En la Fiscalía Anticorrupción 2 todavía no logran desentrañar la trama detrás del caso que significó un terremoto en el área de Seguridad de la Provincia, cuando en julio debió renunciar el titular de la Secretaría, Diego Hak, anticipándose a una serie de videos que el portal Streaptease del poder publicó luego en Youtube. Desde ese momento hasta hoy la causa judicial que unifica las denuncias cruzadas entre los dueños del boliche ex-Rapoza y Hak no avanzó en forma consistente. Se parece más a un juego de ajedrez plagado de estrategias que a presentaciones con el objetivo de esclarecer hechos.
Las declaraciones testimoniales que brindó en la justicia el empresario de la noche Roberto Moyano –titular del local mencionado- nada tienen que ver con las manifestaciones públicas a los medios de prensa. “No ha precisado personas, lugares y fechas y tuvo sospechosas lagunas mentales cuando fue interrogado”, sostuvo ante este medio un investigador. Hasta ahora, aportó información sesgada y vaga.
Por caso, cuando le preguntaron sobre qué recaudos tomaba para mantener su negocio abierto, él advirtió que solo hablaría de la Policía de Córdoba y dejó afuera, explícitamente, a la Municipalidad, que es la que tiene a su cargo las inspecciones de este tipo de actividades. Es más, fue a partir de la presentación del secretario de Control y Fiscalización del municipio, José María Olmos, que Rapoza terminó con una clausura judicial en el mes de abril de este año y desde entonces no pudo abrir más sus puertas.
Sin embargo, Moyano jamás apuntó contra ése u otros funcionarios comunales. El empresario presentó videos de los controles que hacían los efectivos de la fuerza de seguridad. “Imágenes intrascendentes” calificó una fuente consultada. Por el contrario, en los allanamientos realizados a su domicilio no fue posible encontrar las filmaciones realizadas en su casa, en las que se ve a Ricardo “Coco” Hak, padre del exsecretario de Seguridad, pidiendo aparentemente coimas para que él pudiera trabajar el boliche. No aparecieron las grabaciones en bruto y tampoco las editadas.
La investigación apunta a generar dos cuadros con información para entrecruzar. Por un lado, se busca construir el cronograma de días en que la Policía se hacía presente en el lugar y las jornadas en que no acudía al local. Por otro, las veces que -según Moyano- pagó para poder abrir las puertas de Rapoza. Si coinciden las veces en que no fue controlado con las que pagó coimas se habilitarían indicios de la veracidad de la denuncia. Pero no está claro, aún, cómo obtener ese tipo de información de modo certero.
Dudoso estatus de refugiado. A mediados de agosto Roberto Moyano viajó a Uruguay. Tras denunciar amenazas explicó que solicitaba el estatus de refugiado en el vecino país. Dijo sentirse en riesgo de muerte. Desde Córdoba viajó a Buenos Aires; y desde ahí a la localidad uruguaya de Colonia. Hasta hoy, la embajada argentina con sede en Montevideo no fue informada respecto de la aceptación del trámite iniciado por el bolichero.
Hak, un colaborador parcial. Una vez afuera de la función pública Diego Hak se presentó a la Fiscalía Anticorrupción acompañado por el abogado Gustavo Liebau. Fue durante los primeros días de agosto. En ese momento le dijo a la prensa que presentaba documentos que probarían la existencia de una red de extorsionadores de funcionarios públicos que actuaban desde el año 2003. Lo que hay en las supuestas pruebas son “medias palabras” acusó un investigador ante este medio. Tampoco sobre esa pista hay avances sustanciales.
Por su parte, Ricardo Hak admitió haber pedido dinero pero dijo que lo hizo por su cuenta. En el medio de esta compleja y oscura trama se difundió un audio en el que el dueño de Agustino Cueros, Gustavo Arce, dialogaba aparentemente con el policía Sergio Gómez y mencionaba una operación para terminar con el entonces secretario de Seguridad, Hak. Allí se invocaba el nombre del abogado Marcelo Touriño, quien daría a conocer información comprometedora para el funcionario. Sucedió, luego, la denuncia por el presunto faltante de armas policiales.
A más de dos meses del escándalo no hay imputados. Moyano y Hak padre e hijo se presentaron cada uno con sus abogados para formular “manifestaciones”. ¿Qué delitos se investigan? De haber existido pago de coimas, cabría cohecho en el caso de funcionarios públicos. Para el resto sería extorsión. La fiscalía donde se encuentra el expediente está a cargo, momentáneamente, de Marcelo Fenoll.
Touriño en acción. Tras varias idas y vueltas por cuestiones de competencia, una denuncia del abogado Marcelo Touriño contra Diego Hak quedó finalmente radicada en la fiscalía del Distrito I, Turno2, a cargo de Guillermo González. No se acumuló al resto que se tramita en el fuero Anticorrupción. Allí, la investigación apunta a develar si efectivamente el exsecretario de Seguridad amenazó al abogado a través del exjefe policial Sergio “la Rosa” Gómez. Y si su desplazamiento de la fuerza tuvo que ver con los entretelones del Rapozagate. “Este aspecto será muy difícil de probar”, opinó ante este medio una fuente de la investigación. Tampoco ahí se resolvieron imputaciones y por el momento se están recabando testimonios.
