Mañana llegará a las comisiones de la Cámara alta el proyecto de acuerdo de refinanciación de deuda con el FMI. Allí, como ya pasó en Diputados, expondrán algunos funcionarios como el ministro Martín Guzmán, el jefe de Gabinete Juan Manzur, el titular del Banco Central, Miguel Pesce, y la jefa de la Afip, Mercedes Marcó del Pont. El paso por el Senado debería tener un tratamiento rápido luego del amplio respaldo que se logró en Diputados.
En rigor de verdad, solo se discutirá un artículo: el que habilita al Ejecutivo a tomar un nuevo préstamo –luego de revisiones trimestrales– para pagar los vencimientos refinanciados por la deuda de US$ 45 mil millones. Si se tiene en cuenta que no se incluyen los artículos y anexos que explican las metas pactadas con el FMI y el programa económico para alcanzarlas, debería aprobarse sin sobresaltos.
Pero aunque no pase por el Congreso, ese programa hay que presentarlo, ejecutarlo y tratar de implementarlo con el mayor consenso político. Si estará el ministro de Economía, Martín Guzmán, para llevarlo a cabo es una de las incógnitas principales. Como se sabe, uno de los aspectos medulares del programa acordado con el staff del Fondo tiene que ver con el camino hacia una gradual reducción del déficit fiscal: 2,5% para este año, 1,9% para el próximo, 0,9% para el 2024.
Las violentas manifestaciones en las inmediaciones del Congreso, pero también los votos negativos de parte de la bancada oficialista –la liderada desde el banco de suplentes por Máximo Kirchner–, libertarios y la izquierda y el apoyo condicionado del resto de los diputados que acompañaron la necesidad de financiamiento pero no el ‘camino’, son un fuerte condicionante para lo que seguirá luego. Es decir, qué y cómo se reduce el gasto.
Más allá de los planes de Guzmán, la presión social y política impulsada por un contexto de mayores precios internacionales para el gas y el petróleo puede condicionar seriamente una baja efectiva, amplia y real de los subsidios a la energía. Tampoco habría espacio para recorte de haberes previsionales por la indexación existente para las partidas jubilatorias.
Así, aparecen otros caminos, como una reducción en las partidas de la obra pública o en las transferencias discrecionales a las provincias.
No se trata de un ítem menor para las arcas provinciales. Ese tipo de envíos de recursos que define la Nación en paralelo a las transferencias automáticas tienen su peso. En promedio, son el 6,6% de los ingresos totales de las provincias, aunque hay variaciones. Para La Rioja son el 21%, para Córdoba el año pasado representaron el 5,6% de los ingresos. Un recorte en las transferencias se sentirá.
Y no solo es probable a la hora de allanar el camino hacia una reducción del déficit que seguirá pidiendo el FMI. Ya parece haber empezado. En efecto, tal como muestra un informe de los economistas Marcelo Capello y Jonás Alvarado, del Ieral, en los primeros dos meses del 2022 las transferencias discrecionales pagadas tuvieron una baja consolidada y real del 16% para las 24 jurisdicciones. En este punto se están viendo fuertes disparidades. Los envíos de Nación cayeron –en términos reales– 80% en San Juan y 74% para Jujuy. Y subieron 82% en Tierra del Fuego y 17% en la populosa provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. Para Córdoba los envíos también cayeron fuerte: 47% en dos meses.
Estrangulamiento nacional. “La situación de las provincias está mencionada en los memorándums de forma muy elíptica. Una de las cosas que llama la atención es que no hay ningún tipo de control sobre los subsoberanos, provincias y municipios. En otros acuerdos también se hacía una lupa sobre esto. Creo que las provincias van a tener más grado de libertad. Obviamente que hay controles sobre las partidas que asisten a las cajas de jubilaciones, pero el foco está puesto en la jurisdicción nacional. Y en materia propia de las provincias, pienso que cualquier situación de mayor calma con relación al mercado financiero, al tipo de cambio y tasas de tipo de interés positivas y de que empecemos a ver al menos que la inflación no se dispare, puede mejorar”, plantea Diego Dequino, exsecretario de Economía de la Municipalidad y actual presidente del Centro de Estudios en Economía, Sociedad y Tecnología (Seescyt).
“En materia de deuda, en general, la situación de las jurisdicciones menores es mucho mejor que la situación de la jurisdicción federal, a diferencia de lo que pasó en las crisis del 2001 o de 1995. En este caso nuestra circunstancia empieza por un estrangulamiento en la jurisdicción mayor. Las jurisdicciones provinciales, en general, no están teniendo problemas en materia económica. Tienen problemas de gestión o políticos. Pero no problemas estructurales, económicos y mucho menos los municipios. No quiere decir que la situación sea buena, pero en materia de jurisdicciones menores, al menos por ahora, la sangre no ha llegado al río”, remarca.
“En lugar de cumplir ‘a reglamento’ con los compromisos con el FMI, el gobierno debería presentar una detallada hoja de ruta acerca de los instrumentos a utilizar para lograr esos objetivos, y las opciones existentes para el caso que los supuestos asumidos registren desvíos significativos. Si bien la hoja de ruta no subsana la falta de reformas estructurales, poner sobre la mesa la agenda de corto plazo permitirá organizar el debate sobre los cambios pendientes en el país para alejar riesgos macro y mejorar los incentivos de la micro”, sostienen desde el Ieral.
Herencia para 2023-2024
“Con el acuerdo, se cerraría el año 2022 con metas modestas: un ajuste insuficiente para resolver los problemas de fondo y una tasa de inflación al menos tan alta como en 2021, dejando demasiados temas pendientes para el 2023, año de elecciones presidenciales. A su vez, el ritmo de acumulación de reservas por parte del Banco Central depende mucho más de la política económica que de los desembolsos del FMI, en el caso en el que las metas trimestrales se vayan cumpliendo” resumen en el Ieral.
