Históricamente, el rol regional de Argentina fue el de país de tránsito de las redes de narcotráfico. La droga ilegal, fundamentalmente cocaína, ingresaba al país por sus vastas fronteras proveniente de los principales productores, Bolivia, Perú y Colombia, y salía hacia los mercados de consumo más importantes, Estados Unidos, Europa y, en menor medida, Africa y el sudeste asiático.
Aún hoy, como entonces, la cocaína ingresa al país con facilidad. Lo hace por vía terrestre, a través de fronteras porosas, y recorre las rutas hasta llegar a ciudades con puertos y aeropuertos desde donde se puede reenviar a su destino final. También a través de vuelos irregulares que aterrizan en pistas clandestinas y aeródromos diseminados por todo el país, fundamentalmente en las provincias del norte. En otros casos, arrojan la mercadería en puntos acordados, donde sus cómplices la buscan para llevarla a algún punto de producción o de distribución. Barcos y barcazas que surcan los ríos hasta llegar a los grandes puertos constituyen la tercera vía de ingreso.
Ese primer modelo “de tránsito” comenzó a verse afectado por dos características propias del negocio en nuestro país. La primera es que, originalmente, los ingresos económicos se obtenían en Marbella, París, Madrid o Miami y no en Buenos Aires u otras ciudades argentinas. No obstante, los grandes carteles pagaban a los eslabones intermedios en el país en especie, es decir, dejaban a las redes en Argentina cantidades de drogas ilegales que éstas introducían al mercado local para “hacer efectivo” su propio negocio. Esta dinámica desarrolló un consumo propio, que fue madurando hasta convertir a la Argentina en el país de mayor consumo per cápita de cocaína y marihuana de toda la región, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (Unodc) (...). La lógica cambia: una parte del negocio ahora se desarrolla en el mercado local y esto implica que los narcos deben llegar con su producto a cada rincón del país, pasando de ser una actividad eminentemente logística a un negocio de consumo masivo. Así, también deben comenzar a controlar el territorio para asegurarse la distribución, lo que implica cooptar sectores del Estado, como policías, jueces, fiscales o políticos. De este modo, trabajan con impunidad y eliminan competidores.
La segunda característica es que la Argentina y Brasil son los dos principales productores regionales de precursores químicos necesarios para la elaboración de estupefacientes como la cocaína. A nivel industrial, en ambos países se fabrica acetona, anhídrido clorhídrico y permanganato de potasio, entre otros productos que, antes, se exportaban a Bolivia, Perú y Colombia, donde se elaboraba la cocaína en todas sus etapas, desde el cultivo de la hoja de coca hasta la cocaína de máxima pureza. A medida que aumentó la presión en estos países productores y que la influencia de los carteles y el negocio se extendió hacia los dos grandes países del subcontinente, se comenzó a importar la pasta base de los países originales y a dejar la última etapa de elaboración para que se complete en Brasil y la Argentina en pequeños laboratorios clandestinos, ubicados generalmente en suburbios de grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, San Pablo o Río de Janeiro. Se los llama “laboratorios”, pero, en la mayoría de los casos, no son más que cocinas literales dentro de las casas, y sirven para sintetizar la pasta base y transformarla en cocaína o refinarla hasta darle mayor nivel de pureza y generar subproductos como el paco.
Para poder operar con impunidad y desarrollar estas relevantes estructuras, último eslabón del proceso productivo del clorhidrato de cocaína, los narcos debieron extenderse hacia los territorios con poca presencia del Estado y con mucha permeabilidad a la corrupción, “las áreas urbanas sin ley”. Zonas abandonadas en materia de seguridad, infraestructura social básica y acceso a la educación y a la salud. Generalmente, las más pobres y marginadas: las villas de emergencia en la Argentina y las favelas en Brasil. Con el tiempo, las organizaciones criminales comienzan a ocupar el lugar del Estado: proveen bienes públicos, como créditos para gente humilde que no los obtendría en instituciones formales, y brindan servicios, como el gas, la electricidad o la televisión por cable. Se erigen como organizaciones paraestatales, que controlan el ingreso y el egreso de las personas en ese territorio, disponen de sus bienes y hasta de sus vidas y, como resultado, desafían la existencia del Estado. La Argentina enfrenta hoy la amenaza de territorialización del narcotráfico. Las consecuencias de la inacción se pueden sufrir por décadas, como ocurre en varios países latinoamericanos. (...)
