Hay paredes que son capaces de sudar historias porque a lo largo del tiempo supieron contenerlas. El 12 de julio de 1976 efectivos del Grupo de Artillería Aerotransportada 4 del Tercer Cuerpo del Ejército, a cargo del teniente coronel Carlos Alfredo Carpani Costa, ocuparon el inmueble ubicado en Fructuoso Rivera 1035 en barrio Observatorio. Allí vivían el matrimonio integrado por Victoria Abdonur y Héctor Eliseo Martínez junto a sus tres hijos, Walter Rubén, Laura Edith y César Adrián Martínez, de 7, 6 y 1 año, respectivamente. Allí también funcionaba, en un sótano de dos subsuelos, una sofisticada (para la época) imprenta clandestina en la que el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT-ERP editaba sus periódicos para difundir información y también libros para la circulación de ideas.
Esa casa, por una decisión de la Justicia Civil de primera instancia, debe volver a la familia que era la dueña en aquel momento: los herederos del matrimonio Abdonur-Martínez. El fallo, del 6 de septiembre último al que tuvo acceso PERFIL Córdoba pertenece al juez civil Manuel Esteban Rodríguez Juárez. En él, el magistrado declaró la nulidad de una escritura pública por la cual la casa de Fructuoso Rivera 1035/39 había sido “vendida” a Juana Ercilia Bianchi de Jaroszowok el 1 de abril de 1976. Según quedó acreditado, esa mujer había fallecido casi tres años antes de la presunta compra de la vivienda, el 7 de agosto de 1973, en la ciudad de Rosario.
El pedido de restitución, a partir de la declaración de la nulidad de la escritura, fue conducida por los abogados Carlos Orzaocoa y Pedro Salvadeo. Si bien es un pronunciamiento basado en reclamos civiles que puede ser apelado, el magistrado no ahorró argumentos del contexto. Dijo en un párrafo: “Dicha denuncia nos trae a la memoria una época oscura que nos tocó vivir a los argentinos, quienes nos encontrábamos a merced de un Estado dictatorial, en donde desde el propio Poder Ejecutivo, en manos de las fuerzas armadas, se elaboró un plan tendiente a la desaparición sistemática de opositores y la apropiación irregular de sus bienes”.
¿Qué sucedió con la casa después de la ocupación del Ejército? Según testimonios, allí funcionó un centro de operaciones donde se trasladaban y torturaban detenidos por las fuerzas militares. Llegaban encapuchados y con las manos atadas. Un promedio de tres por día. Lo testificó Carlos Bardach, un ex soldado que hizo el servicio militar en esa época y que presenció los procedimientos. Cuando la casa terminó de cumplir ese objetivo y fue abandonada por el Ejército, el entonces juez federal Miguel Puga emitió un certificado a nombre de Ofelia Cejas, como depositaria judicial junto a su esposo, Héctor Varela, empleado de los tribunales federales, quien falleció hace algunos años. La decisión del juez Rodríguez Juárez incluye una intimación dirigida a Cejas, actual moradora, para que desaloje la vivienda.
Una obra de ingeniería. El interior de esa casa se construyó en el más absoluto silencio y a las sombras. Tiene 8 metros de frente y 70 de profundidad. En la superficie era una vivienda familiar como cualquier otra, pero en su interior, a partir de la cocina, se podía desplegar una mesada de granito y acceder por un montacargas, que hacía las veces de ascensor, a dos subsuelos. Los obreros ingresaban el domingo por la noche, del modo más discreto posible. Era un grupo de entre 8 y 10 personas. Allí permanecían durante la semana para trabajar. Pasaban desapercibidos para los vecinos. Una vez concluida la construcción se instalaron las máquinas de la imprenta que funcionó desde 1974 hasta la ocupación militar y de la que salían las ediciones de “El Combatiente”, órgano del PRT; y “Estrella Roja”, órgano del ERP.
La actividad de este centro clandestino de detención durante los primeros y más furiosos años de la dictadura es motivo de una causa penal que está en plena investigación en la Fiscalía Federal 3, a cargo de Graciela López de Filoñuk.
