El fiscal federal Enrique Senestrari firmó el requerimiento de elevación a juicio contra Juan Francisco ‘el Francés’ Viarnes, en la causa considerada la precuela del llamado narcoescándalo. Fue el fin de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba y la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, bajo jurisdicción del Ministerio Público Fiscal.
La acusación es por encubrimiento agravado y circulación de moneda falsa, estafa y falsificación de documento público agravado, en el marco de una investigación que tuvo varios capítulos no exentos de intrigas y traiciones.
Viarnes cayó preso cuando pensaba que tenía protección asegurada de los policías a los cuales servía en investigaciones narcos. Su detención se produjo el 18 de julio de 2013, después de que dos hombres lo denunciaron porque les pagó con US$42.000 apócrifos tres vehículos que le vendieron.
El Juzgado Federal N°1, de Ricardo Bustos Fierro, abrió la causa y allanó la vivienda que alquilaba Viarnes en barrio Urca, en cuyo interior secuestró US$347.800 falsos y $36.200. Al haber caído preso, Viarnes se decidió a hablar y contar la tarea que venía realizando como agente infiltrado, provocador y ‘buchón’ de la policía desde hacía –por entonces– dos años.
Se abrió la pesquisa conocida como narcoescándalo, que investigó al jefe de Drogas, Rafael Sosa, y miembros de sus brigadas.
Frente a las cámaras. Juan Viarnes estuvo detenido entre el 18 de julio y el 13 de agosto de 2013, día en que fue liberado bajo caución.
Hasta el 4 de septiembre, la investigación contra las actividades ilegales de los policías de Drogas se mantuvo entre las paredes de los tribunales. Ese día, el delator hizo pública la información, que había aportado a la Justicia Federal en el programa ADN de Canal 10, conducido por Tomás Méndez.
Tres días después, apareció muerto Juan Alós, uno de los policías señalados. Su cuerpo yacía en el interior de un Renault Clío asignado a la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico de la policía provincial. Y en un bolsillo de la campera que se secuestró dentro del vehículo había un pendrive que resultó revelador y constituyó una de las pruebas cruciales, para conocer los movimientos al margen de la ley de Viarnes y los efectivos con los cuales colaboraba como agente provocador.
Por el ‘narcoescándalo’, en 2016 fueron condenados el exjefe de Drogas, Rafael Sosa, y los policías Gustavo Julio González, Alfredo Damián Seine y Fabián César Peralta Dáttoli, por violación de los deberes de funcionario público, y el agente Franco Sebastián Argüello también por extorsión.
Luego, la Cámara Federal de Casación Penal, también les endilgó el delito de asociación ilícita, agravando las penas.
Fábrica de dólares. Los billetes falsos que tenía Viarnes, según la acusación, provenían de una banda de Rosario dedicada a la impresión con alta calidad de monedas locales y estadounidenses. Delitos Económicos de la Policía de Córdoba venía siguiendo al líder, Diómedes Manuel Carbone, desde septiembre de 2010. Era una especie de empresa familiar porque en la confección y distribución participaban su padre, tíos, un hermano y parientes políticos.
Colocaban la ‘producción’ de billetes en clientes de varias provincias argentinas. Entre los distribuidores aparecieron dos de Córdoba. Uno era Arturo Ramón Rossi, un vecino de Arroyito, a quien Viarnes –siempre según las pruebas que se mencionan en la acusación– le compró dólares apócrifos para perpetrar luego distintas estafas.
La causa contra la banda de los rosarinos está elevada a juicio en el Tribunal Oral Federal N°1 sin fecha para la audiencia, bajo la carátula “Hidalgo, Jerónimo; Carbone, Manuel y otros s/Falsificación de moneda”. Los acusados son 15 en total, entre quienes se encuentran los expolicías cordobeses Rafael Sosa y Fabián Peralta Dáttoli. La causa de Viarnes quedó aparte y recién ahora se eleva a juicio porque estuvo prófugo.
LA TRAMA DETRÁS DE LOS DÓLARES Y OPERATIVOS NARCO
En su rol de agente encubierto ilegal, Juan Viarnes tenía a su cargo colectar información sobre un conocido narco: Gabriel Osvaldo Ludueña. Con él viajó a Arroyito a reunirse con Rossi y obtener billetes apócrifos, el 7 de abril de 2013.
Estos movimientos eran conocidos por Sosa y Peralta Dattoli. El beneficio para Sosa era conseguir información y mostrar luego operativos exitosos. En el caso de Peralta Dattoli, Viarnes le compró con moneda falsa un vehículo.
Y para Viarnes era un elemento de extorsión. “No iba a desempeñarse como agente encubierto en organizaciones de narcotraficantes, con el riesgo que ello implicaba, por su devoción al comisario Sosa –explica la acusación–. Su desempeño tenía un costo que debía ser pagado por los funcionarios policiales avocados a la investigación de la causa”. El precio era la cobertura a sus actividades fuera de la ley y todo lo que él conocía sobre las causas narco armadas. Esa información era la mejor arma de la extorsión.
Viarnes no pecó de ingenuo. Puso a negociar la obtención de la plata falsa a quien espiaba, Ludueña, sabiendo que su nombre quedaría pegado a la negociación espúrea. A tal punto fue así, que horas después del viaje a Arroyito para traer US$389.100 truchos de Rossi, en la madrugada del 8 de abril de 2013, Ludueña cayó preso en un operativo narco en Sinsacate. Los movimientos quedaron grabados por la intervención al teléfono de Ludueña. Esa información se encontraba almacenada en el pendrive del auto en el que Alós se quitó la vida.
Según el fiscal, “el acuerdo se cumplimentó a la perfección, ya que Viarnes se quedó con su moneda falsa y el comisario Sosa con su procedimiento positivo”, en el que se secuestró gran cantidad de estupefacientes y precursores químicos.
LA OBEDIENCIA INDEBIDA DE ALÓS
El fiscal Senestrari ocupó dos páginas de su escrito para retratar al policía muerto, Juan Alós.
◆ “No me caben dudas que el objetivo de Alós fue antagónico a los intereses personales trazados por su jefe (comisario Rafael) Sosa y su compañero (Fabián) Peralta Dattoli, y que su compromiso en grado sumo con la prestación del servicio encomendado en su lucha contra el narcotráfico lo llevó a obrar en virtud de una ‘indebida obediencia debida’”.
◆ “Confieso que mi actuación posibilitó dilucidar este extremo y me deja un viso de tranquilidad por la tarea cumplida en este engorroso y complejo proceso. Pero, aun así, luego de su fallecimiento, Alós me aportó una prueba fundamental: la información de la transacción de la moneda, que almacenó en un pendrive y colocó en una de las camperas que se hallaban en el asiento trasero del rodado en el que fue encontrado sin vida”.
◆ “Logré advertir, en el contexto referido en los hechos, que varios de los elementos que tenía Alós en el escenario de su muerte, habían sido entregados por un fiscal provincial nada más y nada menos que a la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia de Córdoba, cuyo titular, varios de sus funcionarios y empleados, además del occiso, estaban siendo investigados por esta Justicia Federal. Esta fue la razón que me motivó a ir en búsqueda de esa prueba y rescatar el pendrive, que constituyó una de las bases del esclarecimiento del presente caso”.
