El enfrentamiento entre la Municipalidad de Córdoba y el Suoem incluye ahora a nuevos actores: los abogados y el colegio que los nuclea.
Los promotores de convivencia, todos abogados, fueron designados para cumplir funciones dentro de la municipalidad. Son monotributistas que ingresaron sin concurso y cuya actividad aún no está del todo clara.
Según la ordenanza, estos promotores tienen la facultad de aplicar multas a negocios que no cumplan con las normas de bioseguridad, pero también podrían labrar cualquier tipo de infracciones de tránsito.
El presidente del Colegio de Abogados, Ignacio Segura, salió a despegarse de estas designaciones y sostuvo que el colegio “no tiene nada que ver”.
No obstante, aseguró que le envió una carta al titular del Tribunal de Faltas Juan Manuel Aráoz, pidiendo precisiones sobre las contrataciones.
“Que se informe al Directorio del Colegio de Abogados de Córdoba, la modalidad de contratación de los abogados y abogadas, en la función de promotores de la convivencia, a todo evento remarcamos que se debe dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la ley 5805 como así también a las disposiciones establecidas en el código arancelario”, dice parte del escrito enviado al Tribunal de Faltas.
Como adelantó PERFIL CORDOBA la semana pasada, Ignacio Segura es asesor de Verónica Bruera, Secretaria General del Municipio, quien a su vez es la vicepresidenta del Colegio de Abogados.
Esta situación le agregó mayor conflictividad a la relación entre la municipalidad y el gremio, pero también despertó una fuerte interna entre los abogados.
El viernes, en el marco de las protestas del SUOEM, uno de los blancos de escrache fue justamente la fachada del colegio.
Héctor Echegaray, antecesor de Ignacio Segura en la presidencia de la institución, en diálogo con este diario aseguró “Los abogados estamos exigiendo a las autoridades del Colegio que asuman una actitud de fuerte protección de nuestros derechos. A los problemas que tenemos con el servicio de justicia se suma ahora un colegio cuyas autoridades aparentemente están involucradas en un conflicto con el Suoem por designaciones municipales sobre las cuales no tenemos transparencia ni tenemos comunicación, evidentemente nos hace a todos tener una mirada rara”.
Sobre las designaciones de los promotores de convivencia, Echegaray afirmó que tanto la municipalidad como el colegio tienen que dar explicaciones: “Cuando se generan designaciones de esta naturaleza, el colegio tiene que garantizar un mecanismo de transparencia, que permita el acceso de todos los asociados. La institución no puede actuar discrecionalmente y elegir a unos en desmedro de otros. Necesariamente hace falta la aclaración del Colegio y de la Municipalidad”.
Echegaray además direcciona sus críticas a la doble función: “cuando hablamos de funcionarios políticos que ejercen cargos en la función pública y eso a su vez se relaciona con la actividad del colegio, allí se genera un conflicto de intereses, ambas cosas impiden que la representación de los abogados sea cierta efectiva y sin interferencias”.
Desde la Municipalidad defendieron las contrataciones de los abogados y dejaron trascender que mientras dure el conflicto con el gremio, aumentarán las designaciones de los promotores de convivencia.
