Ahora hay que volver a mirar los números. Los números del sistema, pero también los números concatenados de decenas de variables de la macro. Mirar cómo avanza la negociación con el FMI, trabajar sobre el nuevo cálculo para la actualización de las jubilaciones, ponderar los aumentos comprometidos y tener en cuenta los subsidios al resto de los servicios. Todo. Desde el gobierno nacional, la bajada de línea que dan a empresarios del transporte es que “hay voluntad política plena de tener un sistema más equitativo y de poder llevar el congelamiento de las tarifas a las principales ciudades”. Pero, en el caso local, ni la Provincia ni la Municipalidad de Córdoba están en condiciones de hacer aportes por encima de lo que se hizo en 2019. Es decir, tanto en el Panal como en el Palacio 6 de Julio esperan una señal, en forma de paquete de subsidios, para poder anunciar que se frenan las tarifas y ganar tiempo hasta que tome forma un nuevo esquema para todo el transporte.
Paralelamente hay otras gestiones, por encima de las esferas municipales y provinciales. Son las que ya comenzaron entre las carteras nacionales para estudiar y definir si hay fondos o no. En concreto, la cartera de Transporte de la Nación aguarda por el visto bueno, un aval de Economía para saber si hay recursos destinables para llevar el alivio de los subsidios al interior.
Si esa señal llega, Schiaretti y Llaryora anunciarán en los próximos días que se suman al congelamiento de las tarifas que Nación ya promulgó para Ciudad de Buenos Aires y AMBA.
Cóctel letal. El cuadro de situación hoy es muy complejo. Primero, porque en 2019 la administración macrista redujo considerablemente los aportes que la Nación venía haciendo para subsidiar el gasoil en el territorio nacional. Esos fondos no desaparecieron, pero llegaron con menor caudal y ganó protagonismo el esfuerzo de las administraciones provinciales para que los boletos no se dispararán. Segundo, porque desde el segundo semestre de 2019, el escenario político volvió a convulsionar las ya convulsionadas variables macro. Rebotó la inflación y el tipo de cambio se disparó. La consecuencia fue un atraso en las tarifas que no podían retocarse porque se chocaban, en el ajuste, con el poder adquisitivo en picada de los usuarios. Un cóctel letal y vicioso que genera una tarifa cara a los bolsillos de los pasajeros e inviable a las cajas de las empresas.
Cuánto es. En ese marco, la Nación trabaja en dos frentes. En el mediano y largo plazo, para dar forma a un nuevo sistema que tiene por norte una tarifa plana nacional (Ver “Nación apunta a…). Pero antes hay que resolver la urgencia de un mercado que deberá afrontar aumentos salariales y que no puede trasladar sus costos a una tarifa que en el caso de Córdoba es de un 50% más cara que en el distrito porteño. Así las cosas, para que haya un congelamiento de tarifas en el interior (en Nación preocupan las grandes urbes, con Córdoba y Rosario a la cabeza) la Provincia tiene que comprometer los mismos fondos que el año pasado –unos $2.000 millones que ya están presupuestados-a los que hay que sumar los aportes de Nación, que puso $6.500 millones para el interior. Fueron $5.000 millones para apuntalar las compras de gasoil y $1.500 del Fondo de Desequilibrio Financiero. Del primer ítem a Córdoba llegaron $1.236 y del segundo unos $150 millones. Esos $6.500 millones son el punto de partida desde el que negocia el ministro de Transporte Mario Meoni. Pero por el peso de los incrementos que se aceleraron en los últimos meses, sumado al efecto de la devaluación, ese valor no es el piso, es el subsuelo.
-¿Cuánto tiene que aportar la Nación para que el congelamiento se extienda al interior?, consultó este medio a empresarios y referentes del sector.
Dirigentes privados con acceso al estudio de costos y de presupuesto que se está dibujando en Transporte señalaron que, en total, la Nación debería desembolsar unos $16 mil millones. Son números preliminares. Si a eso se restan los fondos con que ya contó el interior el año pasado se tiene que en 2020 se debería hacer un esfuerzo extra, por parte de Nación, de unos $10 mil millones. “Con eso se pueden congelar los aumentos unos 6 meses en el interior. Parece mucho, pero cuando uno mira los números de los subsidios para CABA y Amba vemos que no es tanto”, razonan los dirigentes. Los números generales de los subsidios avalan esa tesis: lo que se invierte en el interior es menos del 10% de lo que se vuelca a Ciudad y provincia de Buenos Aires.
El desafío por estas horas es, en definitiva, cómo se actualizan los aportes del año pasado para llegar a un umbral de $12 mil, $15 mil millones para contener la suba de tarifas. Los primeros días de la semana que viene serán claves en ese sentido.
En crisis: hay 16 empresas con PPC y 2 concursadas
“Yo hace 40 años que miro los números de las empresas y del sector. Y nunca se vio algo así. Siempre puede haber una empresa o dos en problemas. El error empresarial existe, la mala gestión puede estar. Pero si vos tenés a todas las empresas con problemas y la gente que sube menos porque no puede pagar el boleto hay que retocar el sistema”. El análisis de un asesor económico de una compañía local intenta resumir el descalabro del sistema del transporte en el interior del país. El pecado mortal es la indisimulable inequidad en el reparto de subsidios. Según los empresarios, la relación entre el volumen de subsidios que recibe una unidad por mes en Capital Federal contra la que recibe una en el interior es de 8 a 1 en favor de las compañías porteñas. El de los interurbanos de Córdoba es un mercado que patentiza como pocos el fracaso del sistema: de casi 40 empresas operativas hay 16 con Procedimiento Preventivo de Crisis y dos grandes –Ersa y Lep- con concurso de acreedores. En los próximos días se aprobará un incremento en la tarifa del 22,8%, muy lejos de la minuta de costos de las empresas que dispara un 56,7%.
