En las cárceles de la provincia hay 8.563 presos. De ese total, y de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Justicia provincial, la mitad es reincidente (el 50,11%). Sin embargo, las estadísticas oficiales destacan que el 22,63% de los detenidos son reincidentes, porque “se configura la reincidencia en los casos que previamente hayan sido condenados. Si solo fueron procesados, recuperan la libertad y vuelven a delinquir, la justicia considera que no hay reincidencia”. En ese sentido, hay un 27,48% que registra más de un ingreso, pero no son considerados reincidentes. La realidad choca con las estadísticas.
Para el abogado Gustavo Núñez, ex Fiscal General adjunto provincial, la falta de educación laboral es determinante en la reincidencia. “Es necesario, fundamentalmente, que el penado se perfeccione en una actividad con salida laboral, también seguimiento posterior o facilitación por parte del Estado provincial para acercarle instituciones o empresas que les abran las puertas, porque es difícil conseguir trabajo con antecedentes penales. El Estado debería dar mayor presupuesto para el seguimiento posterior del que recupera la libertad”, dijo Núñez a PERFIL CORDOBA. Para la asistencia y reinserción social del liberado, el año pasado el Gobierno provincial -según datos del portal de transparencia- destinó $300.000 pero de ese presupuesto solo se ejecutó una parte: el monto que se dispuso fue de $194.757. Para este año el gobierno redujo el presupuesto inicial a $200.000.
En la Provincia, el Patronato del Liberado actualmente acompaña y controla a 1.900 personas que tienen libertad condicional o asistida. Sólo el 20% de esa población tiene empleo formal. La mayoría trabaja por cuenta propia. Generalmente se desempeñan en los rubros de albañilería, mecánica, plomería, electricidad, costura o peluquería. Si también trabajaron dentro de la cárcel, cuando recuperan la libertad cobran el fondo de reserva, ya que mientras están detenidos sólo tienen acceso al 30% de su sueldo.
La abogada especialista en seguridad, Valeria Plaza asegura que pensar en el tratamiento que los detenidos reciben en las cárceles puede ser la clave para lograr efectivamente que el sujeto que recupera la libertad no vuelva a delinquir. “Además, es necesario reactualizar las ideas de delito y violencia, porque la complejidad del acto de delinquir excede la relación delito-pobreza. Sí hay sectores más vulnerables porque no encajan en el mercado formal y favorece que sean captados por el sistema ilegal. Pero hay delitos, como el narcotráfico y el tráfico de automotores, que involucran a clases más bien altas. La cultura delictiva atraviesa a todos los sectores sociales”, explica Plaza.
