En la reforma tributaria del 2017 impulsada por el gobierno de Mauricio Macri se plantea una medida regresiva con vencimiento en diciembre de este año. Se trata de la ley 27.432 que plantea la eliminación de asignaciones impositivas con las que, los institutos del Estado, financian las producciones nacionales de cine, teatro, música, radios y televisiones comunitarias y a las bibliotecas populares.
El artículo 4° modificado plantea que esos recursos seguirán siendo recaudados, pero serán destinados al Tesoro Nacional para el uso discrecional de los gobiernos. De no encontrar estado parlamentario a mitad de año, la medida se aplicaría automáticamente y las instituciones como el INaMu (Instituto Nacional de la Música), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el INT (Instituto Nacional del Teatro), La CoNaBiP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual) quedarían sin recursos si el Congreso no frena su vaciamiento.
“Ninguna ley que le quite presupuesto al desarrollo cultural puede ser una buena señal para nuestro destino como Nación”, afirma el músico y actor Facundo Ramírez, y se pregunta: ¿Qué pasará con el INCAA, con nuestro Instituto del Teatro, con la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, con el INAMU o con las Bibliotecas Populares si se aplican esos recortes? No es difícil imaginar las devastadoras consecuencias”.
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Se trata de no sólo de recursos para financiar producciones alternativas y comunitarias, sino también de recursos que sirvieron para que grandes producciones como “La historia oficial” o “El secreto de sus ojos”, las dos películas argentinas ganadoras del Oscar, hayan sido posibles.
El límite es diciembre de este año y la voluntad política para frenar la caducidad de estos fondos comienza a aparecer.
El diputado del Frente de Todos, Pablo Carro, es quien, mediante una ley de su autoría, intenta frenar el vaciamiento de los entes culturales. “Hablé con el jefe de bloque, Germán Martínez, y hay consenso para que el tema sea tratado”, asegura Carro a PERFIL. “Carlos Heller, Miryam Bregman, todos los diputados radicales, exceptuando al PRO, están de acuerdo en tratar el proyecto, sólo falta que se active el Congreso”.
Carro también aseguró que “Tristán Bauer gestionó el tema ante Sergio Massa y todo el gobierno está de acuerdo”. La “Ley Carro” propone prorrogar hasta diciembre de 2072 las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales.
En diciembre de 2017 se promulgo la Ley 27432 por la que se establecieron diferentes reformas de carácter impositivo. Por el art 4 se estableció una limitación temporal -concretamente hasta el 31/12/22- del impuesto a las entradas de cine, video-gramas grabados previstos por la ley de cine, e impuesto a los servicios de comunicación audiovisual previsto en la ley 26522.
“Las películas tienen plazos de realización de entre 3 y 5 años. Es imposible proponerse encarar un proyecto con una fecha de vencimiento tan cercana”, dice un comunicado de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) que preside Vanessa Ragone, productora de “El secreto de sus ojos”, entre una treintena de films nacionales.
"La única manera de frenar el desfinanciamiento es prorrogando la caducidad de los fondos de asignación específica “por 75 años tomando la referencia arbitraria de la vigencia de los derechos de autor una vez que este ha fallecido", según propone la CAIC.
En diálogo con PERFIL, Ragone asegura que “no hubiéramos tenido películas ganadoras de Premios Oscar, como El secreto de sus ojos, o con recorridos internacionales que han llevado nuestro modo de ser y nuestra cultura al mundo, no hubiéramos disfrutado de las películas que el público argentino ha valorado masivamente, desde Relatos salvajes a Metegol, desde El secreto de sus ojos a El robo del siglo, no hubiera sido posible desarrollar las carreras de directores y directoras, actrices y actores que nos representan en el mundo, no tendríamos un corpus de películas documentales que son referencia internacional, no seríamos el país con la capacidad inmensa de exportación de contenidos audiovisuales, formatos y servicios que hoy somos”.
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La realizadora Sabrina Farji, opina que “el problema es que a algo que no tenía fecha de vencimiento se le dio una y eso desarticuló todo. Algunos creían que se renovaría fácilmente y era tan sencillo como volver a darle una fecha nueva. Ahora todo peligra porque no hay mayoría clara y no todos creen que valga la pena el tema” y agrega, “bienvenidas las plataformas y que se genere más trabajo, pero nunca que, por ello, haya menos trabajo. Después del aire, lo que más consume el hombre es visuales y es importante que ésas horas sean nacionales”.
“Hasta hoy, no hubo ni un solo diputado que pueda argumentar nada razonable, ni coherente, si se implementara la caducidad de las asignaciones que propusieron desde el macrismo ese apedreado fin de año de 2017. A lo sumo se han escuchado solo muletillas opositoras al proyecto, frases hechas para tribunas de pensamientos colonizados, sin amor alguno por nuestra patria y nuestra cultura”, asegura Adrián Jaime de “Unidxs por la cultura”.
La única iniciativa para evitar el colapso económico de las producciones culturales argentinas es la que presentó el diputado Carro, que se muestra optimista ya que cuenta con el apoyo de la mayoría de los diputados nacionales para tratar y aprobar la prórroga de los beneficios culturales. Sin embargo, en la comunidad artística sigue le preocupación ya que el proyecto deberá pasar también por el senado donde el oficialismo es, numéricamente, un poco más endeble.
