Recientemente amanecimos con la media sanción de una ley que promete la despenalización y legalización del aborto y, con ella, un nuevo reconocimiento de los derechos de las mujeres y cuerpos gestantes. El trámite legal tiene puntos suspensivos hasta un tratamiento futuro en la Cámara de Senadores.
Pero aún antes de conocer el final de esta historia, los sectores conservadores afianzados en las estructuras de poder hegemónicas de diversas instituciones, no tardaron en pronunciarse al mostrar cuáles serán las estrategias que van a implementar para obstaculizar la práctica de la ley.
Estrategias que por más que se disfracen de objetivas, son las siempre conocidas barreras al acceso de los derechos sexuales y reproductivos. Pese a ello, las redes sociales fueron el primer termómetro de una virulencia escalonada. Con altos grados de misoginia y odio, algunas personas recordaron cuáles son las represalias a las que el control social apela cada vez que las mujeres, u otras identidades que no cumplen con los estereotipo de género, pretendemos acceder a nuestros derechos.
Y en esa lucha de poder, provincias como la nuestra se plantan como la trinchera donde el juego se profundiza y desde donde se van a librar las primeras batallas en caso de sancionarse la ley .
Variados sectores han expresado la intención de arbitrar mecanismos para obstaculizar. No es sorpresivo: apelan a las mismas herramientas a las que nos acostumbraron para mantener el statu quo. Así, se ha “amenazado” con la judicialización. Llegaron incluso a manifestarse en Córdoba por el absurdo de presentar acciones ante una media sanción.
De esta manera, nuestra provincia vuelve a emplazarse como la pionera en la utilización de los remedios jurídicos orquestados por organizaciones estrechamente vinculadas con los sectores religiosos, con la finalidad de evitar la implementación de políticas públicas relativas a la salud sexual y reproductiva.
Lo expresado en reiteradas oportunidades por diversos referentes, da cuenta de que los argumentos jurídicos que resuenan son aquellos relativos a la negativa de la legalidad y/o la reticencia de su aplicación en las provincias. Bajo el ropaje de federalismo y cuestiones presupuestarias, se insiste en negar el carácter de derecho al acceso a esta práctica, así como el alcance de la salud de las mujeres y cuerpos gestantes.
En esta matriz, los sentidos conservadores y religiosos se vuelven a proyectar en las variadas manifestaciones que, de manera oficial, establecimientos sanitarios privados cordobeses han expuesto, alegando una objeción de conciencia institucional, rayana a la desobediencia civil.
En otras provincias como Salta, lo expuesto se proyecta también al sector público. De igual forma, la situación se traduce en advertencias colectivas de objeciones individuales que en definitiva cuestionan las decisiones de las mujeres y cuerpos gestantes. Menosprecian el valor de un proceso democrático y deliberativo, como el vivido en estos últimos meses, sin precedentes en nuestra historia institucional.
En este orden de ideas, es necesario destacar que diversos órganos de monitoreo y seguimiento de los tratados de derechos humanos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen que las interrupciones de embarazos están alcanzadas por el derecho a la salud.
También el Comité de CEDAW advierte que obligar a la continuación de embarazos no deseados es un acto de violencia de género, pudiendo incurrir en tratos inhumanos, crueles y denigrantes. Recientemente el Comité de Derechos del niño, expresamente recomienda a Argentina que asegure el acceso a los servicios de abortos seguro y atenciones posaborto a niñas y adolescentes.
Ninguna legalización va a ser efectiva si no hay una verdadera voluntad política que garantice la concreción de nuestros derechos. Y es por eso que sabemos que cuando por fin el aborto sea ley, la disputa transcurrirá en las trincheras de las provincias, donde sistemáticamente se diagramaron las imposibilidades de acceso pero que, esta vez, van a tener que responder a este colectivo que transita las calles, a este movimiento feminista argentino y latinoamericano que se potencia y no retrocede.
Julieta Cena es abogada, Magister en Derecho y Argumentación. Becaria doctoral de Conicet. Integrante del Grupo de Investigación en Derechos Sociales (Gides).
