El fiscal Pedro Caballero elevó a juicio a un grupo de 12 personas que, con diferentes roles, engañaba a través de llamadas telefónicas a personas con el cuento de que algún familiar había sido secuestrado. De ese modo, les exigían dinero o algún objeto de valor para el rescate. Y, en alguna ocasión, se amenazaba de muerte a la presunta víctima del secuestro falso para asustar al receptor de la llamada.
Los cabecillas, según la acusación, son dos personas detenidas en la cárcel de Cruz del Eje, José Gabriel Ubilla y David Humberto Agüero, mentores de las trampas; mientras que el resto de los cómplices actuaba en la ciudad de Córdoba para “cobrar” el producto de los engaños.
La búsqueda de los destinatarios de los secuestros virtuales se hacía a través de la guía telefónica. Usaban teléfonos celulares que ingresaban ilegalmente al penal. En una causa conexa, se detectó a la pareja de Ubilla con un aparato desarmado que colocó en su vagina.
Para no ser advertidos usaban chips telefónicos con números distintos. Pero en la investigación se pudieron detectar los IMEI, el código único de identificación del aparato que albergaba las líneas.
Los acusados también demostraron gran histrionismo. En las escuchas telefónicas se advertía cómo la misma persona generaba diálogos con voz de hombre y de mujer, que iba mutando según el relato del incidente. No solo simulaban haber secuestrado a alguien, también advertían sobre accidentes o desmayos en la vía pública y teatralizaban la situación para engañar al receptor de la comunicación telefónica.
Un investigador comentó que bandas de este tipo “operan como pymes”. Hay quien planea y realiza la llamada, en este caso desde el penal cruzdelejeño, y otros actúan de “remises”, es decir que recogen el dinero y los bienes que las víctimas, por lo general gente mayor desprevenida que entrega sus pertenencias. Luego, esos “remises” distribuían lo recaudado entre los integrantes de la banda y familiares de los presos que los organizaban y dirigían.
La causa, sin oposición a la elevación a juicio, ya se encuentra en la Cámara 3ª del Crimen para el juzgamiento. En este caso, enfrentan la acusación de extorsión y asociación ilícita por unos 25 hechos ocurridos desde septiembre de 2015 hasta fines de 2016.
