En agosto de 2024, el régimen talibán de Afganistán anunció una serie de medidas que escandalizaron al resto del planeta. Se trataba de una nueva normativa de «moralidad» que profundizaba el sometimiento de las mujeres con medidas que incluían la prohibición de que sus voces se escucharan en público y restricciones severas sobre vestimenta, uso de cosméticos y perfumes, y otras formas de presencia pública. La ley establecía oficialmente que había que evitar el sonido en público de las voces de las mujeres: no podían cantar, recitar ni hablar frente a un micrófono.
La desmesura y violencia de las medidas difícilmente generaron indiferencia; de hecho, la comunidad internacional las repudió de forma unánime, aunque lamentablemente esto no se tradujo en una mejora para las mujeres afganas.
La ONU y otras organizaciones de derechos humanos de todo el mundo coincidieron en señalar que, desde que asumió el régimen talibán, las mujeres de Afganistán empeoraron su situación si se comparan con sus pares de otros países, ya que se encuentran en el último puesto (156) en el ranking que mide la brecha de género. El momento en el que viven podría describirse como un apartheid de género, un sometimiento brutal sobre mujeres y niñas desde el momento mismo en el que nacen.
Callar a las mujeres en el mundo analógico requiere de violencia explícita, es algo visible, aunque sea por oposición: no se las ve en el espacio público o, si lo hacen, aparecen cubiertas.
El hecho de imaginarlas en riesgo por querer hablar, cantar o moverse espanta, y la idea de plazas, escuelas, trabajos y calles vaciadas de mujeres horroriza de solo pensarlo.
Sin pretender equiparar situaciones extremas de desplazamiento y silenciamientos forzados con lo que ocurre en los entornos digitales, este libro parte de una premisa: el silenciamiento de las mujeres no tiene una sola forma ni un solo escenario. Por eso, este trabajo busca poner el foco en modalidades que todavía cuesta comprender en toda su magnitud, complejidad y consecuencias.
En la era tecnológica, esa otra dimensión del espacio, la de los entornos digitales, reconfigura lo público y lo privado: ¿cómo medimos allí la presencia, la libertad de expresión y de movimiento, y las voces de las mujeres? Sin confundir los planos, resulta difícil no advertir cierta analogía entre esos extremos de silenciamiento y la retirada —más sutil pero persistente— de las voces de las mujeres de los entornos digitales.
En este ecosistema, las redes sociales y las plataformas tecnológicas son las mediadoras de los nuevos modelos de relaciones y configuran una nueva forma de habitar el espacio: de uno a uno, de a varios o de a muchos y en relaciones simétricas y asimétricas. Así, la comunicación por WhatsApp, por ejemplo, o la conversación vía mail entre dos personas, tiene una apariencia simétrica, siempre que no medien relaciones de poder. En cambio, en el espacio de las redes sociales y de las plataformas, la comunicación es más asimétrica y está dada por el número de seguidores, por la prioridad en el algoritmo, mediante el pago de una verificación (la reconocible tilde azul) o por la alineación con la agenda que le rinde económicamente o para su posicionamiento a los dueños de internet. También pesa el lugar que ocupa cada persona en el entramado social: el empleado de una empresa puede temer represalias si postea algo en X con su nombre real, y un funcionario público sabe que su voz se amplifica en redes y que tiene límites de acuerdo a las funciones que ejerza.
Aun así, los entornos digitales crearon desde un primer momento la ilusión de permitir oportunidades equitativas de autoexpresión pública y participación sin importar la identidad, el género o el estatus de cada persona.
Para las mujeres apareció la posibilidad de comunicarse aun en contextos de violencia, o a pesar de ellos, y de tender lazos, crear comunidad entre personas de distintos lugares y con rutinas diferentes. En el terreno de los activismos, se generaron movimientos para ampliar el reconocimiento de derechos que trascendieron fronteras geográficas. Lo cierto es que esa apariencia de democracia digital duró bastante poco.
