La investigación penal comenzó por una denuncia realizada ante la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico el 28 de enero de 2019, por una persona de identidad reservada. Consignaba que, desde la detención en octubre de 2018 del Raúl Cuello, conocido por su alias ‘Tuerto Cacho’, sus hermanos Cristian y Diego González habían quedado a cargo “del negocio” de la droga en la zona de barrio San Vicente; aunque el expediente también mostró ramificaciones en Ciudad de Mis Sueños.
Con el correr de los meses, el fiscal Marcelo Sicardi comprobó la existencia de una organización, con diferentes roles, en las que había “guardaderos” de cocaína y otros dedicados a venderla. Todos, bajo las directivas de los hermanos González.
Se localizaron nombres y domicilios de las personas señaladas en la denuncia, entre las cuales se logró identificar al proveedor conocido bajo el seudónimo ‘Salta’ —por su lugar de residencia— Márquez, quien habría transportado la droga desde el norte del país. Para seguir sus pasos, se dio participación a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y ese capítulo de la historia quedó en jurisdicción de la Justicia Federal.
Los presuntos cabecillas son Diego y Cristián González. Se dividían las tareas para almacenar y guardar la droga, estirarla y resguardar el dinero obtenido con su venta. El centro principal de operaciones se ubicaba en barrio San Vicente, de la ciudad de Córdoba.
Posteriormente contaban con un sistema prolijamente diseñado para que esa droga llegue a los distintos puntos de venta minorista, en su mayor parte concentrados en Villa La Maternidad. Todos en el barrio sabían que Diego González vendía estupefacientes. Vivía en una casa de Agustín Garzón al 1400 y su hermano Cristian —apodado Tartuchín o Tutuchín—, en Corrientes al 1500. Se puede decir que era una empresa familiar porque, además participaban Natalia Jacqueline Pedraza y Justina del Valle Gutiérrez, pareja y suegra de Cristian, respectivamente. Y también el yerno de Cristian y Natalia, Martín Ezequiel Morán.
Los hechos descritos en el expediente comprueban todo lo que existe en el imaginario popular sobre los copamientos territoriales para el narcomenudeo: el modo en que usaban a los niños para trasladar a los clientes hasta los puntos de venta; las conexiones con efectivos policiales quienes les anunciaban los procedimientos por realizarse; el uso del lenguaje en clave. Hablaban de “populares” o “plateas”, camisetas “amarillas” o “blancas”, “cerámica” o “azulejo”, para precisar la alta o baja calidad de la droga que ofrecían a la venta; el vasto conocimiento del vecindario sobre quiénes y dónde se dedicaban a comercializar los estupefacientes, y el temor de esos testigos a la hora de declarar.
Para la Justicia las pruebas son innumerables: desde filmaciones a los puntos de comercialización, testimonios de vecinos, observación de agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) que realizaron inteligencia durante varios meses y las intervenciones telefónicas a los acusados. Antes de abrir la audiencia en la Cámara 3ª del Crimen, siete de los acusados solicitaron juicio abreviado y seis se negaron a esa alternativa.
El fiscal de Cámara, Marcelo Hidalgo, solicitó penas que parten de los seis años y van hasta los siete años y medio de prisión para todos los imputados. Los cargos son por comercialización de estupefacientes agravada y tenencia ilegal de armas.
MARCELO HIDALGO: “Hay gran deterioro en lo educativo y social”
Para el fiscal, Marcelo Hidalgo, la investigación penal de este caso fue exitosa porque no solo desbarató una banda de narcomenudeo, sino que llegó al proveedor. Pero muestra en forma palpable el fracaso social.
“Se vendían grandes cantidades de droga, a toda hora, mañana, tarde y noche. Desde el punto de vista policial y judicial es un trabajo fructífero, no hubo planteos de nulidades y la contundencia de la prueba ha llevado a que la mayoría de los acusados acepten un juicio abreviado”, destacó a PERFIL CÓRDOBA.