Los narcos de la región
Desde que en 1997 se conoció que Victoria Eugenia Henao Vallejos, viuda de Pablo Escobar Gaviria, se había instalado en Argentina, se produjo en nuestro país una sucesión de detenciones de jefes de carteles colombianos y mexicanos que habían elegido esta parte de Sudamérica para ocultarse. Henao Vallejos fue apresada en noviembre de 1999, acusada de lavar dinero de la droga. La fiscalía general de Colombia reconoció que su gobierno le había otorgado un pasaporte con una nueva identidad, al igual que a sus hijos. Cuando la detuvieron, en su documento figuraba como María Isabel Santos Cavallero. Estaba con su hijo Juan Pablo, alias Juan Sebastián Marroquín Santos, y vivía en (...) el barrio porteño de Núñez.
Ese mismo año, el juez federal Gabriel Cavallo la procesó como presunta jefa de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero del narcotráfico en nuestro país. La resolución incluyó los procesamientos de otros imputados en la causa, entre ellos, el contador Juan Carlos Zacarías, a quien también se le impuso prisión preventiva por ser el presunto organizador de la asociación ilícita y por supuesta administración fraudulenta. Cavallo trabó un embargo sobre los bienes de Henao Vallejo y Zacarías hasta cubrir las sumas de 10 y 8 millones de pesos, respectivamente.
Además, el magistrado ordenó decomisar dos viviendas del country Las Praderas, que había comprado la viuda. También procesó a Juan Pablo por asociación ilícita, aunque no le dictó prisión preventiva. En 2005, luego de un tortuoso proceso judicial, el Tribunal Oral Federal Nº 6 sobreseyó a ambos y al resto de los imputados. Hasta hace poco tiempo, la viuda y sus dos hijos seguían instalados en la Argentina.
El 12 abril de 2010, en los alrededores del shopping Alto Palermo y en plena vía pública, los agentes de la SIDE habían montado un discreto operativo para detener a un colombiano de 43 años buscado por Interpol y con pedido de captura de los Estados Unidos, donde lo acusaban de ser una pieza clave en el mecanismo del lavado del dinero proveniente del narcotráfico. Cuando lo interceptaron, a pocos metros del centro comercial, negó ser el sospechoso y mostró un pasaporte guatemalteco a nombre de Carlos José Martínez Castañeda, identidad con la que había desembarcado de un vuelo proveniente de Brasil y pasado los controles migratorios en Ezeiza cuatro meses antes. Unos minutos después admitió ser Luis Agustín Caicedo Velandia, alias “Don Lucho”, sucesor de los Rodríguez Orejuela y de Escobar Gaviria. Pudo ser localizado gracias a una llamada telefónica interceptada por la Central de Inteligencia Americana (CIA), que avisó a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), que ordenó a su vez un seguimiento.
Agentes del último organismo avisaron a sus colegas argentinos sobre las coordenadas en las que había sido emitida la llamada realizada por Don Lucho. Cuando lo descubrieron caminando por la avenida Santa Fe, en Palermo, iba acompañado por un fornido custodio mexicano.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) lo tildó como responsable de una de las mayores redes de narcotráfico del continente. En julio de 2010, el juez federal Julián Ercolini aceptó la solicitud de Estados Unidos y lo extraditó. Fue acusado de lavar más de 176 mil millones de dólares provenientes de la venta de estupefacientes. En 2013, el Tribunal del Distrito Medio del estado de Florida lo condenó a diez años de prisión, por declararse culpable de todas las acusaciones que le hizo la fiscalía. Está detenido en una cárcel de Tampa.
Entre 2003 y 2011, Ignacio Alvarez Meyendorff, alias “Gran Hermano”, entró y salió de nuestro país decenas de veces sin que nadie advirtiera que era uno de los jefes narcos más buscado por los Estados Unidos. Nada hacía parecer que ese 26 de abril de 2011 podría alterarse la rutina.
Pero cuando llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza procedente de Tahití fue apresado por los agentes de la PSA. Se había instalado en Argentina en 2005. Tenía un pedido de captura internacional solicitado por un tribunal de Nueva York. Desde su rol como supuesto integrante del cartel del Norte del Valle del Cauca, la Justicia de Estados Unidos lo acusaba de ser el organizador del envío de cargamentos de cocaína a ese país mediante la utilización de toda clase de medios de transporte, incluso los denominados “narcosubmarinos”. A principios de julio de 2013, fue extraditado en medio de un importante operativo de seguridad coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Su hermano menor, Juan Fernando, alias Luis Miguel Arroyo Grueso, estuvo detenido unas horas en Argentina, pero fue liberado porque no tenía pedido de captura con su documentación formal, aunque no real. En 24 horas desapareció del país. Investigado en la Argentina por su supuesto involucramiento en el operativo Luis XV, cuando se desbarató una banda que envió más de 280 kilogramos de cocaína a Europa escondida en muebles de estilo, fue detenido en Venezuela y extraditado a los Estados Unidos en mayo de 2013, según informó Interpol.