La familia Martínez-Abdonur logró escapar aquel 12 de julio de 1976. Fueron a vivir a la provincia de Buenos Aires y allí, diez meses después, fue localizada por las fuerzas del Ejército que ingresaron a la vivienda que habitaban. Asesinaron a Héctor Martínez y se llevaron a Victoria Abdonur, quien permanece desaparecida.
Un espacio para la Memoria Histórica. Con mezcla de enjundia, nostalgia, convicción y sueños, el abogado Carlos Orzaocoa afirma que, en caso de quedar firme la sentencia, ansían entrar a la casa, crear una fundación y constituir allí un centro por lo que ha presentado un pedido junto a los hermanos César y Walter Martínez a la Comisión Provincial de la Memoria. El objetivo es preservar el sitio, como un acto de reparación y justicia.
“La información es más potente que las balas”
Walter Martínez es el hermano mayor de los tres hijos de Victoria Abdonur y Héctor Eliseo Martínez. Un testigo de la vida que emana de esas paredes. Si bien hay una sentencia judicial que les dio la razón, todavía no pueden ingresar a la casa. PERFIL Córdoba lo entrevistó. El diálogo arrastró al presente evocaciones conmovedoras.
-¿Qué recuerda de esta casa?
-Yo viví ahí hasta los siete años, aproximadamente. El frente tenía un portón por donde entraba la camioneta de mi papá, una Ford F100 gasolera. Había un pasillo hasta el fondo. Dos piezas, el baño y la cocina. Ahí empezaron a cavar. Se colocó una mesada de granito en el piso. Había un sistema de polea que tenía un contrapeso que permitía correr esa mesada. Nosotros le decíamos “El Pozo”. De mis tres hermanos yo fui el único que bajó. Vi máquinas que me parecieron gigantes. Eran imprentas. No sé cómo las habrán entrado, porque el ingreso era muy chico. Había mucho papel y olor a tinta. Se bajaba en un montacargas. Después supe que hubo varios allanamientos buscando la imprenta. Pero no la encontraron. Recuerdo el día en que mi mamá nos dijo que nos teníamos que ir. Salimos con lo puesto y dejamos la casa.
-¿En qué trabajaban sus padres?
-Mi mamá era ama de casa. Mi papá fue operario en Fiat, fue delegado gremial hasta que lo despidieron. Después, trabajó como cerrajero y herrero.
-¿Qué pasó el 12 de julio de 1976?
-No estábamos ese día. Salimos antes y nos alojamos en un hotel, creo. Después nos fuimos a Buenos Aires, donde terminamos viviendo en Jardines de Moreno. Como “jugando” nos dijeron que íbamos a cambiar nuestros nombres. El domingo 22 de mayo del ‘77, lo recuerdo muy bien, me despertaron los disparos. Era madrugada. Nos levantamos. Mi papá quedó adentro para quemar unos papeles. Mi mamá salió con una sábana blanca, como rindiéndose, y mi hermanito en brazos. Con mi hermana estábamos a su lado. Eran del Ejército y la Policía. Estaban parapetados en la casa del frente que estaba en construcción. A mi mamá le arrancaron a mi hermano de los brazos, le taparon la cara con una bolsa. Empezaron a disparar de nuevo hasta que alguien dijo: “Le dimos”. Era mi papá. Sacaron todos los muebles de la casa. A mi mamá se la llevaron ese mismo día
-Quedaron solos…
-La gente se acercó y una señora se ofreció para cuidarnos. Después mi tía logró encontrarnos y con una autorización judicial nos trajo a Córdoba.
-¿Qué siente después de la sentencia que les devuelve la casa?
-Estamos contentos pero sabemos que se puede apelar y esto se puede alargar. Es muy clara la sentencia. No le queremos echar la culpa a nadie, ni a los que viven allí, pero sí sabemos que esa casa era de mi mamá y mi papá. No es por el valor monetario, al menos de mi parte, sino para que se haga justicia.
-Hay un pedido para que se convierta en un espacio de la memoria.
-Sí. César y yo así lo queremos porque una imprenta es algo muy simbólico. Demuestra que la información molesta. La información es más potente que las balas. El conocimiento da poder. A eso lo aprendí de grande.
