“Esto no les va a salir gratis”, advierten desde ámbitos judiciales cuando hacen referencia a todas aquellas personas que han violado la cuarentena.
La Justicia provincial de Córdoba tiene una fiscalía especial abocada únicamente a los casos de incumplimiento del aislamiento y los delitos relacionados con la propagación del coronavirus.
Esa fiscalía está a cargo del fiscal Andrés Godoy y se la denomina Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes), donde trabajan 45 personas con horarios rotativos.
“Trabajamos las 24 horas y sin descanso”, aseguran quienes tienen a su cargo la coordinación de hechos delictivos en el marco de la COVID-19. En las últimas horas, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico también se sumó para colaborar en el control del cumplimiento del aislamiento.
El protocolo. Salvo excepciones (como antecedentes en otras causas) ninguno de los detenidos por violar la cuarentena es llevado a la cárcel. En el protocolo de procedimiento, la policía ficha al infractor, lo notifica y se le otorga una especie de prisión domiciliaria.
En un futuro, y cuando la emergencia sanitaria lo permita, todos los incumplidores de la cuarentena serán sometidos a un juicio.
“Ya veremos si hacemos procesos abreviados o juicios masivos, pero todos tendrán una condena por poner en riesgo a la población y no acatar una orden”, describen con firmeza las fuentes judiciales consultadas por PERFIL CORDOBA.
Posible castigo. Las penas por no respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio difieren según sean personas sanas o personas con la enfermedad.
El artículo 205 del Código Penal, el más implementado hasta el momento, establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
El artículo 202 es el que prevé una sanción más dura y que se podría aplicar a las personas con el virus, establece: “Reclusión o prisión de tres a 15 años de prisión para el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.
Sentido común. Más allá de la directiva concreta que desde la fiscalía especial bajaron a las fuerzas de seguridad de exigir a quien circule la justificación de su desplazamiento, también la sugerencia es utilizar el sentido común si el caso lo amerita.
Quienes tienen que controlar el cumplimiento de la cuarentena relataron a este diario increíbles episodios: “Nos encontramos por ejemplo con un abogado que intentó chapear con su credencial a la policía, pero lo detuvimos igual y lo mandamos a su casa en un importante country de la zona norte. Otro hecho ocurrió con un médico que hasta llegó a tirarle un par de trompadas a los policías. Ninguno tenía la autorización para circular”.
En estos dos casos no solo se procedió a imputarlos sino también se puso en conocimiento lo sucedido a los tribunales de disciplina de los respectivos colegios a los que pertenecen.
Autos secuestrados. La discusión por la posibilidad del secuestro de vehículos a los incumplidores de la cuarentena se originó luego de una resolución del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quién instruyó a todos los fiscales del país a secuestrar los autos de quienes estén violando la cuarentena.
El fiscal federal Carlos Gonella explicó los alcances de esta medida: “En estos casos el auto es el instrumento del delito. Puede ser un auto, una moto o una bicicleta. Lo que se hace en la calle es que aquella persona que no pueda justificar porque se está movilizando se le secuestra preventivamente el auto, esto es ejecutado por la policía a pedido de un fiscal. En el momento que se haga el juicio y se determine la responsabilidad de la persona, ahí se procede a decomisar el auto. Tenemos que ser inflexibles en esta situación de emergencia” sentenció el fiscal Gonella.
Por una cuestión de recursos, de coordinación y por haber establecido con rapidez una fiscalía especial, acá en Córdoba será la Justicia provincial la que intervenga en estos casos.
]La Municipalidad ya puso a disposición de la fiscalía general el corralón ubicado en Duarte Quirós y Mariano Moreno para trasladar los vehículos secuestrados.
El criterio general en la Justicia es que el esfuerzo y el dispendio de recursos en esta situación no sean en vano.
El camino judicial de un incumplidor del aislamiento tendrá varias etapas: La detención, la imputación, en caso de que corresponda el secuestro y la posibilidad de perder su auto para siempre y en el futuro recibir una condena.
“Nosotros también estamos haciendo un gran sacrificio personal y laboral, quienes incumplan la ley tienen que saber que seremos muy severos, por eso pedimos responsabilidad social, porque acá está en riesgo la salud de todos”, aseguran desde tribunales.
