28th de February de 2021
CóRDOBA DEFINICIONES DE CARLOS FERRER
31-05-2020 00:38

“No designar al Fiscal General es un hecho anómalo e inexplicable”

El exfiscal de Cámara Ferrer disparó: “Si el motivo es político, es lamentable”. Críticas al fuero Anticorrupción y a la discrecionalidad para crear unidades o asignar causas.

31-05-2020 00:38

El exfiscal Carlos Ferrer cuestiona la “inexplicable” vacancia de la Fiscalía General desde el 14 de marzo del año pasado cuando se retiró Alejandro Moyano y el Gobierno provincial se abstuvo de proponer al futuro titular. Criticó el doble comando actual que reparte el cargo entre dos adjuntos, Héctor David y José Gómez Demel.

También censura aspectos de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, sancionada en diciembre pasado, por la discrecionalidad que introdujo para asignar causas o crear unidades fiscales.

Y no escatima definiciones sobre las especulaciones políticas detrás de la creación del fuero Anticorrupción al que catalogó de ineficaz por la escasa estadística de causas trascendentes. Pondera, en cambio, a la unidad de Delitos Complejos y otros fueros especializados.

PERFIL CORDOBA le propuso un diálogo para profundizar sobre conceptos que expuso durante una reciente disertación sobre la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

—¿Usted calificó de inexplicable la acefalía en la Fiscalía General?

—En la ponencia abordé dos aspectos, uno institucional en el que sobresale el hecho anómalo, irregular e inexplicable de la vacancia desde hace más de un año de la Fiscalía General y la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal a fines del año pasado. El fiscal General fue reemplazado primero por cuatro fiscales adjuntos y ahora por dos. Se han autoasignado todas los roles y funciones que le corresponden al fiscal General. Lo atípico es que sea en forma simultánea e indistinta. Cualquiera de las dos firmas representa al fiscal General.

—Se hicieron especulaciones políticas sobre que el gobernador Juan Schiaretti designaría más adelante al fiscal General para que el mandato de cuatro años continúe cuando él deje el poder. ¿Comparte esta hipótesis?

—Yo no lo he dicho. Dije que esta acefalía de 14 meses no ha sido explicada. No han existido situaciones excepcionales como para pensar que no hay posibilidad de designar a una persona en el cargo. Sí escuché lo que usted dijo, en el “radiopasillo”. En esto no hay ingenuidades. Si ese es el motivo, es lamentable. El Ministerio Público no está para cubrir las espaldas a nadie. Todo lo contrario, está para actuar en contra de la delincuencia. No comparto en absoluto que ese pueda ser un motivo, aunque no ignoro que la política sea una razón considerada.

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LA DESPEDIDA. El 14 de marzo de 2019 venció el mandato de Alejandro Moyano como fiscal General.

—¿Cuestiona el doble comando?

—Las veces que hubo vacancias fueron cubiertas por un adjunto. No sé por qué tipo de acuerdos, dos han autoasumido la función. El Ministerio Público tiene una cabeza unipersonal con roles precisos, como fijar políticas de persecución penal y una organización interna que responde al principio de unidad de acción y subordinación jerárquica. Tenía una estructura piramidal. Con la modificación de la ley orgánica se ha transformado en una estructura vertical unipersonal. Tiene la posibilidad de conducir de manera discrecional, organizando, creando unidades de fiscales pudiendo asignar o cambiar la radicación de esas causas. Es una reforma trascendental porque los fiscales de instrucción actúan según el territorio y el turno. No se debería poder sacarlos de sus causas sin una razón legal. Con esta estructura de organización, se los pueden afectar para atender asuntos puntuales extrayéndose de las causas propias en función del criterio de conveniencia y oportunidad.

—¿Qué paradigma subyace a la nueva ley orgánica?

—Pone énfasis en la resolución pacífica de los conflictos penales. Está orientada a solucionar conflictos más que a la investigación o la represión penal. Eso saca al Ministerio Público de la función natural que el Código Procesal le ha asignado. Los fiscales no están solamente para solucionar conflictos porque atenderían una porción ínfima de delincuencia y de delincuencia insignificante. No le da importancia a la verdadera conflictividad penal que afecta a la sociedad, que son los delitos violentos, los de género, corrupción. Como ciudadano le digo, prefiero que se refuerce su estructura para atender a la criminalidad grave porque es la que más daño produce.

— Con la pandemia del coronavirus se crea ron unidades especiales para atención inmediata y para la emergencia sanitaria…

— Hoy en día tenemos esas, mañana podrán crear la unidad fiscal de delitos, no sé, vecinales…. O de abusos policiales. Lo que puedo afirmar es que la unidad fiscal que realmente funcionó, que mostró resultados apreciables es la de Delitos Complejos. Investigó las causas del Registro de la Propiedad, las ART. Logró estadísticas de condenas que en otros tiempos eran inimaginables.

—Habló de eficacia de Delitos Complejos, ¿el fuero Anticorrupción ayudó o empeoró la situación?

—Para dar una respuesta tendría que hacerlo con números. No conozco ninguna causa de trascendencia pública que haya justificado la generación del fuero. No quiere decir que haya que suprimirlo. No soy ignorante, no vivo en otro planeta, vivo en Córdoba. Para el poder político, un fuero de esa naturaleza es de alta sensibilidad, su funcionamiento no debe ser indiferente. Soy consciente de que en las disputas políticas la Justicia también es utilizada para lograr resultados. En años electorales prosperan las denuncias y con los resultados en la mano caen en el desinterés. El fuero debería demostrar con mejores índices estadísticos la eficacia de su creación. No creo que investigar cohechos de funcionarios de terceras líneas sea justificativo para mantener un espacio específico para ese segmento de delincuencia. Las estadísticas de otros fueros como el de Violencia Familiar, Integridad Sexual, Narcomenudeo muestran otra significación.

PERFIL

Carlos Ferrer es un fiscal que no pasó desapercibido. Fue uno de los acusadores del exgobernador, Eduardo César Angeloz, cuando tuvo que enfrentar un tribunal de juicio acusado de presunto enriquecimiento ilícito, delito por el que terminó absuelto por el beneficio de la duda. Se jubiló como fiscal de la Cámara 9° del Crimen, durante nueve años fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba y actualmente es docente de Derecho Procesal Penal en esa misma casa y en la Universidad Nacional de Córdoba.

 

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