La trama que se construye en torno a la literatura no puede reducirse a lo que lllamamos "industria editorial". Hay mucho más que eso. Y, sin embargo, cuando eso falla la trama se ve rasgada.
Desde 2015 el gobierno de Macri colaboró activamente en el desmantelamiento de esa trama. Detallar aquí cuándo y cómo lo hizo sería imposible. Podemos mencionar algunas consecuencias: librerías cerradas, imprentas quebradas, bibliotecas vacías, falta de libros en las escuelas, reducción de tiradas, precios inalcanzables, editoriales que restringen su catálogo y, en el peor de los casos, dejan de editar. Y cuando una editorial deja de editar se pierde algo irrecuperable: su catálogo aún por construir.
La gestión macrista planteó la bibliodiversidad como un valor. Y al mismo tiempo hizo todo lo posible para destruirla. No es casual. Cuando decimos que un gobierno “no está interesado en la cultura” es casi como si dijéramos que no está interesado en nosotros.
En un país desguazado, llevado al límite, endeudado y con una distribución de la riqueza en el pico de la injusticia pareciera que hablar de libros es hablar de un lujo burgués. No lo es. No debería serlo.
En 2011 visité algunas escuelas rurales. Había chicos de 14 años que por primera vez tenían un libro nuevo en sus manos. Podían llevarlo a sus casas, leerlo con sus padres. Lo que el Estado les entregaba no era solo esos libros. Lo que el Estado hizo fue decirles “tener acceso a los libros no es un privilegio de clase, es un derecho”.
Hemos perdido eso. Y es necesario recuperarlo.
En ese contexto, es de celebrar el proyecto de ley de creación del Instituto Nacional del Libro Argentino. Un proyecto que necesita correcciones, mejoras, variaciones. Pero que trae a la esfera pública la pregunta básica que está en toda acción política: ¿privilegios para pocos o derechos para todos?
Eugenia Almeida es escritora y docente
