Toma en la UNC: la mayoría apuesta a derribar la acusación en el juicio

Entre el pragmatismo y la resistencia se dividen las estrategias defensivas de los 27 estudiantes procesados por la toma del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) durante un mes, en septiembre de 2018. El espíritu de resistencia anima a quienes mantienen la firme convicción de que no hubo delito y la acusación se caerá por sí sola en un debate oral. Y un sentido pragmático llevó a cuatro estudiantes –hasta ahora– a proponer acuerdos de conciliación avalados por el fiscal y la universidad, para conseguir el sobreseimiento; es decir, borrar cualquier antecedente penal en su contra.

La discusión está centrada en si aquella protesta estudiantil está amparada por los derechos de petición y libre expresión, de raigambre constitucional, o si el modo y el tiempo en que se concretó determinó la comisión de delitos. Cuando el juez federal Hugo Vaca Narvaja dictó los procesamientos de los 27 participantes identificados de la toma del Pabellón Argentina, analizó las conductas en el marco de ese dilema. Finalmente, confirmó los procesos por el delito de usurpación por despojo, según el artículo 181 del Código Penal, advirtiendo que hubo “desproporción” en la modalidad de la ocupación y “exceso” en el tiempo y el espacio.

Su decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. La causa se elevó a juicio y actualmente se espera conocer qué tribunal realizará el debate oral y público. Ricardo Bustos Fierro y Alejandro Sánchez Freytes se apartaron por diferentes razones y la Cámara Federal acaba de rechazar su competencia para dirimir la cuestión. Por ese motivo, el 8 de julio pasado –último día hábil antes de la feria–, Sánchez Freytes elevó el incidente a la Cámara Federal de Casación Penal que finalmente decidirá si él o su colega del Juzgado Federal N°1, presidirá la audiencia del juicio.

Qué dicen los acuerdos propuestos. La defensora oficial, Mercedes Crespi, asesora a tres estudiantes que procuran cerrar el capítulo penal. Emprendieron esta estrategia por diferentes razones personales, según cada caso. El objetivo es obtener el sobreseimiento total, es decir que se extinga la persecución judicial y no queden rastros en sus antecedentes. A cambio, ofrecen realizar una pasantía de tres meses en el Observatorio de Derechos Humanos de la UNC.

Pero la discusión sobre qué juez quedará a cargo del expediente imposibilita materializar el juicio y también ha frenado la homologación de los acuerdos de conciliación. Crespi presentó un recurso de reposición a la negativa del juez Sánchez Freytes a autorizar los acuerdos, al indicar que es un convenio aceptado por todas las partes, sin ninguna oposición y, por lo tanto, sin controversias.

El otro abogado que también defiende a una estudiante que decidió idéntica estrategia es Justiniano Martínez.

A debate abierto. Hasta el momento, los restantes 23 estudiantes procesados han resuelto afrontar el juicio oral.

Sergio Castro Moravenik defiende a tres de ellos. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA sostuvo que la acusación adolece de “falencias técnicas” y “orfandad probatoria”. Un dato significativo en su análisis es la decisión de la UNC de apartarse del proceso judicial.

El 28 de agosto de 2018 el vicerrector Pedro Yanzi Ferreyra anotició a la Justicia Federal que un grupo de estudiantes había ingresado por la fuerza al hall del Pabellón Argentina y se había instalado sin permitir que nadie más lo hiciera. Esa presentación abrió el expediente judicial. Sin embargo, se excluyó a la institución universitaria y a sus autoridades como denunciantes, por un pedido expreso de la UNC.

El dueño del bar que funcionaba en el lugar, Gustavo Alejandro Posadas Carranza, al promediar la ocupación mencionó perjuicios económicos cuantiosos, pero nunca se presentó como querellante ni demandó civilmente a los supuestos ocupas.

“Es como si alguien entra a un supermercado y se lleva un paquete de fideos sin pagar, pero el dueño no lo denuncia. No hay delito”, graficó Castro Moravenik. La explicación cobra sentido si se tiene presente que a los estudiantes se los acusa de usurpación. Pero si no hay quién se sienta ofendido por el despojo, cabe la pregunta sobre si se configuró el delito.

LA TOMA: ¿PROTESTA LÍCITA O USURPACIÓN?

La acusación que enfrentan los 27 estudiantes se basa en los siguientes sucesos.

