Durante los últimos dos meses unos 740 mil cordobeses recibieron $10 mil como parte del programa de Ingreso Familia de Emergencia (IFE) que creó el gobierno nacional. A la provincia le corresponde el 8,3% de un paquete global de ayuda que distribuye $90 mil millones cada mes en todo el país entre trabajadores informales, de la economía popular y monotributistas de las categorías más bajas. La pelea por la continuidad de esos fondos recrudeció en la semana cuando se dispuso que el AMBA, Chaco y localidades de Río Negro y Neuquén se mantendrían en la fase de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), en tanto que el resto del país avanzaba a la condición de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO).
La recategorización no implica sólo cambios sanitarios, sociales y la flexibilización de actividades y circulación. También involucraría la redeterminación de la gestión de los fondos para la asistencia de los sectores más golpeados. El punto del conflicto es el que enfrente a quienes afirman que la ayuda debería concentrarse en los distritos que aún se mantienen en aislamiento y que no tienen actividades económicas y productivas flexibilizadas.
La evidencia empírica demuestra que, aunque muchas provincias hayan recuperado libertades y flexibilizaciones para moverse y trabajar, la actividad económica sigue a ritmo paupérrimo. La provincia de Córdoba es un claro ejemplo de que las fases sanitarias más avanzadas no implican una reactivación económica: la actividad industrial promedia el 40%, las terminales automotrices se mantienen a ritmo mínimo (Iveco recién abriría en agosto), la construcción sigue muy débil, los centros comerciales llevan solo dos semanas abiertos y los gastronómicos y bares reabrirán recién el próximo martes. Por todo eso, la continuidad de los programas de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción ATP y el IFE son claves.
Delos dos programas, el que está tiene más complicada su continuidad en julio (para el pago de asistencia correspondiente a junio) es el IFE. En el caso de Córdoba, son $7400 millones que llegaron en abril y en mayo y por el que ya empezaron gestiones directas entre el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Juan Carlos Massei y su par en la Nación, Daniel Arroyo. “Tienen muy buen diálogo, se conocen hace mucho y se aprecian. Hay buena relación y ahí la línea es directa entre ellos. No hay intermediario. Lo que podemos decir hoy es que la gestión para mantener el IFE es permanente y no hay nada definido. Y lo que es importante es que tampoco hubo una definición clara a nivel nacional. No está confirmado que el próximo IFE sea sólo para Amba o Chaco. Hasta que no haya una definición certera no podemos definir nada y vamos a seguir con las gestiones”, remarcó una fuente de la cartera social provincial. “Obviamente que esperamos que no se caiga, sería una piña. Estamos con las gestiones y trabajando con esto”, reconoció.
El dilema para la Provincia es encontrar los argumentos para asegurarse una nueva entrega de los IFE. En la Provincia reconoce que, si hay luz verde para Córdoba, la Nación se compra el compromiso de girar los fondos al resto de las provincias. Por eso, la negociación no está cerrada y la definición por el mantenimiento o la caída del programa se dilata. Desde el Pablo Pizzurno también son conscientes de que lo mejor, es no sumar tensión al respecto, a una relación que siempre tiene sus bemoles.
En la semana, hubo un guiño importante entre Nación y Provincia, en el plano social: se firmaron convenios para el desembarco en Córdoba del programa “Potenciar Trabajo” para que se activen tareas de refacción para unas 200 escuelas públicas y 100 salas cuna en la Capital, a la vez que se gesta un banco provincial de maquinarias, herramientas y materiales, para trabajadores de la economía popular y sectores vulnerables y para el desarrollo productivo de pequeña escala, y microcréditos. Por esos convenios llegarán $313 millones.
Aire para sueldos y deuda
A mediados de junio el gobernador logró un convenio con la Nación para que la Provincia acceda a un crédito por $4800 millones en el marco del Programa para la Emergencia Financiera Provincial. El mes pasado llegó la primera cuota por $2500 millones y este mes deben ingresar otros $2300 millones. Se estableció un período de gracia en el presente año, por lo cual tanto las amortizaciones de capital como los intereses comenzarán a abonarse en el mes de enero del 2021. El capital se amortizará en 36 meses y los intereses del 0,10% anual se calcularán sobre el capital actualizado por CER. “La medida tiene por finalidad colaborar con la Provincia en sus necesidades financieras y atender el pago de los servicios de la deuda provincial en un marco de fuerte disminución de la recaudación”, se informó.