En ese espacio, no todos los actores tienen el mismo peso.
Un grupo mínimo de empresas tecnológicas —Meta, Google, TikTok, SpaceX (ex Twitter), OpenAI— concentra hoy un poder sin precedentes sobre la comunicación global. Seis multimillonarios controlan nueve de las diez principales redes sociales del planeta, y tres concentran el 90 % del mercado global de chatbots. Como describe Nick Srnicek en Platform Capitalism (2016), estas corporaciones no son simples intermediarios: son propietarias de infraestructuras que extraen, procesan y monetizan datos a escala masiva, operando con una lógica que prioriza la captación de atención por sobre cualquier otra consideración.
Shoshana Zuboff profundiza esta idea en The Age of Surveillance Capitalism (2019): las plataformas registran y modifican el comportamiento humano para volverlo predecible y rentable. El resultado es una arquitectura de comunicación que define qué contenidos circulan, qué voces se amplifican y cuáles se silencian —y lo hace en función de intereses comerciales, no del bien común.
Esa arquitectura tampoco es neutral respecto del género. Safiya Umoja Noble, en Algorithms of Oppression (2018), demuestra que los sistemas algorítmicos reproducen y refuerzan sesgos estructurales: los algoritmos construyen la realidad a partir de los datos históricos sobre los que fueron entrenados, datos que cargan con desigualdades preexistentes de género, raza y clase. Tal como están planteadas las cosas, no todos son bienvenidos en el ciberespacio ni gozan de los mismos derechos. El ámbito digital se convirtió en un caldo de cultivo para una serie de discursos y creencias excluyentes y violentas, expresadas y difundidas en un contexto de anonimato e impunidad.
Cualquier persona puede ser objeto de la violencia en línea o sufrir sus consecuencias. Sin embargo, la evidencia muestra que tiene un impacto desproporcionado sobre mujeres y niñas.
Y las consecuencias sobre ellas también lo tienen: desde el daño físico, psicológico, sexual y económico hasta limitaciones varias al ejercicio de sus derechos y su libertad.
Sin embargo, la violencia digital contra mujeres y niñas, fuera de los ámbitos especializados en derechos de las mujeres, suele ser desestimada y reducida a un fenómeno menor o meramente «virtual», como si esa dimensión se opusiera a lo real. Lejos de ello, los espacios digitales (online) y presenciales (offline) están profundamente imbricados: las violencias que se ejercen en entornos digitales reproducen, amplifican y facilitan la violencia y la victimización en el mundo físico.
Cuando se minimiza esta forma particular de violencia contra mujeres, reaparecen los estereotipos históricos de discriminación por otros medios, incluso en voces de las que no lo hubiéramos esperado. «Son las reglas del juego», «¿Para qué abren redes sociales si saben lo que les va a pasar?», «Exageran», «Salgan de las redes», «No usen la tecnología en sus relaciones sociales». ¿No resuena, en el fondo, a una nueva forma de callarnos o, por lo menos, de aceptar que se puede prescindir de nosotras en algunos espacios?
La reacción de muchas suele ser, precisamente, retirarse del ámbito digital, silenciarse y aislarse. Con cada mujer que se aparta a causa de la violencia en línea se pierde una voz y también aquello que esa voz representa y a quienes se reconocen en ella.
No se trata únicamente de la pérdida de oportunidades individuales de expresión, desarrollo y construcción de redes de apoyo: lo que además se resiente es el ecosistema democrático de participación y expresión de un grupo social en su conjunto.
En los entornos digitales pueden identificarse dos grandes grupos de violencia contra las mujeres claramente delimitados, aunque profundamente interrelacionados. El primero comprende las modalidades de violencia sexual mediadas por tecnologías: el acoso sexual, el abuso (entendido como la coacción para mantener relaciones o conductas de índole sexual sin consentimiento), la difusión no consentida de material íntimo y otras formas de violencia de género en las relaciones interpersonales. Este libro no aborda los casos que involucran a personas menores de edad ni la producción y circulación de material de abuso sexual infantil dado que su especificidad y gravedad requieren de un tratamiento diferenciado.
