martes 27 de septiembre de 2022
CóRDOBA EN RÍO TERCERO

La Justicia provincial hará el primer juicio por prescripción de cannabis

Una psicóloga es acusada por indicar a una paciente aceite derivado de la planta. Habrá debate médico. Cómo pesarán antecedentes de jueces federales que absolvieron en casusas similares.

21-11-2021 00:37

La Justicia provincial prepara el primer juicio contra una profesional de Almafuerte por prescribir cannabis medicinal. El debate se hará en la Cámara del Crimen de Río Tercero, a partir de los primeros días de diciembre. En el expediente es señalada como principal responsable la psicóloga Milena Pozo, matrícula profesional 9035.

En un posteo relató: “El 9 de noviembre de 2017 sufrí un allanamiento y detención en Almafuerte, por parte de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, ordenados por el fiscal de lucha contra el narcotráfico de Río Tercero. Al día siguiente me liberaron, lo que encontraron en el domicilio fue aceite de cannabis. Las imputaciones en la causa son: comercialización de estupefacientes, agravada por la cantidad de personas (incluyeron a tres personas cercanas para cambiar la carátula), lesiones leves y ejercicio ilegal de la profesión”.

El hecho por el cual se la acusa se originó por la denuncia de una paciente con fibromialgia, quien le pidió que le indicara el aceite. La mujer se sintió mal, fue al hospital y una médica que la atendió atribuyó su estado al derivado del cannabis.

“Habrá un gran debate médico en el juicio”, anticipó la defensora de Milena, Nadia Podsiadlo, quien además es una especialista y referente en el tema. “Hay un factor de desconocimiento de la profesional que atendió a la paciente en el Hospital de Río Tercero”, sobre el uso terapéutico del cannabis y por eso “tendremos análisis y estudios para determinar la causa de las lesiones”. La letrada sostiene que no hay causa - efecto en la ingesta del aceite de cannabis y la patología que presentó la mujer.

Milena Pozo denuncia, por su parte, que “a cuatro años de este hecho, aún no me regresaron los celulares, notebook y vehículo que sustrajeron el día de la detención”. “Lo único que hice fue mejorar la calidad de vida de la gente que acudía a mí para hacer tratamiento con el aceite y mitigar algún malestar, nunca lo asumí como un negocio, de hecho mi sustento económico provenía de mi cargo en el Ministerio de Educación y el trabajo profesional en cuatro consultorios, en Río Tercero, Almafuerte, Embalse y Santa Rosa de Calamuchita”, sostiene.

En marzo de 2017 se aprobó la ley de cannabis medicinal en Argentina. La Organización Mundial de la Salud retiró el año pasado al cannabis de la lista de sustancias prohibidas. “Es inaceptable que en la provincia de Córdoba se continúe considerando que es un estupefaciente”, sostiene Milena.

Si bien el debate será el primero en los tribunales provinciales, hay antecedentes cercanos en el tiempo en Córdoba.

En septiembre de este año, el productor de cannabis para uso terapéutico Daniel Landgren fue absuelto por el Tribunal Oral Federal 2. Antes de la sentencia, el fiscal federal que actuó en el juicio, Carlos Gonella, había retirado la acusación por considerar que en el país hay una nueva perspectiva para analizar este tipo de actividades porque no solo se aprobó la ley de uso terapéutico del cannabis, sino que la reglamentación permite incluso el autocultivo bajo prescripción médica.

Otro caso resonante donde hay pronunciamientos es el del titular de la clínica del cannabis, el médico Carlos Laje. Fue sobreseído por el juez federal Ricardo Bustos Fierro, aunque la discusión sigue abierta y el expediente es analizado por la Cámara porque apeló el fiscal.

En este contexto, cobra relevancia el debate oral que se producirá en la Cámara del Crimen de Río Tercero. Será la primera vez que un tribunal de juicio provincial fije su posición. “La Justicia de Córdoba tiene que utilizar el principio de igualdad ante la ley —reclama Milena Pozo—, ya que en el presente año la Justicia federal absolvió a los implicados en dos causas de cannabis medicinal de nuestra provincia y aún me criminaliza, situación gravísima porque la pena de cárcel por la imputación en mi caso podría ser de seis a 20 años”.

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