Todos coinciden en que la incapacidad de respuestas y la falta de diálogo con el sector llegaron a su punto cúlmine el pasado lunes, cuando una manifestación frente al Incaa (que incluyó enfrentamientos con la policía y detenidos) terminó con el desplazamiento de Luis Puenzo del frente del organismo.
En medio del escándalo, asumió la presidencia Nicolás Battle, vicepresidente del ente, pero lejos de apaciguar los ánimos, distintos actores de la industria profundizan sus posiciones respecto al conflicto que, según indican, ya lleva varios años.
Poniendo blanco sobre negro. En 2017, el Congreso de la Nación definió una nueva ley que establecía que todos los impuestos específicos que iban a parar al Instituto Nacional de la Música, del Teatro, del Cine y las Bibliotecas Populares, quedarían sin efecto cinco años más tarde, es decir en diciembre de 2022.
Al respecto, Jorge Álvarez, coordinador del Polo Audiovisual, indicó en el programa ‘Con el diario del lunes’ (Canal 10) que “la normativa que está a punto de caer desfinancia a toda la cultura argentina. Lo que se pretende ahora es que se renueve una ley consensuada por 10 años más. Mientras tanto, hay que discutir una nueva ley porque la vigente cayó en desuso. Al Incaa entran anualmente 3.200 millones de pesos y financia buena parte de la producción de cine, no solo de Capital Federal sino del país”.
Es importante señalar que el cine y toda la actividad audiovisual se financia con lo que recauda la misma actividad y por eso se le llama ‘impuesto de asignación directa’. Así, el Fondo de Fomento Cinematográfico que administra el Incaa se autofinancia con la recaudación del 10% del valor del ticket de cine, con los alquileres y compras de los videogramas grabados y con un 25% de lo que recauda el Ente Nacional de Comunicaciones. “Eso lo seguirá recaudando el Estado pero, de no mediar una nueva ley antes del 31 de diciembre, en lugar de ir a la caja del Incaa iría a Rentas Generales”, dice Mariano García, de la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba (Apac).
Un problema de larga data. Desde distintos sectores de la industria audiovisual remarcan que los problemas no son nuevos: “Hace tres años que venimos con este tema. No se aplicaban concursos, el comité no se reunía, se veía una clara estrategia de fomentar solo a las grandes productoras. Sin contar que había empezado a circular un nuevo plan de fomento que no era federal y no contemplaba la cuestión de género. Ahora, con esto, nos vamos a quedar sin la autarquía del cine”, empieza diciendo Nani Tobal, productora de la película ‘Bandido’ e integrante del Colectivo de Cineastas de Córdoba.
Y no es un dato menor, porque con los ingresos de la industria en manos del Estado, las decisiones de los proyectos culturales quedarán bajo el foco del Fondo Monetario Internacional, encargado de auditar las rentas nacionales.
El costo de hacer películas. Si bien muy retrasado respecto a la actualización y a la inflación, el costo medio que estipula el Incaa para hacer una película es de 96 millones de pesos. “El costo depende del proyecto, el cine es muy diverso y nosotros queremos que existan todas las posibilidades. Porque está buenísimo que haya películas comerciales como 'Granizo'. Pero también tiene que haber documentales y películas que hablen de lo que nos representa socialmente y como comunidad”, reflexiona Tobal.
En la misma línea, García agrega que “en Argentina, salvo los proyectos que encaran las plataformas, no hay mega producciones. Y al establecer el Incaa este valor, le da un marco para estructurar toda la industria: es un número de referencia”.
En Córdoba se filman un promedio de seis películas anuales y un alto porcentaje del financiamiento proviene del Incaa. “El problema no está en las alternativas que tenemos sino en quiénes pueden acceder a esos financiamientos. Para darte un ejemplo, en Bandido tuve tres patas financieras: el Polo Audiovisual, un coproductor español y el Incaa. Pero el Incaa financió el 80% de la película. Es decir que como fondo de cine independiente es un ejemplo en el mundo, pero mal gestionado no es ejemplo de nada”, insiste Tobal.
García, por su parte, destacó que otra arista tiene que ver con la incertidumbre a la hora de la planificación: “Los proyectos cinematográficos tienen un desarrollo de varios años, entonces necesitamos tener las garantías de que los montos van a estar actualizados según el costo medio de película nacional que rige en el momento que se esté haciendo. Si esto cambia, esa planificación no se podrá hacer porque cómo vamos a saber de acá a cinco años cuál va a ser la decisión política de asignación presupuestaria para el Instituto”.
Proyecto de ley. Aunque no todo el sector audiovisual está de acuerdo, existe un proyecto de Ley presentado por el diputado Pablo Carro (FdT) que extendería la vigencia de esta asignación para que siga yendo a los institutos correspondientes. Para Mariano García podría ser una alternativa provisoria. “Hay un tecnicismo legal por el cual es relativamente más sencillo con un proyecto de ley extender el plazo de caducidad. De aprobarse el proyecto de Carro, se extendería el plazo en un mínimo de 30 o 40 años, lo que permitiría planificar la cinematografía hasta encontrar una solución de fondo”.
Las plataformas y la propiedad intelectual
Si bien hoy están creando numerosas fuentes de trabajo, lo cierto es que ninguna genera un desarrollo sostenible para el sector, según señalan los involucrados. Pero quizás el problema más grande tiene que ver con que las plataformas se quedan con la propiedad intelectual de las historias. “Lo que está en juego respecto al financiamiento del Instituto es la posibilidad de tener el copyright de las historias y a su vez financiar proyectos en los cuales haya directores que inicien su camino. Creemos que las plataformas deben ser incorporadas de un modo inteligente porque es importante que Argentina mantenga la propiedad intelectual y tenga fondos propios para poder negociar con ellas y desarrollar otro tipo de proyectos”, explica García.
En sintonía, Tobal señala que “esto tiene que ver con decisiones políticas y con el ingreso de las plataformas a la región. Ellos compran el guion y todos sus derivados y luego te contratan, pero los dueños de todo son ellos. Yo no rechazo las plataformas porque sí, entiendo que es un hábito de consumo y que genera movimiento dentro de la industria, pero no debería por eso correr riesgos el Incaa y la creación de películas independientes”.
El paradigma de ‘La chica que limpia’
“El modelo que nosotros tenemos es el de ‘La chica que limpia’: un copyright local que se está exportando a todo el mundo y se está trabajando con todas las plataformas. Es un caso muy particular que da cuenta de la creatividad local. Al tratarse de una serie, fue hecha con un fondo del Ministerio de Planificación Federal. Ese financiamiento permitió que hoy esté exportada a Fox, Warner, HBO y se ha vendido a Rusia, India y Turquía”, dice Mariano García.
No sólo el cine
La ley 27.432, que fue promulgada durante el gobierno de Mauricio Macri, señala que el 31 de diciembre de este año vencen las siguientes asignaciones de fomento para el Incaa, el Instituto Nacional de la Música (Inamu), el Instituto Nacional del Teatro (INT) y bibliotecas populares. “Esos impuestos no se eliminan, lo que se elimina es la asignación directa y esa recaudación empieza a ir a Rentas Generales”, explica García.
En Córdoba, desde el Frente de Trabajadorxs de la Cultura convocaron a una asamblea general para el próximo miércoles 20 a las 19 en la Casa de los Trabajadores Fragueiro 237), para “coordinar nuestras acciones y visibilizar nuestra lucha en estos tiempos tan adversos”.