El segundo grupo refiere a las formas de discriminación de género y silenciamiento de las voces autónomas de las mujeres.
Aquí se inscriben prácticas de violencia directa como el acoso cibernético, la difusión de noticias falsas, el doxeo y la manipulación de imágenes o situaciones para incitar al odio. A su vez, existen dimensiones estructurales que contribuyen a la reproducción de estas violencias: diseños algorítmicos que refuerzan estereotipos, la persistente brecha digital de género y la concentración de la propiedad y la toma de decisiones en plataformas mayoritariamente conducidas por varones, muchas veces ajenas a objetivos de diversidad y equidad.
Ambos grupos no operan de manera aislada. La violencia sexual digital funciona también —de forma directa o indirecta, intencional o no— como un mecanismo de silenciamiento: su efecto produce un daño individual que se extiende como señal de advertencia orientada a restringir o desalentar la participación libre de las mujeres en los espacios digitales.
Quienes tienen mayor visibilidad pública están especialmente expuestas. El estudio global de UNESCO sobre mujeres periodistas, publicado en 2021, muestra datos alarmantes: el 73 % de ellas reportó haber sido atacada en línea por motivos relacionados con su trabajo, su género o su visibilidad pública. Una de cada cinco informó haber sufrido posteriormente agresiones fuera de línea en conexión directa con la violencia digital. Este dato no solo expone una grave amenaza a la libertad de expresión: revela un intento sistemático de silenciar voces críticas o simplemente autónomas a través de la violencia digital de género.
Las mujeres que participan políticamente en espacios digitales enfrentan insultos, discursos de odio, ataques a su apariencia física y su reputación, amenazas y una representación sexualizada distorsionada. Las activistas y defensoras de derechos humanos son blanco de «ataques en masa»: oleadas coordinadas de abuso destinadas específicamente a silenciarlas.
Estas cifras se agravan cuando se cruzan con otras formas de discriminación interseccional. Mujeres racializadas, migrantes, con discapacidad o pertenecientes al colectivo LGBTIQ+ enfrentan mayores niveles de exposición y menor protección frente a estos ataques, tal como señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya en 2019.
A esta situación se agrega la masificación del uso de la inteligencia artificial generativa, que sumó nuevas formas, y más incontrolables, de hostigamiento digital. Un estudio realizado en 2023 encontró que el 98 % de los deepfakes en formato de video que se encuentran en internet son de pornografía y/o imágenes de abuso sexual infantil. El 99 % corresponden a mujeres y niñas.
Este panorama se inscribe, además, en una desigualdad estructural que se traduce en una profunda brecha digital de género.
En un mundo en el que las mujeres registran menores niveles de acceso y uso de internet y de tecnologías digitales en comparación con los varones, se suma que su experiencia en línea suele ser menos provechosa y, con frecuencia, más hostil, lo que amplía aún más esa distancia.
En este contexto, ninguna iniciativa orientada a reducir la brecha digital, que sin duda es urgente, resulta suficiente si no se acompaña, al mismo tiempo, de estrategias destinadas a prevenir y erradicar la violencia y la discriminación en los entornos digitales.
Me arriesgo a sumar un punto que suena obvio pero que, al parecer, hay que seguir repitiendo: entender que el problema de la desigualdad de género en los entornos digitales no es solo de las mujeres y las personas LGBT, sino que tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento democrático de las sociedades. Y agrego algo más: no estamos prestando suficiente atención a que los entornos virtuales están afectando de manera diferente a niñas, niños y adolescentes según su género. La literatura y las investigaciones más recientes son claras en este punto.
La única manera de afrontar esta problemática es, también, con perspectiva de género.
¿Qué podemos hacer hoy antes de que se cristalice un apartheid de género digital? Esa es la pregunta que este libro intenta responder.
