidad Nacional de Córdoba y la Fundación de la Universidad Siglo 21, del que participó el procurador interino, Eduardo Casal, y el fiscal general, Carlos Gonella, entre otros.

En diálogo con este medio, Gonella remarcó que el cambio implica el camino hacia la despapelización y las audiencias orales, cuando las partes ejerzan sus posturas y el juez resuelva. Desde hace un año, está vigente en Salta y Jujuy. Las próximas serán Mendoza y Santa Fe, mientras que Córdoba no tiene fecha. “Es un cambio cultural -explicó Gonella- hay que desprenderse del expediente en papel como concepto burocrático y acostumbrarse a la oralidad, transparencia, discusión y la inmediata resolución”.

El nuevo Código Procesal implica la ruptura de la lógica de jueces organizando audiencias, porque habrá una oficina judicial que las ordenará y los jueces solo tendrán que ocuparse de ingresar y decidir. También a los fiscales les exigirá modificaciones, dotación de recursos y personal, y equipos especializados. “Esta es la reforma procesal donde hay que poner las energías. Lo demás es coyuntura política”, opinó Gonella.