A poco más de dos años de que la causa fuera elevada a juicio, el 17 de febrero próximo el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) comenzará a juzgar a un grupo de 14 personas que, con diferentes roles, habrían integrado una asociación ilícita para evadir impuestos. Así lo sostuvo el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, cuando describió los hechos que se investigaron y por los cuales está acusada, entre otros, María Pía Cardoso. La abogada tomó notoriedad pública hace algunos años cuando fue pareja de Marcelo Macarrón, viudo de Nora Dalmasso, y actualmente también con juicio pendiente acusado por el homicidio de su mujer.
A fines de 2006, Dalmasso fue encontrada muerta en su casa. Un año más tarde trascendió el vínculo amoroso entre el viudo y Cardoso; por aquellos meses comenzó la investigación por evasión y en 2008 fue detenida y permaneció en la cárcel durante tres meses hasta que en septiembre logró su libertad, al pagar una fianza.
Actualmente, Cardoso tiene una vida social muy activa en Buenos Aires que retrata en redes sociales, como presidenta de una importante fundación con la que participa de eventos con estrellas del espectáculo.
La lista de acusados que serán juzgados a partir del próximo mes se completa con Atilio Omar Mengo y sus hijas Francina Evelin y Luisina Sol Mengo; Eduardo Meta y sus hijos Diego y Gabriel Meta; Claudio Fabián Giles, Hugo Alfredo Agüero, Vanesa Romina Moyano, Sebastián Guillermo Barreiro, Sergio Raúl Bertoni, Leonardo Fabián Petitti y Gabriel Alberto Ludueña.
El tribunal será presidido por la jueza Carolina Prado e integrado por Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci. El fiscal será Carlos Gonella.
Modus operandi. En apretada síntesis los hechos investigados y por los cuales se los acusa –a cada uno con diferentes responsabilidad según los roles– habrían consistido en la venta de granos en negro evadiendo el pago de la carga tributaria. Para ello habrían ocultado al verdadero productor con artilugios como el movimiento físico del cereal y manipulación financiera.
“Como primer eslabón de la cadena delictiva se detectó el reclutamiento de personas, en general de bajos recursos, a quienes mediante la promesa de dinero y con la finalidad de burlar el sistema tributario, al tratarse de sujetos insolventes, se los instaba a inscribirse en el régimen impositivo de monotributistas. Una vez inscriptos, se les habría hecho firmar documentación necesaria para la comercialización referida”, señala el requerimiento de elevación a juicio que será la base para el desarrollo de las audiencias.
Los ‘prestanombres’ se habrían utilizado para suscribir cartas de porte, con lo cual aparecían como vendedores de la producción agraria sin serlo. Y, también, para hacerlos figurar como supuestos proveedores para aparentar el cumplimiento de exigencias legales. Una vez generada la documentación apócrifa respecto del vendedor (prestanombre) el adquirente de los bienes obtenía los beneficios del cómputo del crédito fiscal del IVA y la deducción del costo respectivo en Ganancias.
Adicionalmente, al utilizarse supuestos proveedores monotributistas, con la maniobra se burlaban los regímenes de retenciones impositivas, ya que estos sujetos no resultaban alcanzados por carecer de solvencia económica.
Para cerrar el circuito habrían emitido una serie de cheques por montos inferiores a $50 mil, a nombre también de los falsos ‘monotributistas’. Los terminaron cobrando –con intermediación de entidades crediticias o dedicadas a negocios financieros– otras personas físicas o jurídicas.
Reclutamiento. Por esos años (alrededor de 2007) María Pía Cardoso se desempeñaba en el área de Saneamiento de Títulos de la Municipalidad de Río Cuarto. El contacto con personas de escasos recursos le habría servido para “reclutar” (así lo describió el juez Ochoa) a personas de escasa instrucción y situación económica apremiante, con la colaboración de Claudio Fabián Giles y Vanesa Romina Moyano.
Una vez contactados los inscribían como monotributistas/ productores de grano a cambio de algún pago o prometiéndoles beneficios previsionales. Luego de ese trámite, con la identidad de los indigentes se habrían gestionado solicitudes de autorización para comprar cartas de porte (necesarias para el transporte de granos), con lo que blanqueaban operaciones marginales de la misma actividad.
Quien sí era productor agropecuario era Atilio Omar Mengo, quien se desempeñaba como presidente del directorio de FLG Agropecuaria SA y Soybeans SA. Sus hijas, Francina y Luisina, por su parte, figuraban como presidenta o directoras de las mencionadas sociedades.
Leonardo Fabián Petitti y Gabriel Alberto Ludueña eran integrantes de la financiera Gordon SA, con domicilio en Córdoba capital. Según la acusación ellos habrían movido valores pertenecientes a las empresas del grupo Mengo. En Gordon se habrían monetizado los cheques –con el pago de una comisión– y también se habrían presentado a través de esa firma en sociedades de la Bolsa de Valores para ser negociados a través de ‘operaciones bursátiles de caución’.
Por su parte, Sebastián Guillermo Barreiro y Sergio Raúl Bertoni eran gerentes de las empresas Cereales y Pasturas SA y Oro Verde SRL. Al igual que en el caso de los Mengo, fueron investigadas por haber llevado a cabo operaciones de comercialización de granos figurando como vendedores del cereal numerosos ‘monotributistas’, quienes negaron a funcionarios de la Afip haber comercializado granos o realizado actividad agropecuaria alguna, ni recibido, firmado o endosado cheques. No obstan - te reconocer que habían sido inscriptos a cambio de dinero.
En tanto, Eduardo Meta y sus hijos Diego Daniel y Gabriel Luciano también habrían hecho circular cheques emitidos por las empresas relacionadas a Atilio Mengo.
PUNTOS EN DISCUSION
El expediente tuvo sus vaivenes. A una importante cantidad de incidentes presentados por las defensas se sumó la decisión del TOF1 –con otra integración de jueces– a fines de 2014 de declarar nula la elevación a juicio por falta de descripción precisas de los hechos que se achacaban a cada uno de los imputados.
Ese requerimiento fue reformulado, pero las objeciones continúan. Varios defensores consideraron que, en esta oportunidad, sin que el fiscal federal requiriera el juicio, el juez Carlos Ochoa la elevó sin haber concluido la investigación. Por eso pidieron nuevamente la nulidad del requerimiento. A pesar de ello la audiencia se abrirá el 17 de febrero.
Otra cuestión es si hay delitos prescriptos. Y en relación a Giles y Moyano, el defensor oficial Jorge Perano solicitó que los sobreseyeran por considerar que eran personas sin estudios completos y que fueron víctimas como el resto de los prestanombres, al ser inducidos y engañados en su buena fe.
