El próximo martes el oficialismo convocó una sesión en Diputados en la que el Frente de Todos espera que se debata una nueva prórroga a la moratoria previsional que ya cuenta con la aprobación en el Senado. De lograr la sanción, se estima que ingresaran a la cobertura de la Anses unas 800 mil personas que no cumplen con los requerimientos de aporte para acceder a una jubilación. El fundamento, como en anteriores ocasiones que se trataron leyes similares, es que se trata de un acto de justicia social.
¿Las moratorias aportan a la justicia social?
Hay que tomar como punto de partida que en la gran mayoría de los sistemas del mundo se contemplan prestaciones no contributivas para adultos mayores que no llegan a acceder a una cobertura a través de los mecanismos contributivos. La razón es la misma que se argumenta en los debates locales: como sociedad no es tolerable que haya personas que caigan en situación de vulnerabilidad porque han llegado a una edad en la que no pueden seguir trabajando y no cuentan con otro ingreso porque no cumplen con los requisitos de acceso a una jubilación.
Esto se da tanto en países desarrollados, en menor escala porque tienen mercados de trabajo mejor conformados que llevan a sistemas con alta cobertura, como en los no desarrollados, con intervenciones más masivas por la alta informalidad e inactividad laboral. De la comparación entre países surge que hay distintas variantes en el diseño de los beneficios no contributivos (en la definición de requisitos y montos), pero todos canalizados a través de un mecanismo por el cual se asignan fondos públicos para asistir a las personas que no cumplen los requisitos del sistema y están en riesgo de caer en la pobreza por carecer de otra fuente de ingresos.
La Argentina no era la excepción. Desde hace mucho tiempo se contempló una pensión no contributiva para quienes no acceden a una jubilación y entran en riesgo de vulnerabilidad. Sin perjuicio de ello, en el 2005 se regularon las moratorias. A través de este mecanismo se permitió el ingreso masivo e indiscriminado de personas al sistema ‘simulando’ haber trabajado en la formalidad. Es decir, se le dio la posibilidad de acceder a prestaciones contributivas ‘comprando’ aportes que luego se pagan con un descuento sobre la jubilación percibida. Se trata de un cambio con enormes impactos financieros, administrativos y distributivos.
A diferencia de los sistemas no contributivos, que claramente contribuyen a la justicia social, las moratorias tienen varios factores de inequidad. Resulta discriminatorio que se entreguen beneficios en iguales condiciones a las personas que se esforzaron por cumplir con las normas y llegar a los años de servicios requeridos. El aspecto más irritante e injusto es que quienes más rápido accedieron a las moratorias fueron los segmentos de la población de ingresos medios y altos, que cuentan con información y la posibilidad de contratar asistencia profesional para resolver los trámites burocráticos. Un aspecto que agrega inequidades es que muchas personas que accedieron al beneficio ya tenían una pensión.
También tiene impactos distributivos muy profundos el hecho de que las moratorias se convirtieron en el principal factor desestabilizador de las finanzas públicas. A nivel nacional, el pago de jubilaciones y pensiones representa más del 40% del gasto público. En un contexto de déficit fiscal crónico, las moratorias contribuyen a exacerbar la inflación. Es difícil encontrar un fenómeno que corroa más justicia social que la inflación.
El oportunismo no tiene ideologías
Para avanzar hacia mayores niveles de justica social el instrumento es perfeccionar las pensiones por vejez. Este es el camino que usan la mayoría de los países para darles protección a adultos mayores sin ingresos. Pero, contrario a esta lógica, se optó por regular las moratorias para permitir que ingrese gente sin aportes hasta una fecha determinada. Pero llevamos casi dos décadas sancionando leyes que prorrogan los plazos.
Desde el punto de vista político resulta muy notable que la mayoría de estas leyes fueron votadas con amplios consensos. Sugiere que el oportunismo político prevalece por sobre las diferencias partidarias. En esta, como en muchas otras políticas públicas equivocadas, no hay ‘grieta’ sino amplios consensos.
Un ejemplo de hasta donde priman los consensos es que en 2016, durante el gobierno de Cambiemos, se creó la Pensión Universal para Adulto Mayor (Puam), para dar cobertura a todas aquellas personas que no cumplían con los requisitos de aportes. El monto entregado es el equivalente a un 80% de jubilación mínima, con el objetivo de diferenciar el monto de estas prestaciones respecto al percibido por aquellas personas que sí hicieron sus aportes. Un rasgo importante es que la Puam no genera derecho a pensión por fallecimiento, al asumirse que el cónyuge que sobrevive está protegido por otra Puam.
Este mecanismo fue concebido como un remplazo financieramente más sustentable y justo que las moratorias. Desde el punto de vista fiscal, es muy importante que evite la multiplicación de la cobertura. La lógica era que la Puam sustituya a las moratorias. Pero contrario a toda lógica y pasando por alto la alta inflación que genera el descalabro fiscal, el Congreso siguió sancionando, con el actual y el anterior gobierno, prorrogas de las moratorias. Como resultado, en la Argentina –un país con niveles record de déficit fiscal e inflación– conviven tres mecanismos de cobertura: las moratorias, las pensiones no contributivas y la Puam.
Mejorar la Puam para lograr más justicia.
Desde el punto de vista político, resulta atractivo seguir prorrogando moratorias. Pero desde el punto de vista del interés general, y especialmente de los niños, los impactos son devastadores. La inflación provocada por la irresponsabilidad fiscal, exacerba la pobreza y la pobreza impacta con particular intensidad entre los niños, que son los que en el futuro serán el sostén del sistema previsional. Los legisladores parecen no considerar que más de la mitad de los niños son pobres y tiene malos desempeños educativos, lo que hace presagiar que serán trabajadores de baja productividad.
Si hubiese una genuina preocupación por la justicia social en lugar de extender las moratorias, se podría mejorar la Puam. Un punto a evaluar es permitirles a las personas poder trabajar sin perder el beneficio, como sucede con las jubilaciones. Otra cuestión a considerar es que el monto de la Puam varíe en función de la cantidad de años aportados. Entre quien no hizo ningún aporte y quienes hicieron aportes cerca de los 30 que se exigen para acceder a la jubilación, hay diferencias que deberían ser reconocidas en el monto del haber. Con pocos esfuerzos se puede contar con un instrumento más justo y menos rudimentario que las moratorias.
