Al poco tiempo de asumir el Ministerio de Economía, Sergio Massa planteo que “el objetivo es que la inflación empiece con el 3% en abril”. No pocos creyeron en la promesa, aunque ésta tuviera poco sustento en la teoría económica y mucho en la habilidad comunicacional del funcionario y en su ‘volumen político’. Luego de que la inflación de marzo marcara nuevo récord de 7,7% para el IPC nacional, quedó claro que la teoría económica se impuso. Quienes se quejaban del mal presente pero confiaban en un pronto alivio para el futuro, empiezan a convencerse que lo peor está por venir. Las dudas ya no pasan por si el gobierno va a lograr bajar la inflación, sino si consigue que la inflación no se acelere aún más. ¿El ‘plan llegar’ alcanza para llegar a las elecciones?
Frente a la frustración, toman fuerza planteos extremos como los de dolarizar la economía. La racionalidad detrás de esta idea es que si no hay un Banco Central que emita dinero no habrá posibilidad de que el Tesoro Nacional se financie con emisión monetaria. Esto obligará a la fuerza a equilibrar las cuentas. “Muerto el perro se terminó la rabia”. La simpleza del planteo es su principal atractivo.
Dentro de los varios argumentos en contra, el más enfatizado es el que, en las actuales circunstancias, la dolarización implica necesariamente hacer una megadevaluación. De acuerdo a un cálculo que hicimos en Idesa, se tiene que la base monetaria asciende a unos $ 5 billones y las Leliq –dinero que la gente depositó en los bancos y éstos en el Banco Central– ascienden a unos $ 12 billones. Mientras que las reservas netas de dólares en el Banco Central ascienden a unos U$S 1,8 billones. Esto implica que el canje de todos los pesos por dólares podría hacerse a razón de unos casi
$ 10.000 por dólar. Se trata de un cálculo aproximado sobre el que se pueden imaginar múltiples escenarios alternativos. Por ejemplo, si aumenta la credibilidad, el Estado podría conseguir nuevos préstamos en dólares y con esos recursos hacer el canje de los pesos en circulación a un tipo de cambio más bajo.
El tema da pie a que los economistas se entreguen a apasionadas discusiones sobre la viabilidad y conveniencia de instrumentar la dolarización. Esto contribuye a que se pase por alto considerar críticamente el supuesto de que con la dolarización se termina el déficit fiscal. Dicho de otra manera: en qué medida es válido y realista el supuesto de que el Estado reaccionará de manera rápida y disciplinada ante la imposibilidad fáctica que tiene de emitir dólares.
Lecciones de la convertibilidad. En relación a este tema la experiencia con la convertibilidad en los 90 es muy sugerente. ¿Qué pasó en aquel entonces? Se puso en marcha la cuasidolarización o caja de convertibilidad. La lógica era la misma que tienen en la cabeza los que hoy proponen la dolarización: atarle las manos al Banco Central para que no pueda financiar con emisión monetaria al Tesoro Nacional.
La convertibilidad fue un éxito para conseguir la estabilidad de precios. A finales de 1993 la tasa de inflación era 0 y eso se mantuvo hasta el 2001. Pero si bien hubo avances importantes, el problema de fondo siguió sin resolverse: los crónicos déficits financieros y de gestión que sufre el Estado argentino. Con convertibilidad, el Banco Central tenía vedada la posibilidad de emitir para cubrir excesos de gastos. Pero como no había equilibrio fiscal el Tesoro nacional se financió con deuda externa y las provincias contrayendo créditos en el sistema financiero local poniendo la coparticipación como garantía. También la deuda flotante creció a limites extremos (incluyendo pago de salarios y jubilaciones) lo que llevó a la masiva emisión de cuasi monedas.
El final es conocido. La situación se tornó insostenible cuando a finales del 2001 se cerró el acceso a nuevos créditos al Estado nacional y las provincias ya no tenían coparticipación para devolverles a los bancos y había una inundación de cuasi monedas. El principal factor desencadenante de la crisis no fue el diseño de la convertibilidad sino el hecho de que el Estado no se disciplinó. La experiencia demuestra que no alcanza con atarse de manos con un esquema monetario rígido si el Estado no deja de gastar por encima de sus ingresos.
Ningún régimen monetario garantiza que el sector público opere en equilibrio. Plantear lo contrario es desconocer la complejidad de la administración pública. Ignorar, por ejemplo, que aún vedada la posibilidad de emisión monetaria el Estado puede gastar por encima de sus ingresos y cubrir las diferencias con créditos, retrasando pagos a proveedores y contratistas, acumulando juicios o, como ocurrió varias veces en el pasado, emitiendo cuasi monedas.
La solución pasa por ordenar.
Lamentablemente no hay soluciones mágicas. Para detener la inflación hay que eliminar los crónicos déficits financieros y de gestión que padece el sector público. Esto no se logra con la receta simple de eliminar la posibilidad de emitir moneda ni volviendo a las tradicionales recetas de ajuste fiscal. Por el contrario, el primer paso es asumir que el Estado es intrínsecamente deficitario porque padece un problema organizacional. La única manera de superarlo es a través de un ordenamiento integral. Un replanteo que incluya, entre sus grandes capítulos, la unificación de impuestos, la eliminación de la coparticipación, la supresión de superposiciones entre organismos públicos, la profesionalización de sus empleados y el ordenamiento del sistema previsional.
Coordinadora de Investigaciones Idesa