Gustavo Adolfo Mejía Medina, alias “el Viejo”, fue apresado en Gualeguaychú en abril de 2012, cuando intentaba cruzar a Uruguay. Fue uno de los 17 colombianos sospechosos de integrar la banda desbaratada en el operativo Luis XV. Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, fue apresado el 30 de octubre de 2012 en un restaurante de Pilar. En ese momento, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, lo consideró “el narcocriminal más buscado del mundo”. La Policía Nacional de Colombia lo acusó de ser el mayor proveedor de cocaína del cartel de Los Zetas. Pocas horas después, la Justicia de Colombia lo absolvió en todas las causas que había en su contra. (...) No obstante, el presidente Juan Manuel Santos llamó a su par argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para felicitarla por la captura. Desde la cárcel, López Londoño aseguró que no tenía ninguna causa judicial pendiente en su país y que era inocente. Está detenido en el penal de Ezeiza y espera el juicio de extradición (...).
Angie Sanclemente Valencia había sido reina de belleza y se desempeñaba como modelo publicitaria. Su carrera entre pasarelas y alta costura fue interrumpida de manera abrupta cuando estalló el escándalo conocido como “la narcomodelo” y fue apresada en un departamento de Palermo acusada de integrar, con su novio, una banda que reclutaba jóvenes para enviar cocaína a Europa. Fue condenada a seis años y ocho meses de prisión como partícipe necesaria de una organización que intentó contrabandear 55 kilogramos de cocaína desde Argentina a Europa. La resolución fue dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, que condenó con la misma pena al novio, el modelo argentino Nicolás Gualco, y al tío de éste, Daniel Monroy. El venezolano Gustavo Adolfo Páez Arnesen recibió seis años y dos meses de cárcel. Luego de pasar detenida casi tres años, Sanclemente Valencia recurrió a un artículo de la Ley de Migraciones que permite a los condenados por delitos en la Argentina solicitar su expulsión luego de cumplir la mitad de la pena, con la condición de no regresar jamás. Fue liberada el 27 de septiembre de 2013 y abordó un vuelo desde Ezeiza rumbo a su país. (..) “Vine a casarme, no a delinquir”, dijo entre lágrimas la ex Reina del Café durante su declaración en el juicio oral en nuestro país.
Rechazó las acusaciones en su contra presentadas por la fiscalía y afirmó que había venido a la Argentina tras su alma gemela. “No soy ninguna narcotraficante”, agregó. Sin embargo, confesó haber tenido comunicaciones telefónicas con miembros de la banda acusada de tráfico de drogas a Europa vía México, pero aseguró que no sabía de qué se trataba. “Nunca empaqué cocaína. No tienen ninguna prueba. Sí hice dos o tres llamadas telefónicas, Nicolás me daba por escrito lo que tenía que decir en esa conversación y yo lo leía. Dios sabe que lo hice por amor”.
Existen numerosos casos de narcos regionales que pasaron por Argentina. Algunos viven aquí, otros ya se fueron; algunos fueron detenidos, otros muertos. Colombianos asesinados en pleno día en un estacionamiento de Recoleta o en los bosques de Palermo. Mexicanos detenidos cuando explotó un laboratorio de drogas sintéticas en Ingeniero Maschwitz.
Ex miembros de Sendero Luminoso detenidos por traficar en la villa 1-11-14. Bolivianos que competían en categorías nacionales con autos de carrera y, a su vez, lideraban una red de tráfico y distribución en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. Muchos todavía habitan suntuosas casas y departamentos de Puerto Madero o de Nordelta, otros están ocultos entre sus numerosos y mayoritarios compatriotas que nada tienen que ver con este flagelo y que han venido en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias.
¿Por qué llegaron los narcos? La respuesta es múltiple, pero se sintetiza en una frase: porque no hemos hecho lo suficiente como Estado y como sociedad para que no puedan desarrollar sus negocios aquí y así tienen la posibilidad de actuar con impunidad, y dejar su estela de violencia y de muerte en el camino. Lo más grave es que estamos desarrollando nuestra propia casta de narcos locales. Una amenaza contra la que es necesario que reaccionemos, tanto los dirigentes como los ciudadanos.
