Desde el momento en que se dispara - ron las alertas mundiales por la emergencia de la pandemia de coronavirus, allá por marzo d e 2020, las esperanzas globales estuvieron centradas en las vertiginosas investigaciones científicas que permitieron la producción de una vacuna, que mitigue razonablemente los efectos del virus.
Bien podríamos decir que, desde el minuto cero, la desazón por la enfermedad convivió con la esperanza de una pronta cura. Por ello, organismos multilaterales, jefes de Estado, científicos e intelectuales ya han definido a la vacuna contra el Covid-19 como un bien público de carácter global.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la vacunación anti-Covid-19 como una “herramienta de prevención primaria” de todos los efectos posibles que el virus nos ha traído, no solo a nivel de la salud, sino también en la economía y su impacto social, señalando que “nadie estará a salvo hasta que todo el mundo lo esté”.
Nuestro país ha sido históricamente un referente regional en salud pública, en investigación, en la implementación de programas de vacunación obligatoria y en un sistema razonablemente eficiente de provisión de las mismas, aún con la retracción estatal que vivimos desde los años ‘90 y el achicamiento de los presupuestos sanitarios nacional y de las provincias.
Desde el 30 de diciembre de 2020 rige en Argentina el Plan Estratégico para la vacunación contra el Covid-19. Esa esperanza se agitó, nos movilizó, se transformó en ansiedad. Sin embargo, ni el Gobierno nacional ni los gobiernos provinciales o locales han desarrollado hasta el presente una política de comunicación institucional positiva y eficiente para informar de manera adecuada a la población si este plan se cumple o no y, en tal caso, cuáles son sus resultados.
Si existe un tema en el cual no se pueden fomentar dudas es en la salud. Una persona que realiza una consulta médica necesita respuestas tan claras como cuál es mi enfermedad, qué medicamento debo tomar, qué contiene ese medicamento, cuándo y cómo debo tomarlo y, lo que es quizás más importante, cómo puedo acceder a él.
La transparencia en el tema de vacunas debe ser un bien tan público como la misma vacuna; en salud representa vida o muerte y cualquier especulación al respecto supone consecuencias éticas en cuanto a las responsabilidades científicas, pero también, y tengámoslo siempre presente, en cuanto a las responsabilidades políticas.
Como información pública, la política de vacunación anti-Covid-19 no les pertenece a los funcionarios de un determinado gobierno, nos pertenece a los ciudadanos. Hay incluso leyes que facilitan su acceso. Pero, además, como bien de acceso público, el Estado debe ser el responsable de definir los grupos prioritarios y cumplir debidamente con los requisitos en cuanto a la distribución de las vacunas, de garantizar la igualdad de los ciudadanos respecto de la política sanitaria y del máximo acceso a las mismas en todo el territorio nacional y de dotar al proceso de la mayor transparencia, en tanto representa el derecho a la vida y a la salud para muchos argentinos.
Sin embargo, los argentinos en general y los cordobeses en particular, recibimos a diario información errónea, contradictoria, fragmentada, sin rigor y con falta de transparencia sobre los tipos de vacunas que se adquieren, cómo se adquieren, cuántas dosis hay disponibles y qué criterios se siguen para la selección de grupos de prioridad.
Tampoco sabemos cuántas dosis se han inoculado efectivamente ni quiénes las han recibido.
El gobernador de Córdoba, quien el día viernes 5 de febrero recibió su primera dosis de la vacuna, anunció ante los legisladores que se comprarán las dosis que hagan falta en el mercado para inocular al 70% de la población.
En una provincia donde aún no podemos saber quién se vacunó o no, estos anuncios solo generan expectativas artificiosas, si no van acompañadas de un plan que nos diga cómo y en qué tiempo se ejecutará lo que se promete.
En una provincia donde aún no podemos saber cuántas dosis se han aplicado ni cuál es la identidad de los beneficiarios, tampoco podemos saber si existe equidad o discriminación.
Hace pocos días, un senador de la Nación consideró que la pandemia justifica la pérdida de derechos. Quizás pronto nos dirán que la pandemia justifica perderlo todo, hasta la vida. En toda información que se oculta, hay un derecho que se anula. Sean honestos con la salud, por favor.
