Esta semana, el Sindicato de Peones de Taxis de Córdoba presentó nuevamente un anteproyecto al Concejo Deliberante para establecer la prohibición de Uber y otras aplicaciones de transporte. Junto a la iniciativa, el gremio solicitó una nueva audiencia con el viceintendente Daniel Passerini para renovar el compromiso de dejar asentada la restricción.
Es que, con el aumento en la tarifa de taxis y remises que rige desde el pasado 28 de mayo, los choferes notan un incremento en el uso de las app, que consideran “ilegales”. Esta situación contrasta con lo que supo decirle a PERFIL CÓRDOBA el secretario de Transporte municipal, Marcelo Rodio, a principios de abril: “Es muy fácil activar una aplicación.
El problema es que funcione y con vehículos autorizados. Hoy, en Uber funcionan vehículos ilegales, de mala calidad y en poca cantidad”. Para el Palacio 6 de Julio la situación con las apps resulta marginal y entienden que los controles son suficientes para combatir el transporte irregular, que incluye a los llamados ‘remis truchos’ de los barrios más periféricos.
Sin embargo, los peones ven que el aumento del 29,8% en lo que paga un usuario no se ve completamente reflejado en sus ganancias y menos ante un caso de “competencia desleal”, como ellos y Rodio definen. Hoy, según indicó a este medio el secretario general Miguel Arias, un conductor que trabaja hasta 12 horas arriba del taxi no consigue más de $ 70.000 al mes.
Unos $ 25.260 por debajo de la Canasta Básica Total que marca la línea de la pobreza, según datos de mayo difundidos por el Indec. En este panorama, el Sindicato de Peones insiste en comprometer al oficialismo capitalino para que deje plasmada en una ordenanza la prohibición de Uber y aplicaciones similares.
Junto al anteproyecto piden una nueva audiencia con Passerini, que de no concretarse se traduciría en manifestaciones de taxistas hacia el recinto de Pasaje Comercio. Desde el gremio afirmaron que tampoco se descartan otras medidas y pedidos que se desarrollarían a partir de este martes, siempre buscando elevar los ingresos de los peones.
Durante el transcurso de la pandemia, estos trabajadores recibieron un bono único de $ 15.000 por parte de la Municipalidad. El texto necesita ser elevado formalmente por alguna bancada o por el Ejecutivo municipal para ser tratado sobre tablas o pasar por comisión antes de ser discutido en sesión.
“Volvemos a presentar el anteproyecto y queremos tener algún tipo de resultado porque es necesaria una ordenanza. El oficialismo dice que (las app) están prohibidas, pero no hay nada que lo respalde”, sostuvo. Desde el sindicato sostienen que existió un “compromiso” del oficialismo para darle luz verde al anteproyecto, por lo que no se avanzó con ningún opositor para que este eleve el texto de manera formal.
Ahora, la idea es renovar ese compromiso al que se podrían sumar otros gremios e inclusive remiseros, a la espera del avance que se desarrolle dentro del Concejo.
“A la vista de todos”. Arias remarca que los controles no son efectivos y que en el último mes se detectó una mayor actividad de las app. “No confiamos mucho en los controles y vamos a seguir insistiendo”, destacó el gremialista, quien afirma no haberse reunido con el secretario Rodio a pesar de que ambos comparten conceptos sobre las aplicaciones.
“Ahora se visibiliza más que trabaja n si n mucha preocupación porque los controles son poco frecuentes. No tienen problemas en prestar sus servicios y lo ves en un banco, un hospital o en la Terminal de Ómnibus, cuando los pasajeros se bajan de un auto particular luego de pagarle al chofer. Adelante del público, sin temor a las sanciones y algunos hasta con el plástico divisorio entre los asientos delanteros y traseros. Eso es transporte ilegal que funciona en la ciudad sin ningún tipo de control municipal y es muy fácil detectarlo”, criticó el dirigente sindical.
“Si tenemos que hacer una manifestación o algún tipo de medida de fuerza al Concejo y la Municipalidad, no nos va a tiritar la pera (sic) porque nosotros no le debemos nada a ninguno ni tenemos compromisos con ningún partido político. Por eso vamos hasta donde la ley nos permita, aunque haya gente que no quiera molestar al Municipio”, agregó Arias, en alusión al tibio apoyo que reciben por parte de otros “perjudicados” por las aplicaciones, como son los permisionarios, conductores y remiseros.
