La semana pasada se normalizó la situación en el Juzgado Federal 1 (JF1) tras la resistencia de su extitular, Ricardo Bustos Fierro, a dejar el cargo a pesar de que la prórroga de su mandato había caducado el 25 de enero. La decisión de la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones, Graciela Montesi, de levantarle la firma digital puso fin a la confusa situación que se produjo el 1 y 2 de febrero.
El lunes último ingresó de lleno a la tarea el juez subrogante, Sergio Pinto. Una de sus primeras medidas fue revisar los decretos y resoluciones rubricadas por Bustos Fierro. Tal como señaló PERFIL CÓRDOBA en la edición del domingo pasado, hubo planteos de nulidad en los expedientes que el ahora exjuez firmó y que Pinto debe resolverlas.
Si hay decisiones que considera irregulares, deberá invalidarlas.
Indagatoria a González. El martes, durante la mañana, asistió a los tribunales federales el legislador suspendido y apartado de la Unicameral, Oscar González. Pinto le tomó declaración en forma presencial.
Según informó a este medio su defensor, Miguel Ortiz Pellegrini, González quiso declarar y explayarse en su versión, aunque el letrado le aconsejó que se abstenga. La calificación legal que fijó en la intimación el fiscal federal Maximiliano Hairabedian es “depositario infiel”, porque el vehículo judicializado –BMW X1 (con patente apócrifa)– que debía destinarse a su función de legislador lo habría utilizado para fines personales.
Detalles de la imputación. No solo alude al día del siniestro vial en el Camino de las Altas Cumbres, el 29 de octubre último, sino también a los días 12, 13 y 31 de diciembre de 2021. En diferentes horarios, el auto fue localizado en la ruta C45 Km 1 de la localidad de Malagueño.Hairabedian también precisó que, aunque no es dirimente, se suma como indicio el audio que se viralizó y donde se escucha a la pareja de González manifestar que en algún momento podía quedarse ella con ese auto.
El fiscal descartó la explicación inicial que aportó el defensor, respecto a que el día del choque González se dirigía a un acto de inauguración de una ruta. Pidió informes y no había tal evento.
Ortiz Pellegrini cuestionó la imputación, en declaraciones a este medio, al señalar que un legislador “no tiene horario para cumplir su tarea”, porque el desempeño se extiende más allá de una jornada laboral, diferente al régimen de cualquier otro trabajador. “El uso del auto estaba perfectamente autorizado y justificado”, subrayó.
El martes también fue indagada la sobrina de González, María Belén Badra, la misma mujer que se observa sacar bolsos del auto de González luego del siniestro. Ella debe responder por ocultamiento de pruebas.
Cuando fueron a secuestrar su teléfono, dijo que lo había perdido. Sin embargo, la Justicia constató que la empleada doméstica le avisó a ese teléfono que estaban allanando su domicilio, donde se apersonó minutos después y cuando le fue requerido el aparato dijo que lo había extraviado.
Ortiz Pellegrini adelantó que hará un planteo de incompetencia de la Justicia Federal.
La fiscal de Instrucción de los tribunales provinciales, Claudia Palacios, tiene un expediente abierto para investigar el uso indebido del automóvil. No sería de extrañar que se aparte y remita los antecedentes al Fuero Anticorrupción. Ortiz Pellegrini pretende que la causa federal vaya a la justicia ordinaria.
Pericia demorada. Mientras tanto, sigue demorada la realización de la pericia interdisciplinaria de accidentología vial en la causa principal por el siniestro que le costó la vida a Alejandra Bengoa y dejó mal heridas a su hija, Marina, y a su amiga, Alexa. El expediente está radicado en la fiscalía de Cura Brochero, a cargo de Analía Gallarato.
El trámite que aportará datos de velocidad, ubicación de los autos y mecánica del impacto, está pendiente hace meses. Desde el Ministerio Público señalaron que apenas baje la causa del Juzgado de Control, Gallarato ordenará de inmediato su realización.
Hasta ahora solo hay un informe preliminar que confirmó que el punto de impacto se produjo en el carril donde circulaba Bengoa. Es decir que quien se cruzó de mano fue González.
POR QUÉ SE ARCHIVÓ LA DENUNCIA POR LAVADO DE DINERO
Al mismo tiempo que Maximiliano Hairabedian promovió acción penal por los hechos detallados en este informe, solicitó que se archive la pesquisa por presunto lavado de activos. Ahora se conocieron las razones de su decisión.
La sospecha surgió por la extracción de bolsos del vehículo siniestrado el 29 de octubre del año pasado. El periodista Gustavo Molina había denunciado públicamente que una fuente confiable le señaló que González transportaba efectivo para pagar deudas de usuarios de la Cooperativa Cemdo de Villa Dolores, a fin de habilitarlos a votar en las elecciones que se realizaban ese mismo día y así influir en favor de una de las listas que competían.
Hairabedian solicitó el allanamiento a la sede de la entidad. Comprobó que ese día no había bocas de pago habilitadas para los socios morosos y que aquellos que hubieran saldado sus deudas por vías electrónicas no modificarían el padrón porque había sido cerrado el día anterior. Durante la investigación declaró el presidente de Cemdo, que perdió la elección frente al candidato de González, y también ratificó que ese día no se recibieron pagos.
Se incorporó un informe de auditoría de la Cooperativa al detectar, días previos, pagos consecutivos en pocos minutos en una misma boca de cobro. Resultaron ser 21 personas, varias de las cuales hicieron más de un pago porque adeudaban varias facturas, algo que se consideró normal.
Por todo ello, el fiscal Hairabedian solicitó archivar la investigación sobre lavado de dinero.Ahora el juez Pinto debe resolver.