En 2019 publiqué Somos Belén a partir del enojo que me provocó escuchar a senadores argentinos, en el debate por la legalización del aborto de 2018, afirmar que no había mujeres presas por abortar y que no se estaba vulnerando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es paradójico, porque la historia que me propuse contar —la lucha por la liberación de Belén y por el aborto legal— tuvo un viento digital a favor para expandirse: el #NiUnaMenos, el #LibertadParaBelén, el #AbortoLegalYa.
Ese viento cambió de dirección. Las mismas plataformas que amplificaron esos reclamos hoy los frenan, los desplazan o los convierten en blanco. Eso también es parte de lo que este libro busca alertar. Con la certeza de que lo que les pasa a las mujeres en los entornos digitales no es un efecto secundario de la tecnología, sino una consecuencia de decisiones: de diseño, de negocio, de política y de silencio cómplice. Y también de la sospecha de que todo esto es una forma de revancha. Pero la historia no puede terminar ahí.
Así como Somos Belén fue impulsado por el enojo y por una necesidad íntima de que se hiciera justicia, este libro está acompañado por otras emociones: una preocupación enorme y bastante tristeza. Vi de cerca cómo compañeras de activismo fueron amenazadas, asediadas, molestadas en sus domicilios y hostigadas hasta obligarlas a desplazarse de sus lugares, de sus trabajos y/o de las redes. Fui testigo de cómo políticas jóvenes fueron sometidas a una suerte de escarnio digital, fake news, distorsión de sus cuerpos y agresiones que yo no hubiera resistido jamás a su edad. Vi cómo políticas más grandes, que defendieron los derechos de las mujeres, no solo fueron amenazadas, sino que también sus hijos fueron acosados, a quienes los hostigadores les hicieron llegar sus mensajes de odio para golpear donde más les dolía. Las vi sin el apoyo de sus fuerzas políticas o de los medios de comunicación donde trabajaban.
Cuando recibí el primer doxeo me asusté mucho y tomé algunas medidas de cuidado. Cuando llegaron las amenazas de muerte ya estaba en este camino de documentar lo que estaba pasando y de poner a prueba las respuestas. Muchas veces, mientras luchaba por el aborto legal, pensaba en mi hija (y en ella veía a todas las chicas pequeñas). Me resultaba impensable que ella creciera en un país en el que una mujer pudiera ser torturada solo por perder un embarazo o por requerir una intervención voluntaria. Hoy siento algo similar. No me siento tranquila en un mundo en el que luchar por una causa implica enfrentar semejante nivel de represalias. No es un entorno seguro ni justo.
Pero, una vez más, creo en la capacidad de las mujeres que defendemos los derechos humanos — y, en particular, los derechos de las mujeres como expresión de desigualdad— para encontrar un atajo cuando intentan apartarnos de la meta. También en las redes lo vamos a encontrar.
El sueño de la igualdad digital y cómo empezó todo
Antes de convertirse en una categoría central del pensamiento contemporáneo, el ciberespacio fue, ante todo, una intuición literaria. En los márgenes de la ciencia ficción, William Gibson imaginó un territorio que aún no existía del todo: un espacio intangible, hecho de datos y conexiones, donde la experiencia humana comenzaba a desplegarse de otra manera. En su relato, Johnny Mnemonic, asoma por primera vez esa idea; en Neuromancer toma forma definitiva, cuando lo define como «una alucinación consensuada experimentada diariamente por miles de millones de operadores legítimos en todas las naciones». Esa alucinación se volvió real. Y como todo espacio real, no tardó en reproducir las jerarquías del mundo que la construyó.
Desde entonces, aquello que nació como ficción dejó de serlo. El término se expandió, fue apropiado por la teoría social, la informática y la filosofía, y pasó a nombrar un espacio tan real como invisible: el entramado de interacciones humanas mediadas por tecnologías digitales, donde hoy se juegan aspectos decisivos de la vida social, política, económica y cultural de las personas.
