Los jueces son los únicos encargados de llevarle malas noticias a Horacio Rodríguez Larreta. Bajo el paraguas de la tregua pandémica, el alcalde porteño casi no recibe críticas de parte de la oposición. La paz larretiana abarca al espacio de Martín Lousteau y al Frente de Todos. Ni siquiera el aumento exponencial de los infectados en villas y barrios vulnerables, un salto del 80% en cuatro días, logró quebrar el statu quo porteño.
Mientras, el oficialismo se dispone a votar este jueves 7 de mayo una Ley de Emergencia Económica, con el acompañamiento de una buena parte de la oposición. Y algo más: planea crear una suerte de "supersecretaría" en el Poder Dudicial, que ya despierta la desconfianza y el malestar de los jueces y fiscales.
El cuestionamiento a la gestión porteña llegó este martes a las 18, de la mano del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Osvaldo Otheguy. Lejos de integrar la lista de jueces incómodos para Rodríguez Larreta, Otheguy incluyó una serie de reproches velados al oficialismo. Le ordenó pre-cautelarmente que se suministre el agua suficiente en los barrios populares.
Hasta el lunes pasado, la villa 31 de Retiro acumulaba ocho días sin provisión de agua. Las condiciones de hacinamiento empeoraron el cuadro. En la Capital, las villas registran seis muertos y 301 enfermos de coronavirus.
El ministro de Salud porteño reconoció que "el coronavirus se multiplica en las villas"
Si bien Otheguy aclaró que correspondía la intervención de la justicia federal (porque una ley nacional regula el servicio de agua), instó al Gobierno porteño a establecer un "plan de contingencia" ante posibles "emergencias sanitarias".
El juez le dio al Ejecutivo municipal un plazo de cinco días para elaborar "un plan que incluya un cronograma detallado para cada barrio popular con recorridos, fechas y horarios precisos, previamente acordados con la comunidad y adecuadamente difundidos". Según el magistrado, esa hoja de ruta debe "garantizar la entrega de agua a granel para todos los usos, en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente".
El magistrado además estableció un parámetro: "tener como guía para la dotación por habitante las normativas nacionales e internacionales que establecen un consumo de agua potable con valores entre 150 y 250 litros por habitante por día". El amparo fue presentado por la ingeniera hidráulica María Eva Koutsovitis, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y militante de una rama de la CTA.
En un equilibrio entre pases de factura y trabajo conjunto, AySA y el larretismo se acusaron mutuamente por el corte del agua. El gobierno porteño se comprometió a comenzar, a partir de este miércoles, las obras para restablecer el servicio en la villa 31. Fue después del encuentro mantenido ayer entre Malena Galmarini, la presidenta de AySA, con el equipo de obras públicas de Rodríguez Larreta.
El secretario de Integración Social y Urbana de la ciudad, Diego Fernández, aseguró: "mañana mismo desde el gobierno de la Ciudad comenzamos a hacer las conexiones que quedaban pendientes entre los caños troncales de la red de agua y los caños internos de la red de distribución del barrio. Esto va a poder mejorar la presión de agua y todo el sistema interno".
El lunes pasado, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se había reunido con legisladores nacionales y porteños del Frente de Todos, para debatir sobre la crisis en los barrios populares. El peronismo porteño optó por no levantar un perfil crítico.
En el contexto de tregua entre Rodríguez Larreta y la Casa Rosada, el oficialismo de la Capital está a un paso de sancionar una Ley de Emergencia Económica. El proyecto del Ejecutivo se tratará este jueves 7 de mayo en la Legislatura. El alcalde hizo algunas concesiones clave, tanto al espacio de Martín Lousteau como al albertismo.
Larreta se reúne con el Gobierno para definir cómo sigue la cuarentena porteña
Así, este jueves tendrá una holgada mayoría. Decidió retirar el punto más objetado: la posibilidad de pagar los sueldos de forma escalonada. Las otras prendas de negociación fueron: que no se puedan reasignar o suspender partidas que correspondan a salud, educación ni desarrollo humano; y que la rendición de cuentas ante la legislatura sea mensual y no trimestral.
Con vigencia hasta fin de año, el proyecto otorga al Ejecutivo la facultad para redireccionar el presupuesto (por encima del límite actual del 5%), ante el derrumbe de la recaudación por la cuarentena. El Frente de Todos todavía no definió su postura. El larretismo no necesita su aval para superar los 31 votos, pero preferiría contar con ese acompañamiento. El alcalde visitó este miércoles al ministro del Interior Eduardo de Pedro en la Rosada para definir los detalles de la próxima fase de la cuarentena.
El oficialismo también da por hecha la sanción de otro proyecto ambicioso. Se trata de la creación de un nuevo organismo llamado "Secretaría de Administración General y Presupuesto", que funcionará en el ámbito del Poder Judicial. Su titular sería la larretista Genoveva Ferraro, todavía Subsecretaria de Administración de Seguridad.
En la práctica, ese nuevo cargo funcionaría como una instancia de control sobre las compras y contrataciones realizadas por el Poder Judicial. Los jueces miran con desconfianza el inminente rediseño institucional. Especialmente, el recelo proviene de los integrantes del fuero Contencioso Administrativo, que se dedica a poner un ojo sobre las acciones del Estado.
Desde que empezó la cuarentena obligatoria, la justicia porteña aceptó tratar más 70 amparos en contra del gobierno de Rodríguez Larreta. Y en la mayoría de los casos, los concedió.
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