El viernes pasado, en horas del mediodía, una noticia hizo crujir los tribunales federales. El fiscal Carlos Casas Nóblega presentó ante el juez federal Hugo Vaca Narvaja un requerimiento de acción penal en contra del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. En su escrito, promovió la imputación del vocal Ignacio Vélez Funes por haberse publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ) una resolución con su firma sobre el apartamiento de Ricardo Bustos Fierro en un expediente por delitos de evasión de gran envergadura, dando a conocer la identidad de una persona imputada próxima a ser allanada. La causa en cuestión era nada más ni nada menos que la de una presunta mega defraudación con facturación apócrifa, en la que uno de los tantos imputados es el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz. Por ese motivo, el fiscal acusa a Vélez Funes por presunta violación de los deberes de funcionario público y violación de secreto.
La filtración menos pensada. La discusión sobre qué juez debía abocarse a la causa era trascendente porque el fiscal Enrique Senestrari había pedido medidas de prueba, entre ellas allanamientos a una persona sospechosa de integrar o colaborar con una usina de facturas apoc. Bustos Fierro se había apartado porque el investigado tenía cierto grado de parentesco con él. Y debía resolverse quién finalmente autorizaría los procedimientos.
El 23 de octubre del año pasado, Vélez Funes resolvió la discusión y eso se publicó en el CIJ, el sitio web del Poder Judicial de la Nación. En ella se consignaron los datos personales de Gabriel Agustín Céspedes, el profesional investigado.
Como el portal de noticias es de acceso público, la persona a la que estaban a punto de allanar pudo conocer de antemano que lo estaban investigando.
“No debe perderse de vista que no se mandó a publicar una resolución que resolvía la situación procesal de una persona imputada (falta de mérito, procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, etc), sino una mera resolución que decidía, tras inhibirse el juez titular a cargo del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad, qué magistrado debía seguir interviniendo a los fines de proveer las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal”, subrayó Casas Nóblega.
Si bien el delito de violar el secreto no exige que se acredite el daño que se causó, el fiscal sostuvo: “Vamos a acreditar que con dicho accionar, el imputado (NdR: Vélez Funes) facilitó que la persona investigada (NdR: Céspedes) pueda deshacerse de elementos probatorios que lo podrían haber comprometido seriamente”. En efecto, en el allanamiento practicado el 5 de noviembre, es decir 13 días después de que se publicó la resolución de la Cámara, Céspedes “se mostró extremadamente colaborador al punto de haber aportado las contraseñas de acceso al Ipad e Iphone que fueran secuestrados, circunstancias éstas que la experiencia nos ha demostrado, difícilmente suceden”, relató en el dictamen.
También se habían intervenido teléfonos de los acusados, había abogados defensores participando en la misma investigación y las maniobras involucraban hasta ribetes internacionales. Casas Nóblega dijo que por ello “no podía pasar inadvertido para el juzgador la incidencia de la publicación, en el éxito de la investigación”.
Tras la imputación, Casas Nóblega le pidió a Vaca Narvaja que cite a indagatoria al camarista Vélez Funes y se libre oficio al CIJ para saber cuál fue la vía por la cual se proporcionó la resolución publicada. También solicitó que se informe al Consejo de la Magistratura la apertura de la causa judicial en contra del presidente de la Cámara Federal.
QUÉ SE PUBLICA QUÉ NO SE PUBLICA
La disyuntiva a explicar es si todas las resoluciones jurisdiccionales, adoptadas por los jueces y camaristas, son publicables o no. En su dictamen, Casas Nóblega citó una declaración testimonial de un funcionario respecto a que “subir las resoluciones es facultativo y no obligatorio, por lo que cada juez puede decidir si sube o no la información”. Y por eso se preguntó: si no es obligatorio subir las resoluciones al CIJ, “¿qué llevó al magistrado imputado a publicar la resolución que contenía datos sensibles de una investigación en curso, cuando estaba pendiente una de las medidas procesales más importantes de recolección de pruebas?”.
En la vereda de enfrente están quienes dicen que todas las resoluciones de la Cámara se publican “sin excepción, porque son actos públicos”. Especificaron que se cargan por defecto todos los fallos que se protocolizan; es decir que no hay una decisión discrecional. Es un sistema automático que rige desde que la Corte Suprema dispuso por acordada 24/2013 el Protocolo de registro de sentencias, acordadas y resoluciones administrativas”.
¿UNA GRAN DEVOLUCIÓN DE FAVORES?
Ante la limitada presencialidad en los tribunales federales, debido a protocolos por Covid-19, a partir del mediodía del viernes ardieron los teléfonos apenas se conoció la imputación al presidente de la Cámara Federal, Ignacio Vélez Funes. Según pudo conocer PERFIL CÓRDOBA es la primera denuncia en su contra por su desempeño como juez federal.
Varios interpretaron que la promoción de acción penal que lleva la rúbrica de Carlos Casas Nóblega es una ´devolución de favores´ a la recurrente admonición que le propinó Vélez Funes en la causa de las financieras de Villa Belgrano. En numerosos fallos del tribunal de Alzada, el camarista –ahora imputado– advirtió al fiscal que debía formalizar una denuncia y no solo emitir críticas al juez Alejandro Sánchez Freytes a quien lo acusó de entorpecer y dilatar la investigación, cuando resolvió excarcelar a varios de los detenidos. Lo repitió por lo menos en tres fallos.
En efecto, el expediente donde están acusados Martín Azar y varios familiares, junto a Diego Sánchez, evidenció la fuerte tensión entre el juez Sánchez Freytes y el fiscal Casas Nóblega. En los escritos judiciales, el fiscal no escatimó reproches al magistrado, que luego fueron analizados por Vélez Funes en sus resoluciones. Fue el único vocal de la sala, integrada además por las juezas Liliana Navarro y Graciela Montesi, que se manifestó sobre el particular.
Vélez Funes tiene más detractores. En la causa Cotreco, en la que se investigan retenciones indebidas de aportes en contratos por la basura de Córdoba, apuntó sus dardos al secretario del Juzgado Federal N°1, Facundo Troncoso. En una resolución hizo público un evento social donde defensores de imputados habrían mantenido una charla con el funcionario. En esa oportunidad, Vélez Funes cuestionó esa conducta y aplicó la máxima: “Hay que ser y parecer”. A tal punto se popularizó el reto que le quedó a él ese mote.
La única certeza a esta hora es que la filtración hizo naufragar en parte la investigación contra uno de los imputados por defraudaciones y evasión con facturas truchas. Y también que, en sus entrañas, los tribunales federales albergan internas que se hacen cada vez más indisimulables.
