“Creo que esas escenas televisadas, difundidas por diferentes medios o en redes sociales, muestran lo peor, la cara más cruel, sanguinaria e inhumana que puede tener un Estado en general y un sistema penal y penitenciario en particular. No se puede olvidar que los estados han firmado la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 y sus diversos protocolos facultativos, por los cuales se comprometen en el orden del derecho internacional, de los derechos humanos, a seguir lo prescripto en esa normativa, que no está para ser un adorno en el país, sino para ser obedecida y cumplida en cada uno de los pasos propios de la política penal y penitenciaria”.
La respuesta, contundente, fue dada por Iñaki Rivera Beiras, doctor en Derecho, investigador y docente argentino que reside y trabaja en España desde hace más de 30 años y a quien este medio consultó acerca de las imágenes que el gobierno salvadoreño difundió sobre el traslado en dos tandas de 4.000 presuntos pandilleros presos hacia una cárcel de máxima seguridad construida para albergar a unos 40.000 reclusos.
Rivera se desempeña como profesor titular de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona y dirige el Observatori del Sistema Penal i Drets Humans, así como también el Máster Oficial en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-Penal, entre otros institutos y proyectos académicos. El abogado lamentó la exacerbación del mensaje de violencia que las imágenes que han recorrido el mundo generan con su repercusión y sus deplorables derivaciones.
-¿Qué sensación le deja que muchos medios de comunicación o periodistas en países como Argentina reproduzcan esas escenas como si se tratara de una medida “ejemplificadora” o a imitar en el trato a los presos de estas naciones? Hay quienes sugieren ese trato a detenidos como “única manera” de garantizar la seguridad de “la población honesta”, o de “acabar con la delincuencia”, y frases trilladas como esas.
-Semejantes imágenes ponen de relieve lo que claramente puede ser calificado como el sometimiento a penas y a tratos crueles, inhumanos o degradantes, por no subir un escalón más en la violencia institucional hacia la tortura... Sólo con el estadío de recordar la prohibición internacional de que nadie sea sometido a esos tratos crueles, inhumanos o degradantes, ese sistema penitenciario, esa cárcel, esas imágenes, no se sostienen si no es marcando un clarísimo incumplimiento de ese derecho internacional que convierte a ese país en un Estado desobediente de la legalidad internacional. Por lo tanto, puede llegar a ser perseguido e incluso condenado. Imagino que empezarán determinadas acciones internacionales, que tardarán años, como sabemos lamentablemente, pero que pueden acabar, y creo que deberían acabar con la condena de un Estado que practica esos vejámenes a sus presos.
-Más allá de gobiernos o discursos políticos hay comunicadores que se hacen eco de estas imágenes sin inmutarse o hasta sugieren estos vejámenes como parte del precio que los condenados por ciertos crímenes deben pagar…
-La propia difusión periodística convierte a semejante sistema en un auténtico espectáculo; si no, no se entendería el porqué de una difusión mundial como se está haciendo. Quieren hacer un espectáculo y esto aún es un grado más en la agudización y en la banalización de la tortura y el sometimiento a tratos inhumanos o degradantes, y aquí la propia prensa debería de cumplir un papel pedagógico, educativo, en línea contraria, quiero decir a las imágenes puramente de espectáculo que hemos estado viendo… La gente puede tener la sensación de banalizar esto como si fuera una serie de Netflix, pero esto no es ninguna serie, ninguna película, sino que desgraciadamente es la vida real y por lo tanto creo que también esto muestra la cara del peor periodismo, de la peor prensa, que cae en este amarillismo publicitario en lugar de cumplir con un periodismo de investigación de una manera éticamente más aceptable, más seria.
-En sociedades atravesadas por episodios de violencia adjudicados al narcotráfico, a las maras u otros grupos o actores, ¿cómo se contrarresta desde el respeto a las garantías y los derechos humanos un discurso de mano dura o de ojo por ojo que, en el caso de Bukele, elevó su popularidad a niveles sin precedentes?
-Este no puede ser el camino para la lucha contra una delincuencia incluso organizada. Yo entiendo que los estados estén golpeados, las sociedades están alarmadas porque existe esa prensa que inocula el miedo respecto de delitos que seguramente son muy repudiables y causan mucho daño social generalizado, pero la respuesta no puede ser situarse al margen de la legalidad o directamente en contra de la legalidad. Yo haría la pregunta, bastante retórica, sobre qué autoridad tiene un Estado para exigir el cumplimiento de la legalidad a sus ciudadanos si el propio Estado es el que se convierte en delincuente y en criminal al responder al delito con prácticas que están prohibidas por el derecho internacional. Por lo tanto, la ilegalidad no se combate con más ilegalidad. Es la peor pedagogía política, jurídica y periodística que se puede señalar al respecto.
