La Provincia eligió no pronunciarse de forma directa a favor o en contra de la decisión del Gobierno nacional de restarle 1,18 puntos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para crear un fondo que apalanque el financiamiento de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Aunque la ausencia de la firma del gobernador Juan Schiaretti entre los 19 mandatarios provinciales que se sumaron a una solicitada en apoyo de la decisión de Alberto Fernández da cuenta de la posición de la Provincia, lo cierto es que desde El Panal buscaron sentar las bases para una discusión más profunda y de largo plazo: abordar las modificaciones del régimen de coparticipación, un pendiente que ya lleva un cuarto de siglo según los límites que se había fijado la reforma constitucional de 1994.
Ese eje discursivo le sirve a Schiaretti en dos frentes. Ayuda a despegarse de la discusión caliente del terreno político y de esta nueva versión de la grieta, a la vez que busca acomodarse en una nueva agenda para repensar cómo se cobran y luego se distribuyen los impuestos en el país. Así, como en otros planos, el gobernador va por el camino del medio de esta ‘grieta tributaria’. Tras explotar la polémica entre CABA y Provincia dijo, a través del ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, que la discusión tiene que ser otra. “La posición de Córdoba es que la discusión de la coparticipación es un tema central para el federalismo y el desarrollo del país. Es una vieja deuda que tenemos desde la época que se modificó la Constitución nacional, pero para avanzar es necesario primero abordar la distribución primaria, es decir, replantear qué proporción de la masa de recursos se apropia la Nación y qué parte se distribuyen las provincias. En este aspecto hay que corregir la excesiva asignación de recursos a nivel nacional que no se condice con el régimen federal que prevé la Constitución la que asigna la responsabilidad a las provincias de administrar y financiar los principales servicios que brinda el Estado como la educación básica, la salud pública, la seguridad y la justicia”, dijo Giordano.
Por distribución primaria se entiende el reparto de fondos entre Nación y provincias, en tanto que se contempla como distribución secundaria el reparto de los fondos entre las propias provincias. Así, la perspectiva de la Provincia es que, como está, la Coparticipación no sirve y hay que cambiar un modelo que hoy asigna demasiados recursos al gobierno central.
El fracaso. Uno de los espacios que desde hace un tiempo brega por dejar de lado el sistema de coparticipación es el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que tuvo como presidente, justamente, al hoy ministro de Finanzas de Córdoba Osvaldo Giordano. Idesa, hoy liderado por el economista Jorge Colina, es tajante en su análisis sobre la performance de la coparticipación y muy pesimista sobre las expectativas de una posible discusión y reforma del régimen: “la coparticipación fracasó y seguirá fracasando. Y no se pueden discutir cambios porque para ello hay que resignar fondos y poner, y acá todos quieren sacar más. No se puede. Hay que eliminar la coparticipación y distribuir las potestades tributarias”, dice Colina.
Para el economista el planteo desde el punto de vista estructural -más allá de la actual disputa- es si la coparticipación sirve o no, “y la verdad es que no sirve”, sentencia Colina y describe: “al 85% de los impuestos los recauda la Nación y después los distribuye. La Nación se queda con el 67% y el otro 30% va a las provincias. Después la Nación despliega programas sociales de educación, de salud, que se reparten, los famosos fondos discrecionales. Entonces el esquema es muy perverso, a un gobernador le llueve plata de la coparticipación, en lugar de tener que generar plata por la competitividad de la provincia. Si una multinacional muy grande se instala en Córdoba los recursos fiscales se van a la Afip, 60% quedan en Nación y el resto se reparten entre provincias y vuelven migajas. Al que hace las cosas bien le llegan migajas, igual que al de la provincia del lado que no hizo esfuerzos”, explica.
Nuevo esquema. Para Idesa, la coparticipación aparece así como uno de los principales factores que distorsionan el federalismo fiscal que se busca para el país. Y remarca que esa teoría busca como buena práctica organizacional asignar las potestades tributarias entre jurisdicciones en línea con las responsabilidades. De esta forma, el ciudadano tiene en claro qué servicios está recibiendo por los impuestos que paga y cuál es la jurisdicción responsable para rendir cuenta en la calidad de dichos servicios. “Lo que habría que hacer es ir a un esquema, como en Estados Unidos, de división de potestades tributarias. Ciertos impuestos los recauda la Nación y el resto el Estado que acá serían las provincias. Si se distribuyen las potestades tributarias, deberíamos ir a eso. Definir qué im puestos recauda l a Nación para financiarse y cuáles las provincias. En definitiva, las provincias son las que dan los servicios sociales de educación, seguridad, salud. No planteamos una nueva coparticipación, sino eliminarla”, concluye Colina.
Ese nuevo esquema se complementa con la creación de fondos específicos dedicados a las provincias que no tienen potencial económico para subsistir de forma autónoma: “Para eso hay que crear un Fondo de Compensación para las provincias más pobres o las del norte que no tienen tantas riquezas. Un fondo de desarrollo a 30 años”, propone Colina.
Desde el Ieral, en tanto, el presidente del instituto, Marcelo Capello, remarca que no resulta constructivo en un régimen federal extraer recursos de una jurisdicción de nivel intermedio para compensar a otra, que no sea en el marco de una discusión objetiva para reformar el régimen general de coparticipación. “No se dieron esas condiciones con el Decreto 194 que aumentó la coparticipación a CABA en 2016, ni por supuesto ocurrió ahora con la decisión antes comentada. Cuando con el Consenso Fiscal firmado entre Nación y Provincias en 2017 se decidió ampliar la participación de BA, se lo hizo sin restar recursos a otras provincias, que fueron compensadas”. Y subraya que la política argentina debe a su sociedad un debate serio sobre su sistema fiscal federal, que sí se ha dado en ámbitos académicos: “Una discusión sobre los recursos que recaudan y deberían recaudar Nación y Provincias, sus funciones y competencias, lo que gastan y lo que deberían gastar para cumplir sus funciones, el sistema de transferencias que se necesita para nivelar fiscalmente el país, y a la vez generar desarrollo regional, entre otros temas pendientes”.
Sin impacto en otras provincias
El polémico traspaso de ese punto de Coparticipación que la Nación quitó por decreto a CABA para dárselo a provincia de Buenos Aires sirvió para que desde distintos espacios políticos, económicos y empresariales se plantee que algo similar puede pasarle a otras jurisdicciones. Pero para Colina, ese riesgo no existe. O al menos no podría darse una situación análoga a través de un DNU: “lo malo es la señal que se dio, por lo intempestivo, pero técnicamente el Estado nacional primero le dio por decreto ese punto extra a CABA, con Macri, y ahora le saca ese punto por decreto, esto no afecta a las provincias ¿El día de mañana se le podría sacar a Córdoba para darle a Santa Cruz? No, al menos no por decreto, habría que ir al Congreso. Acá el gobierno nacional manipuló plata que era del Tesoro, le correspondía al gobierno nacional, no a las provincias”.