Pero, el fenómeno que se observa en Villa La Maternidad es asimilable al de otros sectores donde fueron relocalizados asentamientos. “No soy sociólogo, urbanista ni antropólogo —explicó— pero digo que el mismo fenómeno hay en todas las ciudades-barrio. Sacar a las personas a otros lugares alejados de la ciudad es excluirlas aún más”.
“En esos mismos barrios que se construyeron y donde se pretendió llevar a Villa La Maternidad, entre ellos Ciudad de Mis Sueños, son lugares que están tanto o más copados por la venta de drogas. El trabajo social tuvo en aquel momento un sentido y una finalidad y hoy tiene una expresión de deterioro en lo educativo, social, salud, desarrollo de las personas que están sumergidas en el uso y venta de estupefacientes, a tal punto que a los niños la droga los atropella en la villa”, se explayó.
“Otro aspecto es el uso de personas de vulnerabilidad extrema, personas con enfermedades graves o serias que son utilizados para estar en los puntos de venta”, relató el fiscal de cámara citando ejemplos que se observaron en este juicio.
ANA FALÚ: “La idea que debe prevalecer es no relocalizar a la gente”
Villa La Maternidad es un asentamiento, próximo al populoso barrio San Vicente, que resistió el desalojo en los inicios de los 2000, cuando la Provincia creó las “ciudades barrio”. A dos décadas de aquella iniciativa, PERFIL CÓRDOBA convocó a la arquitecta Ana Falú, profesora emérita de la UNC y directora ejecutiva Cicsa ciudades feministas, para analizar si fue una política estatal acertada.
—En los 2000 se intentó reubicar los asentamientos y villas y se construyeron las ´ciudades barrio´. ¿Dieron respuesta satisfactoria a las necesidades que presentaban esos sectores?
—La reubicación se debatió en Córdoba y América Latina. No fue la política más feliz porque la gente se alejó de sus lugares de vida y se rompieron vínculos sociales. Se los llevó a barrios de otra escala con familias que venían de distintos asentamientos, que no se conocía n entre sí. Y eso generó un problema social, 900 familias en Quintas de San Jorge, 600 familias en las ciudades barrio. Cantidades de grupos que conformaron sus propias ciudades, pero sin infraestructuras de vida. Las casas son buenas, la gente está agradecida. Claro que es mucho mejor que vivir en un asentamiento informal. Hay casos donde eran necesarios, por ejemplo, en bordes de ríos inundables; pero en otros no. El tema central está en el valor del suelo urbano. A lo mejor si invirtiéramos en tierras mejor ubicadas en la ciudad consolidada tendríamos menos problemas e incluso menores costos de extensión de transporte, agua, luz, cloacas.
— ¿Fue una buena idea relocalizar a esas familias, llevarlas a otros lugares?
—La idea que debe prevalecer es no relocalizar a la gente. Sino reubicarla en los barrios donde están sus huellas, sus tramas sociales. Esto se hizo en todo el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado. Hay que mixturar la población, no temer a la pobreza, sino trabajar para no tener pobreza, para incluirlos, no con programas de erradicación que excluyan y fragmenten aún más los territorios.
—¿Qué respuestas todavía no se dieron y se podrían dar ante la problemática de exclusión y vulnerabilidad que queda evidenciada, por ejemplo, con el copamiento de la droga en algunos barrios populares y villas?
— E s muy difícil decir qué respuestas podemos dar porque los análisis son complejos. La primera es incluir con programas sociales, educación y trabajo. De otras experiencias se pueden aprender —no diré qué municipios europeos para no hacerles propaganda— que han escogido trabajar primero con esos sectores de mayor exclusión. Allá son migrantes y sus propias poblaciones. Acá habría que priorizar cómo integrar, elevar la calidad de las escuelas, generar trabajo en las inmediaciones. La prioridad en las políticas debe estar en quiénes son las personas —hombres y en particular mujeres por ser creciente el número de responsables únicas de hogares con alta preocupación por el destino de sus hijos/as— que están en situaciones de mayor vulnerabilidad.
