La actuación policial en las protestas por demandas gremiales y sociales que se expresan en las calles con piquetes, ocupaciones y movilizaciones, tienen nuevos referentes del Ministerio Público Fiscal para emitir las directivas.
Hace 10 días, la Fiscalía General asignó la concentración de las órdenes durante ese tipo de manifestaciones a Ernesto de Aragón y a Guillermo González. Reemplazan al fiscal Raúl Garzón, quien desempeñaba ese rol desde hace aproximadamente dos años.
La semana pasada, De Aragón ya entró en acción. Ordenó el desalojo en la punta de línea de la empresa Ersa, donde un grupo de militantes de la CTA disidente impidieron la salida de las unidades del transporte urbano en reclamo de la reincorporación de un trabajador y por el reconocimiento de la entidad gremial en el sector.
Es una función sensible que implica definir las órdenes al personal policial para que actúe dentro del marco legal.
En cada protesta y movilización masiva se ponen en juego derechos: el de peticionar, el de transitar y el de garantizar la integridad física de todos, manifestantes o personas afectadas por las protestas. Por eso termina bajo la lupa de la sociedad que reclama a la Justicia una intervención eficiente.
Antes de la llegada de Juan Manuel Delgado a la Fiscalía General, los adjuntos habían decidido concentrar la función. Designaron a Garzón para dar las directivas en las situaciones que surgieron en toda la ciudad de Córdoba. Fue en mayo del 2020, cuando una nutrida caravana de médicos salió a protestar porque el fiscal Andrés Godoy, había imputado a profesionales por un brote de coronavirus en un geriátrico de Saldán.
Durante la pandemia, actuó en reclamos de familiares de detenidos en la cárcel de Bouwer y en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), que se habían transformado en una olla a presión porque se prohibieron ingresos de visitas y se fijó un estricto protocolo para el movimiento de los detenidos.
En noviembre del 2020, ordenó detener a cinco empleados municipales por disturbios, en una protesta por reclamos salariales. Los imputó por lesiones leves y calificadas. También actuó por ocupación de tierras en reclamo de viviendas.
El año pasado ordenó instalar vallados en calles y puentes para garantizar un corredor sanitario cuando las protestas de organizaciones sociales bloquearon los ingresos al centro y las arterias principales. Fue en esa ocasión cuando aseguró a este medio que podían criticarlo “por las demoras en el tránsito, pero jamás por un exceso represivo”.
Fue cuestionado por dirigentes del Partido Obrero a raíz de lo sucedido en la marcha contra el FMI que se desarrolló el 8 de febrero pasado. Ese día, en un sector de la manifestación, se produjo una corrida y se sospechó que se debía a la presencia de infiltrados. También hubo información cruzada sobre un joven herido que terminó en el Hospital de Urgencias. Garzón finalmente pudo identificar a los que causaron el estrépito en la marcha y se desechó la idea de infiltrados.
Cierra un ciclo. En un año y medio hubo unas 500 manifestaciones en distintos puntos de la ciudad, de menor o mayor convocatoria. A razón de una por día.
Garzón presentó una nota solicitando formalmente la desafectación de esa función. Fuentes de la Fiscalía General valoraron positivamente su desempeño. Relataron que cuando se le encargaron las protestas sociales, le encomendaron trabajar con la policía para elaborar un protocolo de uso racional de la fuerza. “Hizo una tarea impecable y muchas protestas fueron contenidas y donde no se pudo fue por presencia de elementos de riesgo como palos o porque no se informó a tiempo sobre convocatorias masivas”, señalaron.
Explicaron que el motivo por el que dejó la función radica, además, en que “en su fiscalía tiene muchas causas complejas y para garantizar la división de trabajo, se decidió el recambio: queda De Aragón, que antes era suplente de Garzón, y se suma Guillermo González”. Ambos se irán alternando y coordinando la tarea operativa, conforme a la carga laboral de cada una de sus fiscalías.
González tiene experiencia en el tema. En 2018, durante intensas protestas de Luz y Fuerza, quedó a cargo de todas las causas derivadas de los conflictos en la Epec. Tiene un perfil dialoguista y el hecho de llevar años en una fiscalía del Distrito 1 –que abarca el centro de Córdoba– le sumó conocimiento de conflictos y protestas. Actualmente, todos los siniestros por descargas eléctricas en espacios públicos van a su fiscalía, además de las causas ordinarias que le corresponden por turno y área geográfica.
