La reforma judicial anunciada por el presidente Alberto Fernández propone para Córdoba una serie de cambios estructurales. Entre ellos, la creación de un segundo juzgado penal en las sedes de Bell Ville y Río Cuarto y tres juzgados penales en la ciudad de Córdoba; una defensoría pública, y una fiscalía también para la Capital. Además, establece traslados de secretarías entre diferentes juzgados.
PERFIL CÓRDOBA consultó la opinión a jueces, fiscales y defensores oficiales. Todos, sin excepción, apoyaron la necesidad de una reforma en las estructuras de la Justicia Federal, con objeciones.
La presidenta de la Cámara Federal, Liliana Navarro, señaló que no fueron consultados sobre dónde crear nuevos tribunales. “Hace falta un juzgado en Villa Dolores, más que en Bell Ville que está a 50 kilómetros de Villa María”, precisó y cuestionó el traslado de la secretaría penal de San Francisco a Río Cuarto porque la frontera con Santa Fe es una zona problemática por el narcotráfico.
Sobre las especulaciones políticas entorno al proyecto, el camarista Luis Rueda opinó: “En Buenos Aires los jueces seguirán con sus causas; no sé en qué basan quienes dicen que favorece la impunidad. Y los jueces que pasen a CABA tienen la opción de quedar donde están”.
La defensora, Mercedes Crespi, destacó como positivo la especialización de los juzgados: ”es una ficción que los actuales jueces puedan estar en todas las áreas del derecho en las que se supone que están”. Crespi reclamó una ley de ingreso democrático que calificó de “deuda pendiente y una herramienta fundamental de transformación del Poder Judicial”.
Jorge Perano, también defensor, dijo que el proyecto apunta a una reforma de las estructuras judiciales. No dudó en avalar el incremento de los miembros de la Corte Suprema. “De 28 mil causas que ingresan por año, logran resolver entre siete y ocho mil. En todos los países las cortes son numerosas y están divididas en salas, precisó al señalar que se requiere agilizar el trabajo en el máximo tribunal del país.
Carolina Prado, presidenta del TOF1, remarcó que el proyecto “es ambicioso, reformula la Justicia Federal, con la creación de nuevos juzgados, unificación de cámaras, transferencia de competencias”. Y agregó: “La proporción de nombramientos de jueces y fiscales no parece estar equilibrado”, atendiendo al nuevo rol del Ministerio Público Fiscal en el nuevo modelo acusatorio. También advirtió que se anuncia la implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal en el ámbito de CABA, pero nada se dice respecto de su implementación en el interior del país”.
El juez federal N.º 2, Alejandro Sánchez Freytes, coincidió con Prado al señalar que no entiende “por qué tantos juzgados cuando lo que habría que incorporar son más fiscales o, al menos, mejorar la dotación de empleados y logística”. Citó como ejemplo que en casos de trata, abusos o víctimas de género “no tengamos gente capacitada para una Cámara Gesell y se deba pedir ayuda a la provincia”.
Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal 3, dijo estar convencido de que “cualquier reforma que tienda a acelerar los tiempos judiciales es buena”, pero puntualizó hacia dónde apuntar: “Así como existen empresas que buscan calidad humana para seleccionar personal, los exámenes en el Consejo de la Magistratura deberían mejorar la selección. En los últimos años hemos visto magistrados poco comprometidos con el Estado de Derecho, que abusaron de las prisiones preventivas e hicieron de los procesos penales un show mediático que terminó en sentencias televisivas, con procesos judiciales pendientes. Ningún juicio puede durar más de dos años hasta la sentencia, sea civil, penal, laboral o de cualquier materia. Los magistrados por venir deben comprometerse con este tipo de metas, en beneficio del justiciable”.
LA OPINION DE LOS FISCALES
Entre los fiscales existe un denominador común en el que se reafirma la necesidad de una reforma estructural de la Justicia, aunque tienen dudas, interrogantes y cuestionamientos técnicos al proyecto. “La cuestión de la reforma judicial es un tema de suma trascendencia política, institucional, cultural y hasta histórica.
Es una deuda pendiente desde hace décadas, te diría desde la recuperación de la democracia”, sostuvo el fiscal federal Carlos Gonella. Consideró que mermar el poder de los ‘12’ de Comodoro Py es tal vez una de los puntos medulares del proyecto: “Semejante concentración de poder resulta poco saludable y ha quedado demostrado a través de los casos de trascendencia pública. Por eso me parece adecuado el proyecto ya que propone desconcentrar y distribuir el poder entre 46 juzgados federales en lo penal para la CABA y 94 más entre las provincias”.
