Una semana antes que la sociedad cordobesa se viera conmocionada por el brutal e inentendible homicidio de Valentino Blas Correas (17) a manos de dos policías, PERFIL CÓRDOBA pudo corroborar que la Justicia le envió vía e-mail al Gobierno, un pedido donde dejó plasmado, en una sentencia judicial, la exigencia de mejorar y reformular la capacitación de los efectivos policiales. Hasta ahora el mensaje no fue respondido.
Se trata del fallo de la Cámara Octava del Crimen que juzgó el caso por el tiroteo fatal en Nueva Córdoba. En uno de los párrafos de ese veredicto, el tribunal integrado por los jueces Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Eugenio Pablo Pérez Moreno, hacen una petición clara y contundente a las autoridades: “En consonancia con los arts. 323 y 324 ibid, se deberá oficiar al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, a fin de que, con carácter de muy urgente, arbitre los medios pertinentes para que se proceda a la correspondiente capacitación del personal policial”.
Los mismos integrantes de la Cámara Octava ya habían concretado una exigencia similar al Gobierno en la sentencia por el crimen del joven Fernando ‘Güere’ Pellico, baleado por la espalda por los policías Lucas Gastón Chávez y Rubén Alfredo Leiva, quienes fueron condenados a prisión perpetua. En ese fallo, emitido en el 2016, los jueces habían advertido que “a pesar de tratarse de un caso puntual y aislado, no deja de representar un serio, muy serio diría, llamado de atención para quienes conducen, dirigen y capacitan a la fuerza policial, a fin de que casos como el ocurrido en el evento aquí juzgado, no vuelvan a ocurrir nunca más.
Es quizás el refuerzo en aspectos relativos a la formación profesional y los controles adecuados el camino que esa institución debe emprender, para evitar en la sociedad los signos de descreimiento de las instituciones”. Se trata, en poco tiempo, de dos advertencias de los mismos jueces, que a la luz de los hechos parecen no haber sido tenidas en cuenta. Mismo proceder. Si finalmente se llegan a comprobar todos los elementos que hasta ahora comprometen seriamente la situación de los policías que mataron a Valentino Blas Correas, no dejaría de sorprender la similitud del caso de Blas con el de ‘Güere’ Pellico, puntualmente por la modalidad y por el accionar de los policías.
En la sentencia del caso Pellico los jueces pudieron comprobar, y así lo acreditaron en el fallo, que aquella vez los policías no estaban legitimados para actuar. Tampoco existieron ‘causa probable’, ‘sospechas razonables’ ni ‘razones urgentes’; la policía no encendió sirenas, balizas ni impartió orden alguna; las víctimas estaban desarmadas; no existió enfrentamiento armado alguno; el personal policial disparó -sin motivo alguno directamente sobre la humanidad de las víctimas; el coimputado Leiva procuró, esa misma noche, encontrar un arma de fuego para ‘plantar’ en la escena del hecho; existió una decisión de algunos jefes policiales en procura de hacer pasar como una “muerte justificada producto de un enfrentamiento armado”, lo que en realidad fue un homicidio calificado, configurativo de una reprochable cadena de complicidades.
Si no fuera porque lo que se modifica es el nombre de las víctimas y algunas circunstancias se podría considerar que la modalidad, en algunos policías, ha sido similar en varios hechos.
Indicios claros. Puntualmente en el caso de Valentino Blas Correas por el momento hay muchos indicios y pruebas que le permiten al fiscal José Mana y a su secretario Gabriel Prunotto acusar y detener a los policías Javier Alarcón (31) y Lucas Gómez (35), imputados por homicidio calificado agravado.
Para la fiscalía hubo un “exceso desmedido, irracional e injustificable” por parte de los policías. La fiscalía tiene acreditado que no hubo persecución y que los policías dispararon apenas el auto pasó el control. Cinco impactos de bala pegaron en el vehículo, uno de los cuales ingresó por la luneta trasera e impactó en la espalda de Blas, casi a la altura del homóplato.
El fiscal Mana espera para los próximos días los resultados completos de la autopsia, los informes de balística, los dermotest y seguir analizando todas las imágenes de los domos de seguridad. Además, corroborar si efectivamente hubo policías que plantaron un arma para simular un enfrentamiento.
En caso de acreditarse ese hecho, podría agravarse la imputación a los policías detenidos y también que se impute a otros efectivos.
También se investiga el rol que tuvieron las policías que estaban en el retén a la altura del Pablo Pizzurno: se trata de Yamila Martínez y Wanda Esquivel. Los cuatro fueron puestos en situación pasiva. No sólo la actuación policial está bajo investigación judicial sino también el proceder de la clínica Aconcagua, donde se negaron a atender a Blas minutos después de ser herido por la policía.
LA VERSION DE UNO DE LOS POLICIAS
El abogado Hugo Luna asumió la defensa del policía Javier Alarcón. En dialogo con PERFIL CÓRDOBA el defensor aseguró que Alarcón le dio su versión de lo sucedido. “Mi cliente me cuenta que la central de radio los comisionó a controlar un vehículo que momentos antes había evadido un control y al tratar de hacerlo frena un poco y luego sale acelerando a fondo y casi atropella a uno de ellos. Ahí realizan disparos con la finalidad de que se detenga y salen con los móviles por detrás, tratando de darles alcance pero iba muy fuerte y pasando Plaza de las Américas lo pierden de vista”, sostuvo el letrado.
Esta es la primera interpretación oficial de uno de los policías acusados sobre lo ocurrido.
