La pandemia ha golpeado de manera diferente en cada lugar donde clavó sus garras pero todos compartimos los mismos objetivos: la salud de la población y la supervivencia de las fuentes de trabajo.
Con las declaraciones que se hicieron desde el Centro de Operaciones de Emergencia provincial (COE), el Gobierno de la provincia de Córdoba se ha cerrado en que ambos objetivos son mutuamente excluyentes.
El mensaje de “no evaluar nuevas aperturas”, revela no solo un desconocimiento sobre la debacle económica en ciernes sino también una condena sin apelación contra los ciudadanos que esperan, al menos, una mayor proactividad.
Dicen que están “en condiciones para hacer frente a la pandemia”, pero si esto se traduce en una prohibición de trabajar en la mayoría de los rubros, representa una amenaza al sustento y a la salud psicológica de miles de familias.
Esta declaración de incertidumbre sin final puede causar tanto daño como una pandemia paralela: vidas sin propósito, inseguridad alimentaria y caos social.
“Evaluar” es lo único que jamás debemos dejar de hacer en la función pública. Es la razón por la cual se toman las buenas decisiones.
La declaración del COE es, cuando menos, apática. El nivel de ocupación de camas críticas en el sistema hospitalario de Córdoba es muy bajo. Si el sistema sanitario no está impactado fuertemente, es ahora cuando se deben estudiar los planes, las tendencias, los casos de éxito, para formular estrategias y poner en marcha protocolos de reapertura que resulten apropiados.
Cerrarse en la “no evaluación” produce una sensación de claustrofobia.
Miles de cordobeses virtualmente confinados viven en un limbo de cuestionamientos sin respuesta. En otras palabras: si el Gobierno no brinda alguna certeza a través de sus declaraciones, ¿cuándo creen que será el momento de analizar la apertura gradual de actividades? ¿ Acaso cuándo se acceda a las vacunas? ¿O cuando el virus se disipe? No hay nada seguro, salvo que resulta imposible vivir paralizado por el resto del futuro imaginable debido a la incapacidad de un gobierno para evaluar aperturas.
Si solo pueden funcionar las actividades esenciales y las industriales, debemos poner todo nuestro empeño en la evaluación permanente de herramientas de salvaguarda para el resto de los sectores. Si faltan los recursos, que no cese la capacidad de análisis. ¿Qué decir con respecto al nivel de frustración de nuestros educadores y alumnos? Carencia de tecnología, una brecha digital en expansión permanente que pone a muchos en una situación de exclusión educativa, a profesores con sobrecarga horaria, a padres con encierro sin noción de un regreso a la vida normal, falta de ingresos, desesperación.
Nadie demanda que de un momento a otro liberen una marea humana sobre las calles sin control. En vez de eso, les pedimos encarar una estrategia rigurosa de testeo y rastreo, aprovechando la colaboración público-privada entre las empresas y el Gobierno, más la vasta tecnología disponible. Sobre todo, el COE tiene el desafío de diseñar, divulgar, implementar y hacer respetar a rajatabla protocolos eficaces para la reapertura progresiva. Se llama voluntad política.
Diego Mestre es diputado Nacional (UCR). Presidente Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia.
