domingo 09 de mayo de 2021
CóRDOBA INVESTIGACIÓN EN CURSO
25-04-2021 00:53

Rufeil: al expediente por enriquecimiento ilícito suman causa por facturas apoc

Sánchez Freytes envió al fiscal Anticorrupción Bornancini parte del expediente por pagos a proveedores fantasma. Se suma a la causa para determinar si se enriqueció en forma ilícita.

25-04-2021 00:53

Parte de la causa por evasión calificada, a raíz del hallazgo de facturas apócrifas en las cuentas de la Municipalidad de La Calera, fue remitida desde la Justicia Federal a la Fiscalía del Fuero Penal Económico N°1, a cargo de Matías Bornancini. Se acumuló al expediente abierto a mediados de 2018 por la denuncia de las legisladoras nacionales Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada, por presunto enriquecimiento ilícito al –por entonces– intendente de La Calera, Rodrigo Rufeil, y actual candidato a ocupar la Secretaría de Transporte de la Nación.

La remisión desde los tribunales del parque Sarmiento ocurrió luego de la declaración de incompetencia de parte de la investigación penal, por pagos de la Municipalidad de La Calera por $7,8 millones entre 2014 y 2016 a proveedores inexistentes. Una parte de la causa fue enviada desde el Juzgado Federal N° 2, de Alejandro Sánchez Freytes, al fuero anticorrupción provincial, más concretamente a la fiscalía de Bornancini. Rufeil no está mencionado ni imputado en la causa por facturación apócrifa, porque en los períodos donde se detectaron los pagos estaba de licencia y era funcionario provincial.

Están imputadas cuatro personas, entre ellas María Esther Figueroa, quien lo reemplazó mientras ocupó el cargo en la Provincia. Su nombre, en cambio, sí aparece directamente en la denuncia por enriquecimiento ilegal y en la contratación de empresas “de amigos y familiares” que hicieron Carrió y Martínez Villada. Pero en esta causa no hay un solo imputado, a tres años desde que se abrió la pesquisa.

¿Por qué habría conexidad entre ambas? De comprobarse irregularidades, todas estarían basadas en movimientos de los mismos fondos públicos, pertenecientes al municipio de La Calera.

Qué pasó en el expediente federal. Afip había detectado pagos con fondos del municipio a empresas y proveedores fantasma. En 2014, la lupa recayó sobre movimientos por $3,1 millones; en 2015, por $3,6 millones, y al año siguiente por $1,1 millón. Esos mismos hechos ahora serán analizados desde dos perspectivas. El fiscal provincial Bornancini debe estudiar si los pagos a empresas o personas inexistentes encuadran en una posible malversación de fondos públicos, mientras que Casas Nóblega profundizará la línea sobre la evasión que se habría consumado porque fueron ‘salidas no documentadas’ (SND), es decir que nadie tributó por ellas.

Los imputados son: María Esther Figueroa –reemplazó a Rufeil mientras fue ministro de Desarrollo Social de la Provincia– y los funcionarios de Recursos Contables, Darío Alejandro Gómez, y de Economía y Finanzas, Pablo Gustavo Facta y Juan Aparicio Sandoval. Todos fueron indagados.

Qué se investiga en Anticorrupción. La causa original que tiene a su cargo el fiscal del fuero anticorrupción, Matías Bornancini, tiene dos aspectos: uno apunta a la sospecha de un incremento desmedido y no justificado del patrimonio de Rufeil, y el otro, a presuntas irregularidades en contratos del municipio con empresas de conocidos y familiares. “Podría caber administración fraudulenta o negociación incompatible con su función”, señalaron a PERFIL CÓRDOBA fuentes con acceso al expediente, que recalcaron que la presentación es genérica. De todos modos, hasta ahora Rufeil ni ningún otro funcionario fue imputado por ningún delito.

Los informes diligenciados en la causa suman 40 cuerpos que ocupan 1,60 metro de altura. “Hay movimientos bancarios, informes de Afip, Registro de la Propiedad Automotor, de Inspección de Sociedades Jurídicas, del programa de viviendas ‘Lo Tengo’, de la Dirección General de Rentas, de la UIF y entidades privadas; incluso de aerolíneas por viajes realizados”, puntualizó una fuente del Ministerio Público Fiscal. Además, se analizó documentación secuestrada sobre 24 proveedores.

En este sentido, desmintieron desde la fiscalía que se haya decidido archivar el caso. El razonamiento es el siguiente: si hay irregularidades en contrataciones, es probable que impacte en un posible enriquecimiento ilícito. “Se tira de las dos sogas por igual”, graficaron a este medio, pero fueron herméticos a la hora de evaluar si a tres años de la denuncia hay o no elementos de prueba para una probable imputación o el cierre definitivo de la investigación. Hasta el momento no se produjo ninguna acusación.

“NADA ME IMPIDE LLEGAR A TRANSPORTE”

“El decreto va a salir, no hay nada que me impida trabajar en la Secretaría de Transportes de la Nación”, dijo Rodrigo Rufeil en diálogo con PERFIL CÓRDOBA. Y puso énfasis en que “no está imputado” en la causa por enriquecimiento ilícito después de tres años. “A las 48 horas de conocida la denuncia, me presenté, llevé todas las pruebas, incluyendo documentación de la Municipalidad. No tengo ningún problema en explicar mi situación”, añadió. Rufeil destacó, además, que la licencia aprobada en la Unicameral para pasar a la órbita de la Secretaría de Transporte, fue aprobada por todos los bloques “con excepción de la Coalición Cívica”. Y agregó: “Hay un dato muy importante a tener en cuenta: yo soy funcionario provincial desde 2012 por lo que tengo que presentar la declaración jurada ante la AFIP, y ahí está todo”.

Matías Bornancini
MATIAS BORNANCINI, fiscal Anticorrupción provinicial.

CAUSA PROVINCIAL

Imputados: Ninguno.

Delito: Sin calificación legal.

Hechos: Presunto enriquecimiento ilícito y negocios incompatibles con la función pública.

Investiga: fiscal Penal Económico N°1, Matías Bornancini.

Querellante: Ninguno. Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada fueron las denunciantes.

Casas Noblega
CARLOS CASAS NÓBLEGA. Fiscal federal.

CAUSA FEDERAL

Imputados: María Esther Figueroa – reemplazó a Rufeil cuando estuvo de licencia– y los funcionarios Darío Alejandro Gómez, Pablo Gustavo Facta y Juan Aparicio Sandoval.

Delito: Evasión agravada por ‘salidas no documentadas’.

Hechos: Facturación apócrifa por $7,8 millones, de 2014 a 2016.

Investiga: juez federal Alejandro Sánchez Freytes, fiscal federal Carlos Casas Nóblega.

Querellante: Afip.

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