“Las situaciones de emergencia no son un cheque en blanco”

Antes de brindar su charla en el TDx Córdoba, en el que expondrá sobre corrupción y cultura, Delia Ferreira Rubio, cordobesa de origen, dialogó desde Berlín con PERFIL CÓRDOBA. La experta en transparencia, anticorrupción y financiamiento de la política cuestiona el comportamiento abusivo de los gobiernos en el contexto de la emergencia sanitaria y alerta sobre su utilización para la restricción de libertades y episodios de corrupción.

—¿Qué observa respecto a la nueva configuración mundial en medio de la pandemia? ¿Los estados mejoraron o empeoraron en su lucha en contra de la corrupción? ¿El estado de emergencia sirvió para mayores abusos o para un mejor control?
—Desde el punto de vista institucional y de política pública hay ciertas tendencias comunes en la respuesta a la pandemia a nivel global: concentración de poder en los Ejecutivos; un abuso de las facultades de emergencia; restricciones de derechos y libertades no siempre razonables; restricciones a la libertad de prensa, al acceso a la información; vigilancia sobre las redes sociales y la opinión de los ciudadanos; intervenciones violatorias del derecho a la intimidad y la protección de datos personales.
Las situaciones de emergencia no son un cheque en blanco. Por el contrario, están sujetas a estándares consagrados en convenciones internacionales y en las propias constituciones de muchos países. Toda medida de emergencia debe respetar el principio de legalidad y el Estado de Derecho y debe ser limitada en el tiempo.
Las medidas adoptadas deben, además, ser razonables y adecuadas a la situación y al objetivo perseguido y debe existir proporcionalidad entre el fin buscado y la gravedad de la restricción de derechos establecida. Obviamente, las decisiones no pueden ser discriminatorias y deben ser transparentes, adecuadamente comunicadas y sujetas a control.

—¿Con la pandemia surgieron nuevas formas o modos de corrupción?
—Las situaciones de emergencia dan lugar a la aplicación de medidas de urgencia que evitan los procesos y controles de la administración en tiempos normales. Esto implica siempre un aumento de los riesgos de corrupción. Desde marzo se han reportado y denunciado casos de corrupción vinculados al Covid-19 en muchos países del mundo. La mayoría de los casos se refieren a contrataciones públicas directas con sobreprecios, sin las debidas garantías por incumplimiento, adquisición de productos defectuosos o innecesarios, conflictos de interés entre los funcionarios contratantes y los proveedores, contratación de intermediarios sin la debida diligencia. También ha habido casos de clientelismo en la asignación de beneficios y subsidios. Y falta de transparencia en el manejo de los fondos del presupuesto nacional, así como los provenientes de los programas de ayuda internacional. Lamentablemente, en muchos casos los propios mecanismos de control han estado paralizados.

—¿El temor a la pandemia por parte de la población llevó a descuidar ciertas libertades individuales? ¿Los gobiernos aprovecharon esta situación?
—El temor a la enfermedad genera en la sociedad la demanda de soluciones rápidas, aceptando muchas veces restricciones a los derechos que serían intolerables en otras circunstancias. Esta situación de temor ha sido aprovechada por algunos gobiernos para ir más allá de las restricciones razonables a los derechos ciudadanos. Cuando la situación se extiende más allá de un tiempo razonable, la tolerancia social disminuye, sobre todo si no se advierte una mejora en la situación.

—¿Cómo evalúa el trabajo y la conformación de los comités de expertos que han asesorado a los diferentes gobiernos?
—Los expertos deben ser consultados pero las decisiones son responsabilidad de los funcionarios públicos. En algunos casos pareciera que esos comités no incluyeron expertos en todas las áreas involucradas, sino que solo tuvieron en cuenta el aspecto epidemiológico. Esta visión restringida puede ser un problema en una situación como la de Covid, que impacta en la salud física y mental, la economía, la circulación nacional e internacional de bienes y personas, produciendo efectos generalmente negativos en todos los aspectos de la vida de cada comunidad.

—En el terreno judicial argentino, actualmente hay dos episodios que están marcando cierta tensión: por un lado el traslado de los jueces que tienen a su cargo las causas de Cristina Fernández y la decisión de la Oficina Anticorrupción de no ser querellante en las causas de corrupción. ¿Cuál es su mirada sobre el rumbo en materia judicial en la Argentina?
—La situación de la Justicia en Argentina me parece preocupante. Es indispensable garantizar la independencia de los jueces y del Ministerio Público. La Oficina Anticorrupción es una oficina del gobierno de turno que carece de la independencia necesaria para llevar adelante su función de luchar contra la corrupción. Esta dependencia política ha estado siempre presente en la OA desde su creación. Es una lástima. El controlador no puede depender del controlado. Este es un principio básico. En general, si en Argentina no ponemos fin a la impunidad nunca terminaremos con la corrupción, ni con la ilegalidad.

—Pensando en la pospandemia. ¿Qué medidas desde lo político y lo social deberían mejorar o mantener los gobiernos?
—Lo más importante después del período de emergencia será regresar a la plena vigencia de la Constitución, al respeto de la división e independencia de los poderes, la garantía de los derechos y libertades. Deberán dejarse sin efecto las medidas de emergencia que han creado situaciones de dudosa constitucionalidad, como la existencia de especies de límites interiores y restricciones a la circulación de los ciudadanos, llegándose al absurdo de impedir que algunas personas vuelvan a sus domicilios, o de impedir que los niños se reúnan con sus padres.
Otra medida de dudosa constitucionalidad son las funciones asignadas a los COEs -comités de emergencia que en muchas provincias se han arrogado el poder de decidir sobre la vida y los derechos de los ciudadanos. En la lista está también la adopción de protocolos como la norma de máxima jerarquía jurídica, y la adopción de medidas violatorias de los más elementales principios de respeto a la dignidad humana.

—¿Percibe cambios estructurales en la “nueva normalidad”?
—En general, la “nueva normalidad” seguramente traerá aparejados cambios en la digitalización creciente de la vida social y laboral, la estructura de las cadenas de valor y de suministro, el comercio internacional y probablemente en el mapa de liderazgo de los países a nivel global. Todo está por verse. Lo que debemos garantizar es que cualesquiera sean esos cambios, se respete la plena vigencia del Estado de Derecho.