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CóRDOBA / A TRAVÉS DE CRESE Y ESOP
domingo 14 junio, 2020

Saillén y Catrambone recibieron pagos indebidos durante la gestión de Mestre

Se trata de al menos 23 autoridades del sindicato quienes cobraron salarios de los entes municipales con licencia gremial. Solo en agosto del año pasado fueron $3,7 millones.

OTROS TIEMPOS. Mientras gozaban de licencia gremial, los dirigentes del Surrbac siguieron cobrando sueldos de las empresas municipales. Podrían agravar la imputación por lavado. Foto: Cedoc Perfil
domingo 14 junio, 2020

El dato se desprende del expediente federal. Y lo puso en evidencia nada menos que el único imputado que continúa detenido, Pascual Vicente Catrambone, al solicitar la prisión domiciliaria. Todas las viviendas que ofreció para continuar detenido pertenecían a empleados de empresas municipales vinculadas al Surrbac.

De ahí se realizaron averiguaciones y se llegó a la conclusión de que, durante ocho años, a partir de 2012 y hasta 2019, Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese) y el Ente de Servicios y Obras Pública (Esop) pagaron salarios a directivos del sindicato de recolectores, Surrbac, mientras estos gozaban de licencia gremial.

En esa situación, no debían cobrar sueldos porque se los pagaba el gremio.

PERFIL CORDOBA accedió a un listado de 23 empleados de Esop que tienen cargos directivos en el Surrbac. Entre ellos figuran Mauricio Saillén y Pascual Catrambone.

En el juzgado están los recibos de sueldos liquidados en agosto del año pasado. El más bajo fue de $100.643 y el más alto, de $279.155, en bruto. Es decir que representaron el monto total que abonó el ente municipal.

Ese mes, a Saillén le liquidaron haberes por $148.603. Realizados los descuentos percibió $104.101 de bolsillo.

El recibo de haberes de Pascual Catrambone fue por $271.024. Con descuentos, cobró $209.302.

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ESOP. El juzgado de Bustos Fierro pidió información al ente sobre los pagos de sueldos que se hicieron durante ocho años, entre 2012 y 2019, durante la gestión de Ramón Mestre.

Responsabilidad estatal. La suma implica una erogación del Esop de $3,7 millones solo en agosto de 2019, en concepto de sueldos a los 23 trabajadores que no cumplían funciones en la empresa porque gozaban de la licencia gremial. Si se piensa que fue una práctica a lo largo de ocho años, primero por parte de la Crese y luego de Esop, se llega a la conclusión de una millonaria afectación de fondos municipales en forma indebida.

Se pagaron sueldos a empleados que tenían licencia gremial y, por lo tanto –lo dice claramente la ley de asociaciones sindicales en el artículo 48- el beneficio es sin cobro de haberes.

Sin un aval político, esos pagos no pudieron existir. Y sin la omisión de los controles del Tribunal de Cuentas, tampoco.

En el Juzgado Federal 1, donde está radicado el expediente por lavado de activos, asociación ilícita, usura y defraudación contra 19 dirigentes del Surrbac, no analizan la conducta de las autoridades municipales, sino de quienes están procesados. El capítulo de la eventual responsabilidad del exintendente, secretarios y directores de los organismos no se investiga, por el momento, en ningún tribunal.

En el expediente del Surrbac, en cambio, el juez Bustos Fierro libró un oficio para pedir a Esop y Crese “que de manera inmediata remitan a este tribunal todos los recibos de sueldo del personal integrante de la Comisión Directiva del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), sumando los importes abonados en su totalidad año a año”.

Advierte el magistrado que esos pagos se produjeron entre los años 2012 y 2019, según surge “de los decretos municipales N.º 382/2012 y 038/2019 de traspaso de personal”, ambos firmados por el exintendente, Ramón Mestre, la secretaria de Ambiente, Gabriela Faustinelli, y el secretario de Servicios Públicos, Pablo José Farías.

En el mismo oficio, Bustos Fierro citó el artículo 48 de la Ley de Asociaciones Sindicadas que señala que “los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, en organismos que requieran representación gremial, o en cargos políticos en los poderes públicos, dejarán de prestar servicios, tendrán derecho de gozar de licencia automática sin goce de haberes…”.

Y añade que “esos dineros que habrían sido abonados en forma indebida deben necesariamente ser analizados en la presente causa por la relación de presuntos delitos precedentes con los hechos de lavado”. El análisis que hacen en tribunales es el siguiente: El lavado se produce cuando compran los bienes (autos, inmuebles) con el dinero mal habido, procedente del delito de defraudación.

Desde la defensa de los procesados, rechazaron la posibilidad de que la percepción de haberes mientras tuvieron licencia gremial pueda implicar luego lavado de activos. Señalaron que son sueldos en blanco, puede haber cualquier cosa, pero nunca ese delito. Y agregaron que el pago de sueldos es un uso de práctica y costumbre del sindicalismo argentino y ocurre en todos los gremios de todos los tiempos.

 

EXCARCELACION DENEGADA

El viernes pasado, el juez Ricardo Bustos Fierro rechazó el pedido de excarcelación de Pascual Catrambone. Es el único detenido de la causa. Y volvió a la cárcel a mediados de mayo luego de resultar imputado por presunta violencia de género contra su pareja, pero no por decisión del fiscal provincial, quien aún no lo indagó.

Aquel episodio motivó la intervención de la Justicia federal que consideró que había violado las condiciones impuestas en la excarcelación concedida en abril.

La defensa de Catrambone había pedido la prisión domiciliaria, fijando sede en la casa de la exsuegra del dirigente. Sin embargo, en la Justicia Federal analizaron que los domicilios ofrecidos pertenecen a personas ligadas a las empresas cuyo personal pertenece al Surrbac.

Por esa razón, ahora solicitaron directamente la excarcelación que fue rechazada en primera instancia. Apelarán esa decisión para que intervenga la Cámara Federal. El argumento con el que insisten es que Catrambone no violó ninguna de las condiciones que, oportunamente, le impuso el tribunal de alzada cuando le concedió la libertad.


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