Sobre el impacto de la reforma en Comodoro Py, el fiscal federal Maximiliano Hairabedián se expresó en un sentido similar: “Desconcentrar el poder de los jueces federales de Comodoro Py también es una necesidad porque la excesiva concentración de poder contribuye a que ese núcleo del Poder Judicial que tiene una alta resonancia y visibilidad, muchas veces haya sido escenario de escándalos”. Sobre los aspectos generales, Hairabedian sostuvo que nadie puede desconocer que es necesaria una reforma de la Justicia: “Existe bastante consenso en que el sistema de Justicia no funciona bien, no goza de prestigio y tiene baja credibilidad.
En cuanto al proyecto presentado por el Gobierno opinó que tiene algunos aspectos muy positivos. Por ejemplo, la meta de implementar la reforma procesal del fuero penal federal que es ley desde 2015 y solo rige para Salta y Jujuy, ayudaría en acortar los tiempos del proceso además de contar con respuestas más eficaces y darle mayor protagonismo de la víctima”.
La reforma presentada por Fernández retoma algunos aspectos del nuevo Código Procesal Penal Federal que fue sancionado en el 2014 y luego suspendido por el expresidente Macri. “Esto generó un grave retroceso -advirtió Gonella-. El nuevo Código implica un cambio de paradigma en la resolución de casos penales federales, porque delimita con claridad los roles procesales, otorgándole al Ministerio Público Fiscal la facultad de investigar todos los casos y llevarlos, o no, a juicio; desformaliza los trámites y acota los tiempos. Todo ello implicará dotar de mayores recursos al Ministerio Público Fiscal, empezando por la previsión de mayor cantidad de fiscalías. Por eso llamó la atención entre los colegas, la desproporción contenida en el proyecto, entre los nuevos juzgados y fiscalías previstas para los Estados provinciales. Eso puede tener impacto en las investigaciones, porque como dije, cuando rija en forma plena el nuevo Código Procesal Penal Federal, se van a necesitar más fiscalías que juzgados”.
En el mismo sentido se expresó Hairabedian: “Algunos puntos del proyecto de reforma no me convencen. Por ejemplo, la cantidad de cargos nuevos de jueces que se quieren agregar me parece que no se condice con la idea de implementar el sistema procesal acusatorio, ya que en este sistema precisamente se reduce el trabajo de los jueces y se aumenta el de los fiscales.”
El fiscal Carlos Casas Nóblega también criticó esta cuestión: “La reforma no trata de manera correcta la situación del nuevo código procesal penal que le da un protagonismo a los fiscales. Este proyecto refuerza la figura de la magistratura judicial en desmedro de las figuras de los fiscales. Vamos a necesitar mucho más fiscales, creo que en este aspecto la reforma se queda corta”.
Los fiscales consultados también analizaron el impacto práctico que la reforma puede tener en los procesos en Córdoba, y si esto puede mejorar los tiempos de la justicia. Para Hairabedian, “en el fuero federal de Córdoba pasariamos a tener una organización distinta a la actual”. “La división del trabajo entre los fiscales ya no será repartiéndola por la etapa de investigación, juicio y recursos o por tribunales, sino que será más flexible y guiada por especialidades. Los juicios orales seguirán siendo parecidos a los actuales, pero se quiere analizar la posibilidad de introducir jurados populares. Eso no está decidido aún”, acotó.
Según Gonella, si la reforma se implementa se mejorarían los tiempos judiciales: “Hablamos de dos reformas, la procesal penal federal sancionada en 2014 y la anunciada por el Poder Ejecutivo esta semana. Respecto a esta última, lógicamente si logra plasmarse, al haber más juzgados penales federales, los tiempos se van a acortar. Pero además de ello, ojalá haya mayor calidad y diversidad en la forma de resolver los conflictos”. Tanto Hairabedian cómo Gonella coinciden en que la reforma actual no tendrá un impacto sobre las actuales investigaciones o juicios en trámite. Sobre la posible ampliación de los miembros de la Corte Suprema, Hairabedian acotó que “no tiene buenos antecedentes en nuestra historia reciente”.
