Piden citar a juicio a banda que simulaba tener acceso a remates
Entre sus miembros hay dos abogados. Seducían a las víctimas invocando información de subastas de inmuebles y autos. Las estafas cometidas involucran montos que van desde los $70.000 a más de U$S70.000.
VINCULOS. La banda invocaba contactos con funcionarios judiciales. Los engañados pagaban pero nunca recibían los bienes. |
Cedoc Perfil
Entre 2015 y 2016 un grupo de siete personas, entre ellas dos abogados, constituyó una organización aceitada para captar “clientes” y estafarlos, según determinó el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, quien pidió la citación a juicio a los acusados.
Las maniobras desplegadas por la banda consistían en convencer a las víctimas que la organización a la que ellos pertenecían tenía acceso a información de las subastas judiciales, podían evitar el remate y vender en forma directa y anticipada bienes inmuebles y vehículos a precios muy convenientes. Sin embargo, todo era una gran mentira porque solo utilizaban los datos de los juicios y de las subastas, aunque lo hacían con gran persuasión.
Llegaron a acompañar a los inversores a ver casas y terrenos en la ciudad y el interior provincial que jamás recibirían a pesar de la paga y señas abonadas, contra la cual solo recibirián, documentación apócrifa. S
egún se pudo comprobar en la instrucción, el cerebro e ideólogo fue Carlos Humberto Moras, ya fallecido. Los abogados acusados son Esteban Raúl Vega y Patricia Ibáñez. Pero además están imputados Patricia Alejandra Rodríguez (comerciante), Carlos Daniel Galeassi (empleado del Ministerio de Justicia), Mónica Alejandra del Valle Vera Selaye (ama de casa), Gustavo Orlando Fernández (empleado de seguridad) y Nilda Elisa Piedrabuena. Todos se encuentran detenidos y si bien el fiscal Gavier solicitó que sean juzgados, los abogados defensores se opusieron al requerimiento por lo que el jueves último el expediente fue girado al Juzgado de Control.
Los delitos por los que se los imputó son asociación ilícita y estafa reiterada.
Vender humo. Durante la investigación se comprobaron una veintena de hechos con estafas varias de la que resultaron damnificadas numerosas personas que cayeron bajo la persuasiva invitación a obtener una casa, un terreno o un auto que se subastaba por orden judicial. Con roles diferentes, se autodenominaban “La Liga”, “La Trenza” o “La Fiscalía” y se presentaban como una suerte de organización que contaba con la autorización de diversos funcionarios, magistrados y auxiliares del Poder Judicial, ofrecían bienes que supuestamente estaban por ser rematados en distintos procesos judiciales a diferentes inversores y a un precio conveniente, se lee en el requerimiento fiscal. Todo era humo. Ni los vínculos, ni el acceso a los remates eran reales.
Se dividían los roles. Había quién captaba inversores, otros montaban un discurso convincente y cobraban dinero a los potenciales adquirentes. En cuanto a los abogados acusados, Vega comenzó como tal pero después mutó y actuaba como supuesto martillero. Para ello prestaba la sede de su estudio jurídico. Patricia Ibáñez se presentaba como abogada e intermediaria. En su estudio se concretaron varias operaciones.
