Ciertos temas como la inflación, la recesión o la política monetaria operan a nivel nacional y sus consecuencias se padecen en nuestro territorio sin que la dirigencia provincial tenga margen o capacidad para intervenir en sus causas estructurales. Sin embargo, existen un conjunto de decisiones fundamentales en esta materia que el Estado provincial puede y debe tomar, y que se refieren al rol del sector público y su nivel de intervención en la economía.
La campaña electoral que actualmente transita la Provincia para la renovación de sus autoridades ejecutivas y legislativas no ha ahondado en esas definiciones centrales. Las plataformas económicas que se reflejaron en estas páginas en las últimas semanas, carecen de una visión integral y realista a la vez. Los principales opositores plantean horizontes temporales ambiciosos o cambios esenciales en la organización del Estado sin especificar en detalle o de manera concreta cómo lo lograrían. En ocasiones, la incertidumbre sobre la victoria actúa como incentivo para la osadía en las propuestas. Por su parte el oficialismo, que cuenta con mayores elementos para valorar la viabilidad de sus promesas, por conocer directamente la situación provincial, evita la contradicción de proponer cosas que no está haciendo. Apuesta a una armónica continuidad que amplíe su impacto. Decir otra cosa supondría admitir falencias en su gestión.
Las tres plataformas tienen alguna fortaleza. Mario Negri puso a un importante equipo a trabajar en una visión de desarrollo de largo plazo, articulada y con perspectiva regional. Ramón Mestre, resaltando la articulación con municipios, mostró públicamente y con mayor detalle sus propuestas, permitiendo un análisis más detallado. Juan Schiaretti armó el menú más amplio y diverso de políticas, priorizando el realismo en su oferta electoral. Sin embargo, ninguno integró todos estos aspectos, ni elaboró un programa de gobierno integrado, detallado, público y publicado.
Extrañamente, fueron reticentes, en todos los casos, a especificar los nombres de quiénes trabajaron en el diseño de sus propuestas, dejándolas en la orfandad.
Un conglomerado de ideas efectistas y difundidas a cuentagotas, se pasearon desarticuladas por el escenario mediático, donde los candidatos eligieron administrar sus anuncios. La eventual contrastación de propuestas quedó tercerizada en espacios comunicacionales tan exiguos y efímeros como las redes sociales. La renuencia a participar de un debate de candidatos, como siempre por parte de quien encabeza los sondeos previos, y la ausencia de una normativa que obligue a los partidos a hacerlo, imposibilitó un encuentro cara a cara entre los aspirantes a gobernar la provincia.
Sin programas integrales para comparar, ni encuentro directo entre candidatos, la calidad del debate público en tiempos electorales deberá esperar cuatro años más en Córdoba.
