Una disertación realizada el mes pasado en la Facultad de Derecho y convocada por el gremio de los judiciales federales que encabeza Juan Triputti, se ha convertido en una bomba al interior del Ministerio Público Fiscal de Córdoba (MPF). Podría erosionar la carrera en ese organismo del abogado Alejandro Pérez Moreno, quien fue designado fiscal general adjunto en febrero de este año, hace solo cinco meses.
Es un abogado de larga trayectoria en el Fuero Penal que había sido propuesto por el Poder Ejecutivo provincial actual y tuvo aceptación en la Legislatura de Córdoba. Sus pergaminos lo colocaron, casi de inmediato, en una posible proyección dentro de la cabeza del Ministerio Público Fiscal como sucesor de Juan Manuel Delgado, cuyo mandato como fiscal general culminará en marzo del año próximo. Tiene ascendencia sobre varios fiscales que ponderan su solvencia y experiencia en materia penal.
Delgado, designado por el gobierno de Juan Schiaretti en ese cargo, dice que se irá de la función al concluir el mandato y, si bien sus proyectos de flagrancias y territorialidad fueron respaldados institucionalmente por la gestión Llaryora, no son pocos los críticos que tiene en el gobierno actual.
En las últimas dos décadas de gestiones gubernamentales del peronismo cordobés, las designaciones en la Fiscalía General fueron expresiones de sus diferentes vertientes: delasotismo, schiarettismo y llaryorismo. Curiosamente, el jefe de los fiscales es un cargo a término, a diferencia de los adjuntos, que son vitalicios.
El recambio, que se dará en los primeros meses del 2026, generaron las especulaciones mencionadas: Pérez Moreno, posible candidato a fiscal general de Córdoba.
Pero, en la víspera, dos fiscales de Instrucción elevaron una comunicación a la Fiscalía General, al Tribunal de Ética de magistrados y funcionarios y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Son Enrique Gavier y Juan Pablo Klinger.
La nota señala que en la exposición académica mencionada Pérez Moreno asumió una “conducta reprochable, de gravedad institucional apreciable” y remarcan que sus expresiones se produjeron mientras “ejerce la función de Fiscal General Adjunto de la Provincia de Córdoba”.
Qué dijo Pérez Moreno en la disertación
Dentro del “Curso intensivo II: “Delitos Complejos y Nuevos Escenarios Jurídicos”, el fiscal general adjunto fue convocado a disertar sobre la figura de “Asociación ilícita” junto a los fiscales federales generales, Alberto Lozada y Carlos Gonella. (VER VIDEO)
En su ponencia señaló: “Hemos llegado al absurdo de decir que 10 muchachitos que robaron en moto son una asociación ilícita”. Posiblemente, hizo referencia a la promoción de imputaciones bajo la figura de asociación ilícita a una banda de motochorros en una causa a cargo del fiscal Juan Pablo Klinger.
Comparó ese fenómeno delictivo con lo que sucedió en Italia en el siglo pasado con la ´Camorra´, donde nunca se llegaba a perseguir judicialmente a los capomafia. De ahí comenzó a implementarse la figura de la asociación de organizaciones criminales de envergadura.
Explicó que el Ministerio Público actúa cuando hay riesgo para la intranquilidad social. Dijo que “esa es la asociación ilícita del artículo 210 del Código Penal”. “Es una finalidad y no un medio”, advirtió y continuó: “hoy por hoy, lo digo como una crítica constructiva, se utiliza esta calificación legal para sujetarlo a una coacción personal”. “Tiene asociación ilícita, marche preso. El fin justifica los medios. Lo tuve preso, hizo un abreviado y ganó la Justicia. Esto no tiene que ser así".
Un dato que es obvio, pero se soslaya, es que el criterio de las prisiones preventivas y la aplicación de la figura de asociación ilícita no solo es promovida por fiscales, sino confirmada por Juzgados de Control, Cámara de Acusación y el Tribunal Superior de Justicia. Claramente, es una discusión que abarca a todo el Poder Judicial, que no es nueva y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El efecto en tribunales
La exposición de Pérez Moreno cayó muy mal en los fiscales mencionados.
En Juan Pablo Klinger, por la causa de los motochorros que tenían a maltraer a un sector de la ciudad; y a Enrique Gavier porque en los delitos complejos en los que interviene imputa asociación ilícita. Sin ir más lejos, Juan María Bouvier, exjefe del Servicio Penitenciario, está acusado de liderar una organización criminal para cometer innumerables delitos de corrupción en las cárceles. Pérez Moreno lo defendía hasta poco antes de asumir del otro lado del mostrador, como fiscal general adjunto.
Para Klinger y Gavier los dichos de Pérez Moreno “evidencian una palmaria intromisión”.
Ambos magistrados consideran que la injerencia “altera inexcusablemente el desenvolvimiento del Poder Judicial en lo institucional y del Ministerio Público Fiscal en lo funcional, atentando, a través de su llamado al auditorio presente -abogados, empleados y funcionarios judiciales- a ayudarlo a cambiar el tratamiento de la asociación ilícita en Córdoba”, contra la independencia y la rectitud en la administración de justicia, pretendiendo incidir en nuestra actuación o resolución".
Alegan que, también, hace mella en la credibilidad de la actuación de los fiscales al acusarlos de utilizar “la calificación legal de la asociación ilícita para justificar el encierro cautelar de una persona y prácticamente obligarlo a confesar, para realizar un juicio abreviado, acudiendo, en su argumento, al derecho penal del enemigo”.
Cuestionan que hable a título personal, como abogado, y señalan: “Igualmente grosero e indigno resulta el intento de despegarse para la ocasión del cargo que ejerce, cuando expresa “y esto lo digo, olvídense de que me presentaron como Fiscal Adjunto, no, yo soy el Ale Pérez Moreno…”
Hoy un grupo de abogados expone ante la CIDH
La noticia toma estado público a horas de una audiencia clave que convocó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Fue instada por los defensores de personas detenidas por delitos de guante blanco, Jorge Cardozo y Francisco Lavisse. Si bien no trata de la figura de asociación ilícita, se podría decir que versará sobre sus efectos.
La CIDH realiza hoy una audiencia por el uso de la prisión preventiva en Córdoba
Los abogados consideran que en Córdoba hay un “abuso de prisión preventiva” y que constituyen un “chantaje” para que los reos confiesen con el solo objetivo de obtener la libertad lo antes posible. En muchas de esas causas, los encarcelamientos tienen justificación en la aplicación de la figura de asociación ilícita.
En líneas muy gruesas, el efecto que marcan es el mismo que sostuvo Pérez Moreno en su disertación.
Como toda persona, el abogado Pérez Moreno tiene derecho a la libre expresión, a decir públicamente lo que piensa; el límite es el cargo que ahora ocupa y que lo coloca como un superior de los fiscales, a los cuales criticó tácitamente. Ni qué decir si llega a convertirse en fiscal General, lugar desde el cual puede llegar a impartir directivas de política criminal.
El fiscal general Juan Manuel Delgado, que se reintegra hoy a sus actividades después de compensar feria, dijo a Perfil Córdoba que se reunirá con ambas partes por separado. Y opinó que los pronunciamientos de los funcionarios judiciales -incluso en ámbitos académicos-no pueden escindirse del rol que ocupan.
Lo que resta saber es cómo está decodificando este conflicto el gobierno provincial de Martín Llaryora. Es el que lo llevó a Pérez Moreno al cargo.
