A pocos días de conocerse la intención del gobierno nacional de avanzar con un nuevo blanqueo de capitales y que esos fondos se canalicen en inversiones de obra pública privada nueva –o con nivel de avance inferior al 50%- van exponiéndose las posturas del empresariado, uno de los sectores que podría sumarse a la iniciativa. En general, el arco privado ve con buenos ojos la iniciativa, pero advierte que si no mejoran las condiciones de la macro economía es difícil que un blanqueo de capitales tenga el nivel de éxito que se pretende.
Pero al margen de la convulsionada realidad económica lo cierto es que los antecedentes que siguieron a los blanqueos anteriores no son alentadores. En general, funcionaron como cebos para “cazar” fiscalmente a quienes se sumaron. A la vez, las promesas de avanzar hacia una reducción en la presión impositiva nunca se concretaron. “El proyecto que el gobierno anterior envió al Congreso y que se convirtió en la Ley 27260, la Ley de blanqueo, preveía la derogación del Impuesto a Bienes Personales y la del Impuesto a la Ganancia mínima Presunta desde 2019, establecía un mínimo no imponible, establecía una alícuota fija para Bienes Personales y tenía beneficios para contribuyentes cumplidores. Finalmente, sólo se derogó el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Además, cuando se firmó el Consenso Fiscal, en 2017, entre los compromisos estaba el de no crear nuevos impuestos nacionales sobre el patrimonio ni de incrementar la alícuota de Bienes Personales. Todo eso cambió radicalmente en muy poco tiempo”, recreó Carlos Abeledo, presidente del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina, en un seminario organizado el jueves pasado por la UIC.
En consonancia con esos antecedentes y ese diagnóstico, los constructores de Córdoba tienen muchas dudas sobre el impacto real del proyecto de blanqueo. Esa visión la resume Luis Lumello, actual presidente de la Delegación Córdoba de la Cámara de la Construcción Argentina. El ejecutivo reconoce que recibieron con beneplácito la iniciativa porque es una medida que venían impulsando desde esa Cámara, junto a los desarrollistas urbanos residenciales de Córdoba y también con el gremio Uocra. Pero señala que el contexto torna todo muy difuso.
“Cualquier ley, cualquier plan que salga en este contexto es muy difícil que tenga éxito. Este tipo de iniciativas está atada a la estabilidad económica, mientras que no haya estabilidad económica todos los proyectos tienen un alto porcentaje de posibilidad de no llegar a buen término, sobre todo cuando hablamos de un blanqueo. Estamos en un momento interesante del sector porque los costos han bajado mucho en dólares para construir, pero el problema de la falta de estabilidad económica conspira contra cualquier proyecto que tenga buenas intenciones”, asegura.
El proyecto que podría avanzar propone que se exima por dos años en Bienes Personales el valor de esas inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive. Para ingresar se deben cambiar dólares por pesos y destinarlos a la construcción. También establece tomar a cuenta de Bienes Personales, el 1% del monto de las inversiones en construcción realizadas, que ya se podrá computar para el año 2020. Y un diferimiento del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles y de Ganancias para las personas físicas que transfieran, hasta el 31 de diciembre de 2022, los inmuebles a constructoras o empresas que desarrollen proyectos inmobiliarios.
Lumello reconoce que se trata de incentivos atractivos, pero también advierte que no pueden desprenderse de las malas experiencias de blanqueos pasados. “Hay que ser sinceros, no sería el primer blanqueo que permite exteriorizar bienes a los que después alguien se le ocurre cobrarles una nueva imposición después. Los argentinos tenemos muchos impuestos que han sido por única vez. La inseguridad jurídica conspira contra todo eso, los mismos que legislan sobre algo no tienen ningún reparo en legislar de otra cosa más adelante”.
Más tiempo. Así las cosas, una alternativa sería patear el blanqueo para otro momento cuando las condiciones de la economía sean más previsibles. O extender los plazos pautados para aquellas personas que quieren adherir al esquema. El proyecto de blanqueo actual establece que el costo del blanqueo varía en función de cuándo se ingrese: se gravan con el 5% los fondos blanqueados desde que rige la ley hasta el 31 de diciembre de este año, un 15% hasta el 31 de enero y un 25% durante febrero.
En la Cámara de la Construcción son afines a la idea de que, si se aprueba, el blanqueo tenga otros plazos: “Sería conveniente que se extiendan los plazos. Hacerlo en medio de este contexto casi garantiza un fracaso. Si vos no extendés los plazos hasta que la macro se estabilice será difícil. Hay que tener más estabilidad para que la gente decida hacer con el blanqueo una inversión. Sino la gente va a seguir alquilando cajas de seguridad o resguardándose en lo que sea”, dice Lumello.
