Aunque no hubo ley, muchas cosas cambiaron desde que el reclamo por la legalización del aborto llegó al Congreso nacional. Las señales también empiezan a emerger en parte del sistema público de salud. Y es que, si bien la interrupción legal del embarazo no logró la semana pasada convertirse en ley, el escenario cambió de la mano de la admisión de la existencia de la problemática y de los intensos debates que se generaron dentro, pero sobre todo, fuera del Congreso.
El aborto -y con él el dilema, el dolor, la tragedia- dejó de ser una realidad silenciada, y la palabra se repitió como nunca antes en las redes sociales, los medios de comunicación, las aulas, los hospitales, las mesas familiares. Hubo disputas virulentas, pero también confesiones inesperadas. Se cayó un velo. Y buena parte de la sociedad hizo un clic.
Así lo entienden referentes de colectivos de mujeres que desde hace años impulsan la legalización como la trabajadora social Ana Morillo, de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito; María Teresa Bossio, titular en Córdoba de Católicas por el Derecho a Decidir; y también Gabriel Acevedo, secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, y profesor de Medicina Preventiva y Social en la UNC, uno de los pocos funcionarios cordobeses que, desde el comienzo, se manifestó a favor.
Instalación en la agenda pública de la interrupción clandestina del embarazo y la morbimortalidad que conlleva como un problema de salud pública; “despenalización social” del aborto en un sector significativo de la sociedad con mayor comprensión y tolerancia; y, seguramente a partir de allí, visibilización de las redes, hasta hace poco subterráneas, de centros de salud y socorristas que informan y acompañan a las mujeres que abortan para que lo hagan de manera segura, se cuentan entre las principales transformaciones que ocurrieron en estos meses. No es menor, aunque Morillo y Bossio advierten que no alcanza, que hoy avance a paso firme la despenalización legal para las mujeres que abortan a través de cambios en el Código Penal, dejando atrás la clandestinidad.
También se pusieron en el centro de la escena las barreras y obstáculos institucionales que persisten en la prevención del embarazo no deseado, en particular en la Educación Sexual Integral (ESI), ley desde 2006, y para el acceso universal a la anticoncepción, garantizada desde 2003 por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que hoy distan de cumplirse como deberían.
Y el consenso mayoritario fue que, aunque como mal menor para quienes antes les habían opuesto una férrea resistencia, es imperativo profundizar y garantizar ambas políticas públicas para reducir la cantidad de abortos. Al respecto, Acevedo y Bossio remarcaron el rol de los jóvenes, grandes protagonistas de las movilizaciones que traccionaron el debate para que el tema sea abordado como corresponde en las escuelas, y el sistema de salud les dé una respuesta.
“Hubo muchos avances y no hay marcha atrás”, consideró Bossio.
“No tenemos, de hecho, una sensación de fracaso y todos los colectivos consideran que ganamos. ¿Por qué? Porque hay una construcción muy fuerte de este compromiso, con mucha potencia transgeneracional”, dijo la titular de Católicas, en coincidencia con Morillo, quien subrayó que la movilización de la sociedad alrededor del tema “es imparable”.
En el sistema de salud. “Si se ve como proceso histórico, y a pesar de que no se logró el marco legal para fortalecer las condiciones de salud pública, hay un avance importante y se debe trabajar sobre eso”, corroboró, a su turno, Acevedo.
“Hubo una ganancia social al ´desestigmatizar´ de alguna manera al aborto, lo que le sacó mucha de la carga y redujo la condena social a la mujer que se lo debe practicar, aunque al último la discusión se haya puesto muy virulenta”, consideró. Y destacó que “se instaló que es un problema de salud pública, lo que favorece un abordaje diferente al que tuvo hasta ahora”.
En esa línea, sostuvo que “esto contribuye a que los equipos de salud puedan abordar el tema, aún en el actual marco legal, con menor temor a sanciones. O sea dar toda la información necesaria en el marco de la consulta profesional confidencial, explicando el proceso y sus implicancias, y de la misma manera, con controles posteriores y tratamiento ante complicaciones, como ante cualquier otro problema médico”.
Se trata de la estrategia de reducción de riesgo y daño de la mortalidad materna, impulsada por OPS/OMS, que logró bajar en forma dramática las muertes por aborto en Uruguay antes de la legalización. En ella los profesionales informan pero no proveen los fármacos para interrumpir el embarazo si la mujer decide hacerlo, y luego controlan que haya sido seguro.
“Informar y controlar no viola ninguna ley vigente, porque no implica una intervención por parte del profesional”, informó Acevedo,quien señaló que en los últimos meses hubo una visibilización de la red de centros de salud municipales que acompañan esa estrategia.
Los profesionales, por su parte, sostienen que además de hacerse visible todo lo que antes estaba invisibilizado para preservar su existencia, hubo también un crecimiento. “El año pasado éramos 21 centros de salud municipales en la red, y ahora ya son 44 del total de 97”, indicó Morillo, trabajadora social en el N° 67 de barrio 16 de noviembre.
“Ahora somos más de 100 los profesionales de establecimientos municipales que realizamos el acompañamiento”, informó a su vez Betiana Olearo, médica en el centro de Argüello IPV. Y sumó otro dato elocuente: mientras en todo 2017 allí hubo 49 acompañamientos a mujeres que solicitaron una interrupción legal del embarazo (la mayoría por causal salud), casi la misma cantidad de mujeres (40) lo requirieron en los primeros siete meses de este año.
Para Acevedo, saber que esa posibilidad existe, va a redundar en más mujeres que demanden consejería y acompañamiento. “Es probable y también deseable que así sea, ya que ante la decisión tomada, si el sistema de salud no recepta esa demanda, la mujer irá por mecanismos informales, lo que se traduce en más morbimortalidad”, sostuvo.
“Por el contrario, que el sistema se muestre más receptivo debería traducirse (aunque no sea fácil mensurarlo) en una reducción de las interrupciones inseguras, y en menor morbimortalidad tal como ocurrió en Uruguay antes de la ley que vino a completar ese proceso, tal como creo que ocurrirá acá”, señaló.
En el Poder Legislativo y en la Justicia. Por otra parte, Bossio subrayó que otro cambio significativo fue que “las diputadas se apropiaron de la demanda, se organizaron y la articularon incluso en el Senado, lo que era muy difícil de lograr para el colectivo de mujeres”.
“Ahora el tema está instalado en el corazón de las Cámaras, y eso abre la posibilidad de volver a llevar el proyecto el año próximo”, indicó.
Entre las mayores deudas que persisten, entretanto, se cuentan el acceso al misoprostol para llevar adelante el aborto medicamentoso en la red de centros de atención primaria, y también la suspensión de la guía provincial de Aborto No Punible desde 2012 por la cautelar interpuesta por el Portal de Belén, que desde hace cuatro años está a resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Ese amparo impide en la práctica la realización de ANP en los hospitales provinciales, y por lo tanto implica un obstáculo cuando el aborto no puede ser medicamentoso, ya que la intervención quirúrgica en esos casos solo se realiza en la Maternidad Nacional, que, aunque sólo con tres médicos, cumple el protocolo nacional.
En ese contexto, Bossio y Morillo adelantaron que hoy avanzan para que legisladoras cordobesas provinciales y nacionales soliciten una audiencia al Tribunal Supremo de Justicia para requerirle una definición sobre el protocolo. Y también prevén nuevas acciones en las calles, en las que, aseguran, seguirá creciendo la marea verde.