El 28 de agosto de 2018, el vicerrector de la UNC, Pedro Yanzi Ferreyra, informó a la Justicia Federal que estudiantes ingresaron al hall central de Pabellón Argentina, forzando las puertas. A partir de la ocupación impidieron el ingreso a todo el edificio del personal universitario, autoridades, docentes e investigadores que tenían sus laboratorios en ese sector.

La toma se mantuvo sin interrupción hasta el 28 de septiembre. La desocupación, según los defensores, fue voluntaria y obedeció a la decisión de quienes realizaban la protesta; y según la requisitoria fiscal, ocurrió durante la jornada en que el Juzgado Federal N°3 –a cargo de la causa– resolvió autorizar una orden de desalojo al agotarse todas las instancias de diálogo.

Protesta legítima pero excesiva. Para la Justicia, la conducta de los manifestantes encuadra en “usurpación por despojo” porque “los imputados privaron a las autoridades, a los agentes de la Universidad, al concesionario del bar y al público en general, del goce material y efectivo de las instalaciones del Pabellón Argentina. Recurrieron a la violencia y a las amenazas, tanto para ingresar a dicho lugar como para mantenerse allí.

El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja analizó las peticiones y el contexto de 2018, cuando se propagaron protestas estudiantiles en diferentes universidades argentinas en reclamo de mayor presupuesto universitario y de aumento salarial a docentes y no docentes. En ese sentido, dejó en claro que “es postura de este magistrado que el derecho de peticionar a las autoridades puede y debe ser ejercido con amplitud y que deben resguardarse con energía todas las garantías que aseguren su concreción”.

Sin embargo, advirtió que la conducta de los estudiantes imputados “resultó excesiva, desproporcionada en relación al fin perseguido e incluso se mantuvo cuando el conflicto había sido ya resuelto”.

“Una vez que se llegó a un acuerdo sobre el salario de los docentes universitarios – cinco de seis gremios aceptaron el 7 de setiembre de 2018 una suba salarial de hasta el 26%– la porción medular del contenido de su reclamo se vio satisfecha y, sin embargo, la ocupación de un espacio público neurálgico para la UNC no cesó”, describió en la resolución de procesamientos en junio de 2019.

Resultaron procesados 27 estudiantes y hubo falta de mérito –confirmada por la Cámara Federal– de la abogada Leticia Celli, quien estuvo presente para asesorar a los estudiantes que protestaron. Esa definición la coloca en un limbo: ni procesada ni sobreseída.

Judicialización de la protesta. Lucas Cocha es abogado defensor de otro grupo de estudiantes procesados. “No planteamos como alternativa un acuerdo, preferimos ir a juicio. Sentaría un precedente pernicioso para la democracia”, opinó.

Y dijo que la perspectiva de llevar a la justicia a quienes protagonizaron la protesta “perjudica la noción de autonomía universitaria, porque este conflicto estuvo presente en todas las universidades, no solo en Córdoba”. En ningún otro lugar, desembocó en imputaciones. Cocha destacó que en todas partes “hubo negociaciones porque reconocieron a los manifestantes como interlocutores”. Y dijo que, en este caso, no hubo intervención de las fuerzas de seguridad, ya que cuando iban a desalojar se len vantó la toma.

PUNTOS DE VISTA

LETICIA CELLI, abogada del Centro de Profesionales por los DD HH. “Me han dictado falta de mérito. Estoy en una situación de incertidumbre y no corresponde porque no hay ninguna prueba en mi contra. Es inexplicable que el Poder Judicial me mantenga en esta situación. Lo único que hice fue ejercer la profesión libremente”.

MERCEDES CRESPI, defensora oficial. “Es una causa para ir a juicio, no hay delito. Eso no quita que algunos de los estudiantes, por razones personales, quiera o elija una solución alternativa. Si hay una sentencia adversa, creo que es una causa para el sistema interamericano de Derechos Humanos”.

FRANCO BERGERO, estudiante de Historia. Procesado. “El oficialismo rectoral entregó nuestros datos a la Justicia. Esto es un ataque al derecho de protesta, es un precedente peligroso para futuros conflictos. La mayoría de los que estamos procesados vamos a continuar para enfrentar este juicio”.

LUCAS COCHA, abogado defensor. “Enjuiciar a quienes llevaron adelante la protesta perjudica la noción de autonomía universitaria porque este conflicto estuvo presente en todas las universidades, no sólo en Córdoba”. 

SERGIO CASTRO MORAVENIK, defensor “La acusación adolece de falencias técnicas y orfandad probatoria. Es como si alguien entra a un supermercado y se lleva un paquete de fideos sin pagar, pero el dueño no lo denuncia. No hay delito”.