El ciberespacio es un entorno profundamente asimétrico: las reglas que determinan qué se ve, qué circula y qué se silencia las definen un puñado de corporaciones —Meta, Alphabet, XCorp, los grandes laboratorios de inteligencia artificial— , cuyos intereses comerciales no necesariamente (ni por lejos) coinciden con el bien público ni con los derechos de quienes los habitan.
Los marcos legales de ciberseguridad nacionales han tendido a definir al ciberespacio desde una perspectiva técnica y de seguridad: como infraestructura y como red de sistemas conectados, como flujo de datos. En ese intento de ordenar y proteger sistemas, dejaron en segundo plano algo igual de importante: las dimensiones sociales, culturales y políticas de lo que ocurre ahí. Quiénes habitan esos entornos, con qué desigualdades estructurales llegan a ellos y qué consecuencias tiene su diseño sobre distintos grupos sociales son preguntas que los estándares técnicos, por definición, no se formulan.
Desde las ciencias sociales, en cambio, el ciberespacio se concibe como un entorno global e interconectado que habilita la creación, almacenamiento, modificación y circulación de información, al mismo tiempo que sostiene relaciones sociales, económicas, culturales y políticas. En esta línea, Castells habla de la «sociedad red» y el «espacio de flujos» como rasgos centrales de nuestra época, mientras que autores como Vaidhyanathan subrayan cómo la tecnología y la sociedad se coconstituyen, influyéndose mutuamente.
Organismos internacionales incorporaron, con distintos énfasis, estos aportes de las ciencias sociales, cada uno desde su propio enfoque. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define el ciberespacio como un entramado que abarca la infraestructura física (redes y servidores), el software y las aplicaciones, los datos en circulación y los usuarios. Un entorno sociotécnico, modelado por interacciones humanas, relaciones de poder y dinámicas culturales. La UNESCO avanza un paso más y lo concibe también como un espacio de producción simbólica y cultural, donde se construyen subjetividades, se intercambian significados y se configuran normas — formales e informales— que orientan los comportamientos.
Las plataformas digitales y las redes sociales ejemplifican con claridad esta dinámica: sus algoritmos median las interacciones, jerarquizan contenidos, visibilizan determinadas voces y relegan otras.
Género, poder y ciberfeminismo
Históricamente, el desarrollo del entorno digital estuvo atravesado por desigualdades de género. Desde sus orígenes, las redes telemáticas estuvieron dominadas principalmente por hombres, construyendo una hegemonía en el diseño y en el liderazgo de estas tecnologías. Esa hegemonía dejó una herencia cultural concreta, visible en el sexismo de los primeros videojuegos y en la industria de la pornografía online, dos territorios que modelaron los usos y las normas implícitas del ciberespacio antes de que la mayoría de la población siquiera tuviera acceso a él. La filósofa y teórica feminista contemporánea ítalo-australiana Rosi Braidotti identifica en este proceso la emergencia del ciberfeminismo como una corriente crítica que necesita «fomentar una cultura de júbilo y afirmación», exigiendo que las mujeres «emprendan la danza en el ciberespacio» para evitar que los «vaqueros del ciberespacio reproduzcan el mismo poder masculino unívoco bajo la máscara de la multiplicidad».
☛ Título: Ciberfeminismo. La hora de la acción
☛ Autora: Ana Elena Correa
☛ Editorial: Planeta
☛ Primera edición: Septiembre de 2026
☛ Páginas: 272
Datos de la autor a
Ana Correa nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es abogada, comunicadora y activista por los derechos de las mujeres. Fue una de las fundadoras de Ni Una Menos en Argentina.
Es magíster en Relaciones Internacionales (FLACSOUniversidad de Barcelona) y especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital (Universidad de Buenos Aires).
Actualmente coordina el posgrado Violencia de género en entornos digitales: prevención, combate y respuestas desde el derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Además, es docente invitada en numerosas universidades, donde dicta clases sobre derechos digitales, inteligencia artificial y sesgos algorítmicos.
