Una clase de posgrado en la Facultad de Derecho de la UNC derivó en un fuerte cruce institucional entre dos actores clave del ámbito judicial cordobés. La tensión comenzó tras las declaraciones del Fiscal General Adjunto Alejandro Pérez Moreno, quien en el marco académico cuestionó el uso extendido de la figura de la asociación ilícita por parte de fiscales de la provincia.
El primer pronunciamiento llegó de parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que expresó su “profunda preocupación” por los dichos del funcionario. En el comunicado, sostuvieron que esa figura penal es de “grave impacto en la seguridad y estabilidad de nuestra sociedad”, y advirtieron que las críticas pueden debilitar su aplicación.
Si bien reconocieron que las diferencias interpretativas son legítimas en espacios académicos, remarcaron que “tienen una grave connotación cuando quien las objeta es un superior jerárquico” dentro del Ministerio Público Fiscal. Además, reivindicaron la autonomía de los fiscales para actuar “en un marco de absoluta libertad e independencia”.
La respuesta no tardó en llegar
La Asociación de Abogados Penalistas de Córdoba consideró que el comunicado de los magistrados representa “una clara censura hacia la libertad de expresión”. Cuestionaron que se ataque una opinión vertida en un contexto de formación, donde se están formando “los futuros fiscales, jueces y abogados”.
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Los penalistas señalaron que no hubo injerencia institucional ni directiva sobre la actuación de los fiscales, sino que se trató de “un debate jurídico dentro de un marco académico”. Y apuntaron contra lo que describieron como “una defensa corporativa cerrada” por parte de los magistrados.
Finalmente, ratificaron la necesidad de revisar el uso de figuras penales “abiertas o de contornos difusos”, como la asociación ilícita, y llamaron a todos los operadores judiciales a actuar “con responsabilidad” y sin confundir la defensa institucional con la resistencia al pensamiento crítico.
