En los últimos años, ingresaron al Congreso de la Nación proyectos de ley como el que el diputado nacional por Córdoba, Eduardo Fernández, volvió a presentar el martes, para aplicar sanciones penales y civiles a la negación de genocidios y crímenes de lesa humanidad. La necesidad de penalizar o no expresiones negacionistas también está en discusión en los organismos de derechos humanos.
En los últimos días, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó en el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba un Cuadernillo sobre Negacionismo, en cuyos textos hay posiciones contrarias y otras favorables. Es necesario preguntarse si la judicialización de los discursos negacionistas resultaría útil, eficaz, estratégica y segura. En mi opinión, no sería útil porque los discursos negacionistas no dejan de producirse ni de circular por estar penalizados.
Tampoco sería muy eficaz porque nuestro sistema judicial funciona lento y está muy cuestionado. Ni siquiera sería estratégica porque la judicialización de estos discursos les da mayor visibilidad y alcance del que ya tenían y, lo que es peor, les permite a sus autores y autoras victimizarse y mostrarse como objetos de persecución. Tampoco sería segura porque un instrumento legal, poco preciso, permitiría que sea utilizado también para penalizar otro tipo de expresiones que no le gusten a ciertas personas. Además, estas iniciativas apuntan a la producción de expresiones negacionistas. En cambio, lo más preocupante es la adhesión a estos discursos.
¿Por qué, después de las enormes conquistas por las que nuestro país es modelo en el mundo en materia de Memoria, Verdad y Justicia, hay quienes escuchan y leen en los medios, siguen en redes sociales y hasta votan a negacionistas? En muchos de esos casos pareciera manifestarse, no tanto un cuestionamiento claro a los acuerdos colectivos sobre lo que nos pasó, sino más bien una desilusión con las promesas incumplidas de esa democracia con la que nos habían asegurado que se comía, se curaba y se educaba. La judicialización no podría resolver esto.
Por eso, penalizar es también el reconocimiento de un fracaso. El derecho penal se usa cuando la sociedad y la política se quedan sin otros recursos.
¿Qué opciones quedan entonces para enfrentar al negacionismo, entre los extremos de la penalización y la indiferencia? Profundizar la participación y el debate públicos. Para eso, desde los Estados, sería deseable pensar leyes y políticas públicas que no cancelen ni clausuren, sino que abran, multipliquen, fomenten y fortalezcan de manera estructural los espacios y voces más debilitadas. Tuvimos y tenemos normas así y hay otras iniciativas en debate legislativo con el mismo espíritu.
Convendría también, tanto desde los Estados como desde las organizaciones, seguir agudizando la creatividad para informar, enseñar y convencer a indecisos y dubitativos con promoción de derechos, sensibilización, arte, comunicación, educación, movilización, entre otros, como lo siguen haciendo organismos de derechos humanos y otros movimientos e instituciones públicas. Es urgente también proponer un horizonte de ampliación de derechos y mayor equidad y trabajar efectivamente para lograrlo. Si ahí se juegan en gran medida las razones por las que más personas de las que nos gustaría adhieren a este tipo de discursos, con más justicia, habrá más verdad y más esperanza.
En cualquier caso, dado que se trata de proyectos de ley que refieren a consensos centrales de nuestra democracia, sería deseable que sean sometidos a consulta pública. Si no hay acuerdos amplios que sostengan y enriquezcan estas regulaciones y políticas, difícilmente resulten eficaces, eficientes, estratégicas y seguras.
María Soledad Segura es docente FCS-UNC e investigadora Conicet
